Comunicados de Prensa
No.156/2001
México, D.F. a 22 de noviembre de 2001
DAN PROCEDIMIENTOS SUMARIOS CERTEZA JURÍDICA A LA SOCIEDAD: JUECES FEDERALES
Continúan los trabajos del Congreso Nacional de Jueces de Distrito
Ante el aumento en el número de delitos que se cometen en el país, la sociedad cree estar desprotegida por las instituciones, por lo que los sistemas jurídicos deben prever procedimientos sumarios que aporten una mayor cantidad de condenas en menor tiempo, dando certeza jurídica al procesado, al ofendido y, en consecuencia, a la sociedad.
Así quedó de manifiesto durante la cuarta jornada del Congreso Nacional de Jueces de Distrito, en el que juzgadores federales de todo el país discutieron más de 20 ponencias con temas referentes al procedimiento penal federal y al juicio de amparo indirecto.
Al abordarse el tema relativo al proceso sumario se señaló que para muchos, un procedimiento de este tipo pudiera traer consigo la idea de que se tengan que pasar por alto derechos procesales básicos de los inculpados, por una simplificación de los tiempos y un ahorro de recursos, en detrimento de una verdadera justicia.
Sin embargo, se expuso, la historia ha demostrado que procedimientos largos y tediosos, llenos de formalidades, traen como consecuencia un estado de incertidumbre jurídica para quienes se ven inmiscuidos en ellos e, incluso, contraría uno de los principales fines de la pena en cuanto castigo para quien ha violentado el orden social con una conducta considerada delictiva.
Por otra parte, los jueces federales analizaron el tema de las etapas del proceso en que deben ser analizadas las circunstancias modificativas o calificativas del delito.
En esta discusión se estableció que si bien los artículos 134 y 168 del Código Federal de Procedimientos Penales definen el concepto de cuerpo del delito como el acreditamiento de los elementos objetivos y normativos que constituyen la materialidad del hecho que la ley señala como delito, no ocurre lo mismo con el resto de los elementos del tipo legal, cuya demostración y análisis deberá hacerse con posterioridad al dictado del auto que resuelva la situación jurídica del indiciado.
A este respecto, se puntualizó que en el auto de término constitucional, debe quedar bien expresado el hecho que la ley define como delito, con todos sus elementos esenciales y accidentales, sin distinción alguna e independientemente de la clasificación doctrinaria que pudiera tener, además de expresarse el lugar, el tiempo y las circunstancias de ejecución del hecho delictivo, incluyendo sus calificativas o modificativas.
Para la demostración en el auto de formal prisión o de sujeción a proceso de las calificativas del delito, deberá estarse a la naturaleza de los elementos que las integren, debiendo sólo probarse los elementos objetivos y normativos, dejando hasta la sentencia el estudio y la prueba de los elementos subjetivos específicos, pues no existe otro momento procesal para ello, se concluyó.
AGILIZAR CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS EN SUSPENSIÓN DEFINITIVA
Por lo que toca al tema de la suspensión definitiva en el juicio de amparo, se presentó una propuesta en el sentido de modificar los diseños existentes para el cumplimiento de sentencias emitidas por los juzgadores en esta materia.
Se planteó la necesidad de establecer mecanismos efectivos de coacción mediante los cuales no sea necesario esperar un trámite complejo, como son las sanciones pecuniarias, o el arresto, o el uso de la fuerza pública.
Ello, si las medidas previstas por la Constitución no resultan suficientes, por inconvenientes, para que las autoridades den cumplimiento a las sentencias en los juicios de control constitucional.
En ese sentido, se expuso que los efectos perniciosos de la desconfianza que genera el incumplimiento de las sentencias es enorme, razón por la cual se requiere efectuar modificaciones sustanciales para cumplir con la ejecución de las resoluciones de los juzgadores.
El día de mañana se darán a conocer las conclusiones del Congreso Nacional de Jueces de Distrito, que será clausurado por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, ministro Genaro David Góngora Pimentel.
Ante el aumento en el número de delitos que se cometen en el país, la sociedad cree estar desprotegida por las instituciones, por lo que los sistemas jurídicos deben prever procedimientos sumarios que aporten una mayor cantidad de condenas en menor tiempo, dando certeza jurídica al procesado, al ofendido y, en consecuencia, a la sociedad.
Así quedó de manifiesto durante la cuarta jornada del Congreso Nacional de Jueces de Distrito, en el que juzgadores federales de todo el país discutieron más de 20 ponencias con temas referentes al procedimiento penal federal y al juicio de amparo indirecto.
Al abordarse el tema relativo al proceso sumario se señaló que para muchos, un procedimiento de este tipo pudiera traer consigo la idea de que se tengan que pasar por alto derechos procesales básicos de los inculpados, por una simplificación de los tiempos y un ahorro de recursos, en detrimento de una verdadera justicia.
Sin embargo, se expuso, la historia ha demostrado que procedimientos largos y tediosos, llenos de formalidades, traen como consecuencia un estado de incertidumbre jurídica para quienes se ven inmiscuidos en ellos e, incluso, contraría uno de los principales fines de la pena en cuanto castigo para quien ha violentado el orden social con una conducta considerada delictiva.
Por otra parte, los jueces federales analizaron el tema de las etapas del proceso en que deben ser analizadas las circunstancias modificativas o calificativas del delito.
En esta discusión se estableció que si bien los artículos 134 y 168 del Código Federal de Procedimientos Penales definen el concepto de cuerpo del delito como el acreditamiento de los elementos objetivos y normativos que constituyen la materialidad del hecho que la ley señala como delito, no ocurre lo mismo con el resto de los elementos del tipo legal, cuya demostración y análisis deberá hacerse con posterioridad al dictado del auto que resuelva la situación jurídica del indiciado.
A este respecto, se puntualizó que en el auto de término constitucional, debe quedar bien expresado el hecho que la ley define como delito, con todos sus elementos esenciales y accidentales, sin distinción alguna e independientemente de la clasificación doctrinaria que pudiera tener, además de expresarse el lugar, el tiempo y las circunstancias de ejecución del hecho delictivo, incluyendo sus calificativas o modificativas.
Para la demostración en el auto de formal prisión o de sujeción a proceso de las calificativas del delito, deberá estarse a la naturaleza de los elementos que las integren, debiendo sólo probarse los elementos objetivos y normativos, dejando hasta la sentencia el estudio y la prueba de los elementos subjetivos específicos, pues no existe otro momento procesal para ello, se concluyó.
AGILIZAR CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS EN SUSPENSIÓN DEFINITIVA
Por lo que toca al tema de la suspensión definitiva en el juicio de amparo, se presentó una propuesta en el sentido de modificar los diseños existentes para el cumplimiento de sentencias emitidas por los juzgadores en esta materia.
Se planteó la necesidad de establecer mecanismos efectivos de coacción mediante los cuales no sea necesario esperar un trámite complejo, como son las sanciones pecuniarias, o el arresto, o el uso de la fuerza pública.
Ello, si las medidas previstas por la Constitución no resultan suficientes, por inconvenientes, para que las autoridades den cumplimiento a las sentencias en los juicios de control constitucional.
En ese sentido, se expuso que los efectos perniciosos de la desconfianza que genera el incumplimiento de las sentencias es enorme, razón por la cual se requiere efectuar modificaciones sustanciales para cumplir con la ejecución de las resoluciones de los juzgadores.
El día de mañana se darán a conocer las conclusiones del Congreso Nacional de Jueces de Distrito, que será clausurado por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, ministro Genaro David Góngora Pimentel.