Comunicados de Prensa
No.122/2001
México, D.F. a 30 de agosto de 2001
CON SUS RESOLUCIONES, LA CORTE NO INVADE FACULTADES DEL PODER LEGISLATIVO:MINISTRO CASTRO
Participó en el 50 Aniversario de la creación de los Tribunales Colegiados de Circuito, en Puebla
La ministra Sánchez Cordero se pronunció por una reforma procesal
El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Juventino Castro y Castro, rechazó opiniones en el sentido de que con sus resoluciones, el Máximo Tribunal judicial esté invadiendo terrenos del Poder Legislativo.
“No hay invasión al Poder Legislativo; lo haríamos si dictáramos normas generales. Hay simplemente invalidación de normas, pero nunca nos atreveríamos, de ninguna manera, a legislar”.
Castro y Castro participó en el ciclo de conferencias por el 50 Aniversario de los Tribunales Colegiados de Circuito, que se efectúa en el Auditorio de la Universidad de las Américas-Puebla, donde manifestó que los efectos de las resoluciones de la Corte son de anulación de leyes o normas, pero no de suplir atribuciones del Legislativo.
“No se puede plantear que la Corte esté legislando porque declara la inconstitucionalidad de leyes”, dijo el ministro de la SCJN.
Además, recordó que el Máximo Tribunal del país no tiene facultad de iniciar leyes y por eso ha tenido que recurrir a los poderes Legislativo y Ejecutivo, para impulsar el proyecto para una nueva Ley de Amparo.
Comentó que hay la experiencia en otros países de que la Corte es consultada en la etapa de proyectos por quienes sí tienen facultad de iniciar leyes, para que opinen si la iniciativa es o no inconstitucional, pues finalmente el Máximo Tribunal resuelve en caso de controversia futura. “Es práctico”, opinó.
Por otra parte, condenó la oposición a una nueva Ley de Amparo y consideró inadecuada la vigencia de la llamada Fórmula Otero, que es “el único de los puntos negros de nuestro magnífico Derecho de Amparo”.
Se pronunció porque se establezca la declaratoria de inconstitucionalidad de normas generales y que ésta tenga efectos generales, y no individuales, como actualmente lo contempla la Fórmula Otero. “Esto no debe persistir; jurídicamente no se puede aceptar una desigualdad en la aplicación de leyes”.
Castro y Castro desarrolló el tema “Los Efectos de Generalidad en las Sentencias de Amparo contra Leyes”, en el que comentó que no hay argumentos lógicos para oponerse a una nueva Ley de Amparo.
“Sencillamente no entiendo por qué ha habido tanta resistencia a cambiar nuestro sistema de amparo; por qué el empeño de ir en contra de la modificación”, insistió el ministro de la SCJN.
Aseguró que es indispensable la aplicación de efectos generales por declaratoria de inconstitucionalidad de normas generales, como lo propone el proyecto de nueva Ley de Amparo que la SCJN entregó a los poderes Legislativo y Ejecutivo.
La Fórmula Otero protege sólo a quien o quienes logran un amparo contra leyes, lo que plantea que una “ley claramente inconstitucional sigue circulando”.
Por ello, el ministro Castro y Castro consideró que no es posible que las leyes se apliquen para unos y para otros no, y reiteró que, a su juicio, la Fórmula Otero “fue un gran error’’.
A partir de la reforma judicial de 1995, la Corte tiene la facultad de declarar la inconstitucionalidad de alguna norma a través de un juicio de controversia constitucional. “Se ha aceptado que se declare la inconstitucionalidad de leyes y no ha pasado nada, no hay caos jurídico’’.
El ministro estimó inválidos los argumentos que se oponen a una nueva Ley de Amparo y a la eliminación de la Formula Otero, que “ya cumplió con su misión histórica, pero no debe continuar’’.
El sistema de controversias constitucionales y de acciones de inconstitucionalidad de la SCJN, adoptado por la reforma constitucional de 1995, no sólo ha sido eficaz, sino que ha propiciado un cúmulo importante de casos a resolver por la Corte, afirmó.
