Comunicados de Prensa

El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Sergio Valls Hernández se pronunció porque en las constituciones estatales se reconozca el derecho de las víctimas, y se instituya el Consejo Estatal del Ministerio Público, a efecto de tener una visión integral del proceso penal que conduzca a la satisfacción de los derechos de las víctimas.

Al dictar la conferencia magistral titulada El Consejo del Ministerio Público, una asignatura pendiente para el mejoramiento de la procuración de justicia en los estados, celebrada en el Auditorio Torre de Rectoría de la Universidad Autónoma de Morelos, señaló que es deseable que los constituyentes estatales ponderen la introducción en sus respectivos ordenamientos jurídicos de la institución del Consejo del Ministerio Público.

Dicho Consejo, dijo, es una institución existente en otros países que perfecciona la labor de los Consejos de la Judicatura, en razón de que se selecciona y se controla a los funcionarios que intervienen tanto en las actividades de procuración como de impartición de justicia.



El ministro Valls Hernández puntualizó que el Consejo del Ministerio Público vendría a ser un desdoblamiento institucional del derecho de las víctimas al hacer más profesional y responsable la actividad que desarrollan cada uno de los agentes del Ministerio Público y de la policía ministerial.

Además se establecerían mecanismos objetivos de rendición de cuentas, toda vez que “prácticamente no existe control alguno sobre qué hace o deja de hacer cada uno de los agentes del Ministerio Público y de la Policía Ministerial”.

En el Auditorio de la Torre de Rectoría de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, indicó que en el proceso penal estatal, a los agentes del Ministerio Público local se les otorga una discrecionalidad enorme para ejercitar o no la acción penal o para desistirse de ella, discrecionalidad que en la mayoría de los estados no parece tener un control institucional eficaz.



Señaló que en dicho Consejo del Ministerio Público deben estar representados no sólo los mandos superiores o representantes de los agentes operativos de las autoridades encargadas de la procuración de justicia, sino también representantes de la sociedad civil, es decir, representantes de las víctimas actuales o potenciales de los delitos.

Resaltó que en la historia del constitucionalismo es fácilmente observable que por mucho tiempo el énfasis de los derechos y garantías procesales en materia penal se dirigieron exclusivamente a proteger sobre todo al presunto responsable, no obstante, en nuestra Constitución se ha reconocido el derecho de las víctimas, mediante la adición de un inciso B al artículo 20.

El ministro expresó que los estados de la República pueden no sólo trasladar a su texto lo establecido en la Constitución Federal, sino que pueden ampliar el ámbito de protección de las víctimas y serviría, por añadidura, para incidir sobre el compromiso adquirido al firmar la Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso del poder.

“Lo que la víctima requiere del poder público es una visión integral del proceso criminal que conduzca a la satisfacción de los derechos de la sociedad en general”, manifestó.