Comunicados de Prensa
No.114/2001
México, D.F. a 23 de agosto de 2001
EL PJF BUSCARÁ SU INDEPENDENCIA PRESUPUESTAL:SCJN
Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sostuvieron una reunión con magistrados de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, con el fin de dar cumplimiento a los acuerdos de colaboración firmados por ambos tribunales en junio pasado.
En el encuentro, presidido por el presidente de la SCJN, Genaro David Góngora Pimentel, ambas delegaciones coincidieron en que es imperativo que los Poderes Judiciales cuenten con un porcentaje mínimo presupuestal en la Constitución de sus países, que garantice una autonomía financiera para lograr, con ello, una mayor eficiencia en la administración e impartición de justicia.
René Hernández Valiente, vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, y José Albino Tinetti, director de la Escuela de Capacitación Judicial del Consejo Nacional de la Judicatura de El Salvador manifestaron, ante ministros y consejeros de la Judicatura Federal de México, que la mayor conquista en materia presupuestaria del Poder Judicial de dicho país centroamericano ha sido el establecimiento, dentro de la Constitución, de una asignación fija del 6 por ciento.
Al iniciar las actividades de colaboración, comprendidas en el Acuerdo suscrito en junio pasado por ambas Cortes Supremas, los representantes salvadoreños explicaron que el Poder Ejecutivo de su país tiene la obligación de respetar dicho precepto legal, establecido en la Constitución en el año de 1991.
Coincidieron en que los órganos judiciales no deben estar sujetos a ningún sometimiento en materia presupuestaria y que deben ser ellos mismos quienes propongan las directrices de sus gastos.
Al referirse a la experiencia salvadoreña, el magistrado Hernández Valiente resaltó que el cambiar los sistemas tradicionales de asignación presupuestal, trajo como resultado que el sistema de justicia en dicha nación sea hoy menos costoso y más eficiente.
El magistrado informó que hasta 1991, el presupuesto del sistema judicial salvadoreño no llegaba ni al 1% de los gastos corrientes públicos, por lo que había una sujeción por parte del Poder Judicial al Poder Ejecutivo que limitaba sus tareas.
Hernández Valiente refirió que a raíz de una reforma constitucional, dentro del marco de negociaciones de paz entre la guerrilla y el gobierno, el sistema judicial logró su independencia presupuestaria.
“El 6% es una garantía que constituye un atractivo para las instituciones que nos rodean en el sector de justicia”, expresó.
Explicó que si bien el Poder Judicial tiene el derecho de elaborar su proyecto de presupuesto anual, éste debe ser presentado al Gobierno Federal de manera detallada para evitar reclasificación de recursos y con el propósito de justificar plenamente todos los gastos.
El magistrado comentó que el desempeño financiero de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador es sometido a revisiones por parte de la Corte de Cuentas, instancia similar al Órgano Superior de Fiscalización de México.
Por su parte, José Albino Tinetti, director de la Escuela de Capacitación Judicial del Consejo Nacional de la Judicatura manifestó que el Poder Judicial designa la mayor parte de su presupuesto a gastos de administración e inversión.
La contraparte mexicana, integrada por los ministros Juventino V. Castro, Guillermo Ortiz Mayagoitia, Sergio Aguirre Anguiano, así como por los consejeros de la Judicatura Federal, Adolfo Aragón Mendía, Jaime Manuel Marroquín Zaleta, José Guadalupe Torres Morales y Manuel Barquín Alvarez, se manifestó interesada por conocer los mecanismos que permitieron a ese alto tribunal lograr la asignación presupuestal constitucional.
El presidente de la SCJN, ministro Genaro David Góngora Pimentel, dijo que el Poder Judicial mexicano iniciará negociaciones intensas, tanto con el Ejecutivo como con el Legislativo, para lograr la asignación de un presupuesto fijo en la Constitución.
“Es necesario convencer a todos los sectores de la sociedad mexicana, a los actores políticos, de que realmente el Poder Judicial de la Federación puede enfrentar una situación inconveniente que se vería lamentablemente reflejada en sus niveles de eficiencia y prontitud.
“Es momento de pensar como Nación, que la viabilidad de una democracia y que la consolidación de la economía no puede darse sin un Poder Judicial de la Federación independiente o endeble económicamente. Pensar en producir ahorros limitando presupuestalmente al Poder Judicial de la Federación, es tanto como poner diques al acceso a la demanda de justicia por parte de los mexicanos”, dijo Góngora Pimentel.
