Comunicados de Prensa
No.SNC/2001
México, D.F. a 24 de abril de 2001
REQUIERE EL PJF UN PRESUPUESTO FIJO Y SUFICIENTE PARA UNA MEJOR IMPARTICIÓN DE JUSTICIA: ARAGÓN
El consejero de la Judicatura Federal aseguró que la SCJN contribuye a fortalecer el régimen democrático
A fin de fortalecer el equilibrio entre los tres poderes de la Unión y lograr la total independencia del Poder Judicial Federal, “se debe adquirir la garantía constitucional de una dotación presupuestaria fija y suficiente para la administración de justicia”, afirmó el consejero de la Judicatura Federal, Adolfo O. Aragón Mendía.
Durante su participación en el foro “Modelos de Gobierno del Poder Judicial”, señaló que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a través de sus decisiones, contribuye al fortalecimiento del régimen democrático del país y proporciona seguridad jurídica a la ciudadanía.
Puntualizó que el Máximo Tribunal del país y el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) se han comprometido a garantizar la autonomía de los órganos jurisdiccionales federales, así como la independencia de sus miembros, a efecto de satisfacer la exigencia social de una impartición de justicia pronta, completa e imparcial.
Aragón Mendía explicó que en México las tareas del PJF, distintas de las jurisdiccionales, dependen, por disposición constitucional, del Consejo de la Judicatura Federal, lo cual “distingue a nuestro sistema judicial del americano y del europeo”.
Explicó que aún cuando los consejeros mexicanos son designados por los tres poderes de la Unión, ello no implica que exista una representación de los mismos, ni establece un vínculo de subordinación con los órganos que los nombran. “Son servidores públicos que no llevan mandato alguno del Poder que los designó al Consejo de la Judicatura, sino que ejercen su función con plena independencia e imparcialidad”.
En su oportunidad, el magistrado de la Corte Suprema de Colombia, Manuel Isidro Ardila Velázquez, coincidió con el consejero Adolfo Aragón en que uno de los propósitos que debe perseguir cualquier país, es que el presupuesto del Poder Judicial pueda solventar las necesidades del mismo.
Comentó que la creación del Consejo de la Judicatura de su país permitió deslindar al Poder Judicial del Ejecutivo, logrando con ello que este último no intervenga en la designación del personal judicial, en la cuestión económica y material, ni en la composición de los órganos de justicia.
De ahí, dijo, la importancia de que en la administración de justicia no exista dependencia alguna con otro Poder, “para eliminar todo tipo de yugo o de relación subordinada, porque la independencia de los jueces es un bien, es esencial y vital para su función”.
Por su parte, Julio César Ortiz Gutiérrez, magistrado del Consejo Superior de la Magistratura de Colombia, estableció que en los últimos 20 años, los poderes judiciales en América Latina viven procesos de transformación notables con la incorporación de los Consejos de la Magistratura, que tienen el propósito de calificar académica y administrativamente la función judicial.
Expuso que para la introducción de los Consejos de la Magistratura en América Latina se examinaron las experiencias europeas y americanas, lo que ha generado, señaló, un cambio en los jueces en la manera de aproximarse a la justicia. “Los jueces en Latinoamérica empiezan a estar más preparados para solucionar las demandas de la sociedad”, comentó.
Manifestó que el Consejo de la Judicatura en Colombia no solamente administra la carrera judicial de magistrados, jueces, y empleados judiciales del país, sino que también realiza un control de rendimiento, de gestión y de resultados, con evaluaciones periódicas de productividad de los jueces.
En la conferencia “Modelos de Gobierno del Poder Judicial”, que se llevó a cabo en el auditorio “Ignacio L. Vallarta” del Palacio de Justicia de San Lázaro, también estuvieron presentes el consejero de la Judicatura Federal, Manuel Barquín Alvarez, y el director general del Instituto de la Judicatura Federal, magistrado Julio César Vázquez Mellado.
A fin de fortalecer el equilibrio entre los tres poderes de la Unión y lograr la total independencia del Poder Judicial Federal, “se debe adquirir la garantía constitucional de una dotación presupuestaria fija y suficiente para la administración de justicia”, afirmó el consejero de la Judicatura Federal, Adolfo O. Aragón Mendía.
Durante su participación en el foro “Modelos de Gobierno del Poder Judicial”, señaló que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a través de sus decisiones, contribuye al fortalecimiento del régimen democrático del país y proporciona seguridad jurídica a la ciudadanía.
Puntualizó que el Máximo Tribunal del país y el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) se han comprometido a garantizar la autonomía de los órganos jurisdiccionales federales, así como la independencia de sus miembros, a efecto de satisfacer la exigencia social de una impartición de justicia pronta, completa e imparcial.
Aragón Mendía explicó que en México las tareas del PJF, distintas de las jurisdiccionales, dependen, por disposición constitucional, del Consejo de la Judicatura Federal, lo cual “distingue a nuestro sistema judicial del americano y del europeo”.
Explicó que aún cuando los consejeros mexicanos son designados por los tres poderes de la Unión, ello no implica que exista una representación de los mismos, ni establece un vínculo de subordinación con los órganos que los nombran. “Son servidores públicos que no llevan mandato alguno del Poder que los designó al Consejo de la Judicatura, sino que ejercen su función con plena independencia e imparcialidad”.
En su oportunidad, el magistrado de la Corte Suprema de Colombia, Manuel Isidro Ardila Velázquez, coincidió con el consejero Adolfo Aragón en que uno de los propósitos que debe perseguir cualquier país, es que el presupuesto del Poder Judicial pueda solventar las necesidades del mismo.
Comentó que la creación del Consejo de la Judicatura de su país permitió deslindar al Poder Judicial del Ejecutivo, logrando con ello que este último no intervenga en la designación del personal judicial, en la cuestión económica y material, ni en la composición de los órganos de justicia.
De ahí, dijo, la importancia de que en la administración de justicia no exista dependencia alguna con otro Poder, “para eliminar todo tipo de yugo o de relación subordinada, porque la independencia de los jueces es un bien, es esencial y vital para su función”.
Por su parte, Julio César Ortiz Gutiérrez, magistrado del Consejo Superior de la Magistratura de Colombia, estableció que en los últimos 20 años, los poderes judiciales en América Latina viven procesos de transformación notables con la incorporación de los Consejos de la Magistratura, que tienen el propósito de calificar académica y administrativamente la función judicial.
Expuso que para la introducción de los Consejos de la Magistratura en América Latina se examinaron las experiencias europeas y americanas, lo que ha generado, señaló, un cambio en los jueces en la manera de aproximarse a la justicia. “Los jueces en Latinoamérica empiezan a estar más preparados para solucionar las demandas de la sociedad”, comentó.
Manifestó que el Consejo de la Judicatura en Colombia no solamente administra la carrera judicial de magistrados, jueces, y empleados judiciales del país, sino que también realiza un control de rendimiento, de gestión y de resultados, con evaluaciones periódicas de productividad de los jueces.
En la conferencia “Modelos de Gobierno del Poder Judicial”, que se llevó a cabo en el auditorio “Ignacio L. Vallarta” del Palacio de Justicia de San Lázaro, también estuvieron presentes el consejero de la Judicatura Federal, Manuel Barquín Alvarez, y el director general del Instituto de la Judicatura Federal, magistrado Julio César Vázquez Mellado.