Incluso, agregó, “la importancia de las controversias constitucionales y de las acciones de inconstitucionalidad está en la misma categoría que cuando surgió el juicio de amparo”.
UN PJF FUERTE, CIMIENTO PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO: SÁNCHEZ CORDERO
La ministra Olga Sánchez Cordero, en su conferencia “La Importancia Actual de la Judicatura”, estableció que “una democracia con un Poder Judicial fuerte, es sencillamente una democracia más fuerte. Un órgano judicial que de manera efectiva vela por el respeto a los derechos fundamentales del ciudadano, es símbolo de prosperidad y crecimiento de los países”.
Expresó que el desarrollo de los Estados depende, en gran medida, de la confianza que la población tenga en sus instituciones, particularmente en sus jueces.
Sánchez Cordero consideró que para lograr sistemas eficientes de justicia, se requieren jueces capacitados, debido a que la tendencia mundial es que la actuación de éstos sea más participativa, a fin de crear una justicia mejor y expedita.
Asimismo, se requiere contar con procesos más sencillos que lleguen a una sentencia en el menor tiempo posible, es decir, una reforma procesal más completa, que incluya una mayor capacitación de jueces.
La jurista manifestó que la reforma judicial no debe quedar sólo en el papel, ni ser solamente ideológica, sino que debe tener un enfoque de servicio en donde se atienda por igual a toda la población.
Comentó que actualmente los jueces deciden asuntos de trascendencia y dirimen conflictos que tradicionalmente escaparían al ámbito de su jurisdicción. “El juez debe ser un hombre probo, honesto, independiente y culto”.
Indicó que se debe rechazar a los jueces que ven en la función judicial la única manera de garantizar su futuro económico, o aquellos que, de manera autómata, dicten sentencias con más ganas de sacarse de encima los asuntos pendientes que con ganas de revolucionar la jurisprudencia con resoluciones históricas.
Asimismo, dijo, hay que evitar a los jueces que especulen con el esplendor que dan la publicidad, los medios, la imagen pública y los reflectores.
Es necesario luchar porque haya jueces que no pasen por encima de la legalidad, la justicia y la verdad, porque no sólo corrompen o desprestigian su propia persona, sino en general a sus colegas y al ser humano.
La ministra Sánchez Cordero se pronunció por una reforma procesal
El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Juventino Castro y Castro, rechazó opiniones en el sentido de que con sus resoluciones, el Máximo Tribunal judicial esté invadiendo terrenos del Poder Legislativo.
“No hay invasión al Poder Legislativo; lo haríamos si dictáramos normas generales. Hay simplemente invalidación de normas, pero nunca nos atreveríamos, de ninguna manera, a legislar”.
Castro y Castro participó en el ciclo de conferencias por el 50 Aniversario de los Tribunales Colegiados de Circuito, que se efectúa en el Auditorio de la Universidad de las Américas-Puebla, donde manifestó que los efectos de las resoluciones de la Corte son de anulación de leyes o normas, pero no de suplir atribuciones del Legislativo.
“No se puede plantear que la Corte esté legislando porque declara la inconstitucionalidad de leyes”, dijo el ministro de la SCJN.
Además, recordó que el Máximo Tribunal del país no tiene facultad de iniciar leyes y por eso ha tenido que recurrir a los poderes Legislativo y Ejecutivo, para impulsar el proyecto para una nueva Ley de Amparo.
Comentó que hay la experiencia en otros países de que la Corte es consultada en la etapa de proyectos por quienes sí tienen facultad de iniciar leyes, para que opinen si la iniciativa es o no inconstitucional, pues finalmente el Máximo Tribunal resuelve en caso de controversia futura. “Es práctico”, opinó.
Por otra parte, condenó la oposición a una nueva Ley de Amparo y consideró inadecuada la vigencia de la llamada Fórmula Otero, que es “el único de los puntos negros de nuestro magnífico Derecho de Amparo”.
Se pronunció porque se establezca la declaratoria de inconstitucionalidad de normas generales y que ésta tenga efectos generales, y no individuales, como actualmente lo contempla la Fórmula Otero. “Esto no debe persistir; jurídicamente no se puede aceptar una desigualdad en la aplicación de leyes”.