En el encuentro, presidido por el presidente de la SCJN, Genaro David Góngora Pimentel, ambas delegaciones coincidieron en que es imperativo que los Poderes Judiciales cuenten con un porcentaje mínimo presupuestal en la Constitución de sus países, que garantice una autonomía financiera para lograr, con ello, una mayor eficiencia en la administración e impartición de justicia.
René Hernández Valiente, vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, y José Albino Tinetti, director de la Escuela de Capacitación Judicial del Consejo Nacional de la Judicatura de El Salvador manifestaron, ante ministros y consejeros de la Judicatura Federal de México, que la mayor conquista en materia presupuestaria del Poder Judicial de dicho país centroamericano ha sido el establecimiento, dentro de la Constitución, de una asignación fija del 6 por ciento.
Al iniciar las actividades de colaboración, comprendidas en el Acuerdo suscrito en junio pasado por ambas Cortes Supremas, los representantes salvadoreños explicaron que el Poder Ejecutivo de su país tiene la obligación de respetar dicho precepto legal, establecido en la Constitución en el año de 1991.
Coincidieron en que los órganos judiciales no deben estar sujetos a ningún sometimiento en materia presupuestaria y que deben ser ellos mismos quienes propongan las directrices de sus gastos.
Al referirse a la experiencia salvadoreña, el magistrado Hernández Valiente resaltó que el cambiar los sistemas tradicionales de asignación presupuestal, trajo como resultado que el sistema de justicia en dicha nación sea hoy menos costoso y más eficiente.
El magistrado informó que hasta 1991, el presupuesto del sistema judicial salvadoreño no llegaba ni al 1% de los gastos corrientes públicos, por lo que había una sujeción por parte del Poder Judicial al Poder Ejecutivo que limitaba sus tareas.
Hernández Valiente refirió que a raíz de una reforma constitucional, dentro del marco de negociaciones de paz entre la guerrilla y el gobierno, el sistema judicial logró su independencia presupuestaria.
“El 6% es una garantía que constituye un atractivo para las instituciones que nos rodean en el sector de justicia”, expresó.
Explicó que si bien el Poder Judicial tiene el derecho de elaborar su proyecto de presupuesto anual, éste debe ser presentado al Gobierno Federal de manera detallada para evitar reclasificación de recursos y con el propósito de justificar plenamente todos los gastos.
El magistrado comentó que el desempeño financiero de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador es sometido a revisiones por parte de la Corte de Cuentas, instancia similar al Órgano Superior de Fiscalización de México.
Por su parte, José Albino Tinetti, director de la Escuela de Capacitación Judicial del Consejo Nacional de la Judicatura manifestó que el Poder Judicial designa la mayor parte de su presupuesto a gastos de administración e inversión.
La contraparte mexicana, integrada por los ministros Juventino V. Castro, Guillermo Ortiz Mayagoitia, Sergio Aguirre Anguiano, así como por los consejeros de la Judicatura Federal, Adolfo Aragón Mendía, Jaime Manuel Marroquín Zaleta, José Guadalupe Torres Morales y Manuel Barquín Alvarez, se manifestó interesada por conocer los mecanismos que permitieron a ese alto tribunal lograr la asignación presupuestal constitucional.
El presidente de la SCJN, ministro Genaro David Góngora Pimentel, dijo que el Poder Judicial mexicano iniciará negociaciones intensas, tanto con el Ejecutivo como con el Legislativo, para lograr la asignación de un presupuesto fijo en la Constitución.
“Es necesario convencer a todos los sectores de la sociedad mexicana, a los actores políticos, de que realmente el Poder Judicial de la Federación puede enfrentar una situación inconveniente que se vería lamentablemente reflejada en sus niveles de eficiencia y prontitud.
“Es momento de pensar como Nación, que la viabilidad de una democracia y que la consolidación de la economía no puede darse sin un Poder Judicial de la Federación independiente o endeble económicamente. Pensar en producir ahorros limitando presupuestalmente al Poder Judicial de la Federación, es tanto como poner diques al acceso a la demanda de justicia por parte de los mexicanos”, dijo Góngora Pimentel.