Comunicados de Prensa
No.SNC/2001
México, D.F. a 14 de abril de 2001
EL JUEZ NO ES NI ÓRGANO CIEGO, NI SEÑOR DEL DERECHO: OLGA SÁNCHEZ CORDERO
La importancia social y política de la justicia va ganando día con día un espacio antes inconcebible en la vida democrática. Por ello, el equilibrio de poderes en México es ya una realidad, aseveró la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Olga Sánchez Cordero.
“Las democracias no admiten otro sistema de regulación, ni por poderes absolutos, ni por jueces pretendidamente redentores. El juez no es ni órgano ciego, ni señor del Derecho, es un intérprete”, manifestó ante alumnos de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
La ministra Sánchez Cordero indicó que la expansión de los poderes judiciales es un fenómeno mundial y la importancia que ha adquirido en las democracias modernas no se limita únicamente a los países tradicionalmente identificados con la democracia, sino que se ha expandido a todas las regiones del mundo.
Durante la conferencia magistral "Problemas Ético-Jurídicos Contemporáneos", organizada por la Facultad de Derecho de la UNAM, Olga Sánchez destacó que la ley se convierte en orientadora del desarrollo social y económico, y el Derecho adquiere una función instrumental y promocional, involucrando a los tribunales en las tareas de cambio social y gestión de las políticas públicas.
“La generación permanente de leyes incrementa la labor jurisprudencial y genera nuevas lagunas y contradicciones entre normas dictadas con anterioridad, bajo distintos enfoques políticos”, añadió.
Al referirse a la trascendencia de las resoluciones judiciales, expresó que en los nuevos tiempos que vive el país, los juzgadores están bajo el escrutinio social y público, por lo que las sentencias relevantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación pueden conocerse a través de la Internet para ser analizadas con conocimiento de causa.
Sánchez Cordero recordó que el Poder Legislativo tiene el deber de expedir leyes penales con expresiones y conceptos claros, precisos y exactos, con características, condiciones, términos y plazos para evitar confusiones en su aplicación o demérito en la defensa del procesado, como ocurre en algunos casos, donde el juzgador tiene que aplicar la interpretación de la ley, ante la confusión que genera la misma.
“Las democracias no admiten otro sistema de regulación, ni por poderes absolutos, ni por jueces pretendidamente redentores. El juez no es ni órgano ciego, ni señor del Derecho, es un intérprete”, manifestó ante alumnos de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
La ministra Sánchez Cordero indicó que la expansión de los poderes judiciales es un fenómeno mundial y la importancia que ha adquirido en las democracias modernas no se limita únicamente a los países tradicionalmente identificados con la democracia, sino que se ha expandido a todas las regiones del mundo.
Durante la conferencia magistral "Problemas Ético-Jurídicos Contemporáneos", organizada por la Facultad de Derecho de la UNAM, Olga Sánchez destacó que la ley se convierte en orientadora del desarrollo social y económico, y el Derecho adquiere una función instrumental y promocional, involucrando a los tribunales en las tareas de cambio social y gestión de las políticas públicas.
“La generación permanente de leyes incrementa la labor jurisprudencial y genera nuevas lagunas y contradicciones entre normas dictadas con anterioridad, bajo distintos enfoques políticos”, añadió.
Al referirse a la trascendencia de las resoluciones judiciales, expresó que en los nuevos tiempos que vive el país, los juzgadores están bajo el escrutinio social y público, por lo que las sentencias relevantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación pueden conocerse a través de la Internet para ser analizadas con conocimiento de causa.
Sánchez Cordero recordó que el Poder Legislativo tiene el deber de expedir leyes penales con expresiones y conceptos claros, precisos y exactos, con características, condiciones, términos y plazos para evitar confusiones en su aplicación o demérito en la defensa del procesado, como ocurre en algunos casos, donde el juzgador tiene que aplicar la interpretación de la ley, ante la confusión que genera la misma.