Castro y Castro desarrolló el tema “Los Efectos de Generalidad en las Sentencias de Amparo contra Leyes”, en el que comentó que no hay argumentos lógicos para oponerse a una nueva Ley de Amparo.
“Sencillamente no entiendo por qué ha habido tanta resistencia a cambiar nuestro sistema de amparo; por qué el empeño de ir en contra de la modificación”, insistió el ministro de la SCJN.
Aseguró que es indispensable la aplicación de efectos generales por declaratoria de inconstitucionalidad de normas generales, como lo propone el proyecto de nueva Ley de Amparo que la SCJN entregó a los poderes Legislativo y Ejecutivo.
La Fórmula Otero protege sólo a quien o quienes logran un amparo contra leyes, lo que plantea que una “ley claramente inconstitucional sigue circulando”.
Por ello, el ministro Castro y Castro consideró que no es posible que las leyes se apliquen para unos y para otros no, y reiteró que, a su juicio, la Fórmula Otero “fue un gran error’’.
A partir de la reforma judicial de 1995, la Corte tiene la facultad de declarar la inconstitucionalidad de alguna norma a través de un juicio de controversia constitucional. “Se ha aceptado que se declare la inconstitucionalidad de leyes y no ha pasado nada, no hay caos jurídico’’.
El ministro estimó inválidos los argumentos que se oponen a una nueva Ley de Amparo y a la eliminación de la Formula Otero, que “ya cumplió con su misión histórica, pero no debe continuar’’.
El sistema de controversias constitucionales y de acciones de inconstitucionalidad de la SCJN, adoptado por la reforma constitucional de 1995, no sólo ha sido eficaz, sino que ha propiciado un cúmulo importante de casos a resolver por la Corte, afirmó.
Incluso, agregó, “la importancia de las controversias constitucionales y de las acciones de inconstitucionalidad está en la misma categoría que cuando surgió el juicio de amparo”.
UN PJF FUERTE, CIMIENTO PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO: SÁNCHEZ CORDERO
La ministra Olga Sánchez Cordero, en su conferencia “La Importancia Actual de la Judicatura”, estableció que “una democracia con un Poder Judicial fuerte, es sencillamente una democracia más fuerte. Un órgano judicial que de manera efectiva vela por el respeto a los derechos fundamentales del ciudadano, es símbolo de prosperidad y crecimiento de los países”.
Expresó que el desarrollo de los Estados depende, en gran medida, de la confianza que la población tenga en sus instituciones, particularmente en sus jueces.
Sánchez Cordero consideró que para lograr sistemas eficientes de justicia, se requieren jueces capacitados, debido a que la tendencia mundial es que la actuación de éstos sea más participativa, a fin de crear una justicia mejor y expedita.
Asimismo, se requiere contar con procesos más sencillos que lleguen a una sentencia en el menor tiempo posible, es decir, una reforma procesal más completa, que incluya una mayor capacitación de jueces.
La jurista manifestó que la reforma judicial no debe quedar sólo en el papel, ni ser solamente ideológica, sino que debe tener un enfoque de servicio en donde se atienda por igual a toda la población.
Comentó que actualmente los jueces deciden asuntos de trascendencia y dirimen conflictos que tradicionalmente escaparían al ámbito de su jurisdicción. “El juez debe ser un hombre probo, honesto, independiente y culto”.
Indicó que se debe rechazar a los jueces que ven en la función judicial la única manera de garantizar su futuro económico, o aquellos que, de manera autómata, dicten sentencias con más ganas de sacarse de encima los asuntos pendientes que con ganas de revolucionar la jurisprudencia con resoluciones históricas.
Asimismo, dijo, hay que evitar a los jueces que especulen con el esplendor que dan la publicidad, los medios, la imagen pública y los reflectores.
Es necesario luchar porque haya jueces que no pasen por encima de la legalidad, la justicia y la verdad, porque no sólo corrompen o desprestigian su propia persona, sino en general a sus colegas y al ser humano.