Comunicados de Prensa
No.SNC/2000
México, D.F. a 9 de octubre de 2000
‘EL ESTADO DEBE GENERAR LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA QUE EL DERECHO A LA SALUD PUEDA EJERCERSE’: MINISTRA OLGA SÁNCHEZ CORDERO
El tránsito hacia una mejor protección del derecho a la salud se tendrá que ir dando en los hechos mediante las sentencias de los tribunales de la federación y mediante la creación de mecanismos más concretos que hagan tangibles los derechos sociales
‘Obligar al Estado a tomar acciones positivas que se traduzcan en la prestación de los bienes o servicios que protegen los derechos sociales es un camino de justicia, fundado en la igualdad, que permitirá un proceso de mejor redistribución’. Lo anterior fue expuesto por Olga Sánchez Cordero, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al participar como ponente en la quinta edición del Simposio Internacional ‘Por la calidad de los servicios médicos y la mejoría de la relación médico-paciente’ organizado por la Comisión Nacional de Arbitraje Médico.
Corresponde al Estado asumir ‘el deber de proteger convenientemente la salud mediante la organización y puesta en funcionamiento de los medios que se consideran necesarios para acceder a ella. El sentido de la intervención estatal en el ámbito de la salubridad como en cualquier otro derecho social no es otro que el de superar la desigualdad existente entre los miembros de una sociedad y que impide a muchos un tratamiento médico adecuado.’
La ministra Sánchez Cordero expresó que el derecho a la salud ‘recientemente ha tomado una desusada importancia debido, por un lado, a que constituye la respuesta de una necesidad fundamental del individuo y, por otro, a la enorme complejidad que reviste tanto en los aspectos económicos, técnicos, asistenciales, jurídicos y humanos’. En este sentido, agregó que ‘una vez regulado a nivel constitucional, el legislador ordinario no puede desconocerlo sino, por el contrario, se ve obligado a regularlo conforme lo que dispone la propia Carta Magna, con lo que se materializa el derecho del individuo para combatir aquellas situaciones que llegaren a violentar sus garantías individuales’.
Por otra parte, indicó que ‘los derechos fundamentales encuentran en estos días una mayor aceptación y signos de mejor realización y cumplimiento, sin embargo, las resistencias a hacerlos efectivos siguen manifestándose en muchos ámbitos de nuestra vida cotidiana’. Agregó que la Suprema Corte ‘ha favorecido la interpretación de nuestra Carta Magna en aras de una mayor igualdad y una mejor y más amplia protección de los derechos humanos’.
La ministra Sánchez Cordero expresó que ‘El Estado debe generar las condiciones necesarias para que el derecho social pueda ejercerse’. ‘El tránsito hacia una mejor protección del derecho a la salud se tendrá que ir dando en los hechos mediante las sentencias de los tribunales de la federación y mediante la creación de mecanismos más concretos que hagan tangibles los derechos sociales.’
‘Una vez creadas las leyes que desarrollan o reglamentan el derecho a la protección de la salud, surge para el gobernado la facultad de poder exigir frente al Estado su cumplimiento’. Por ende, —concluyó— ‘el derecho a la protección de la salud será uno de los medios que nos conduzcan hacia un verdadero estado de derecho, social y democrático, más justo e igualitario’
‘Obligar al Estado a tomar acciones positivas que se traduzcan en la prestación de los bienes o servicios que protegen los derechos sociales es un camino de justicia, fundado en la igualdad, que permitirá un proceso de mejor redistribución’. Lo anterior fue expuesto por Olga Sánchez Cordero, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al participar como ponente en la quinta edición del Simposio Internacional ‘Por la calidad de los servicios médicos y la mejoría de la relación médico-paciente’ organizado por la Comisión Nacional de Arbitraje Médico.
Corresponde al Estado asumir ‘el deber de proteger convenientemente la salud mediante la organización y puesta en funcionamiento de los medios que se consideran necesarios para acceder a ella. El sentido de la intervención estatal en el ámbito de la salubridad como en cualquier otro derecho social no es otro que el de superar la desigualdad existente entre los miembros de una sociedad y que impide a muchos un tratamiento médico adecuado.’
La ministra Sánchez Cordero expresó que el derecho a la salud ‘recientemente ha tomado una desusada importancia debido, por un lado, a que constituye la respuesta de una necesidad fundamental del individuo y, por otro, a la enorme complejidad que reviste tanto en los aspectos económicos, técnicos, asistenciales, jurídicos y humanos’. En este sentido, agregó que ‘una vez regulado a nivel constitucional, el legislador ordinario no puede desconocerlo sino, por el contrario, se ve obligado a regularlo conforme lo que dispone la propia Carta Magna, con lo que se materializa el derecho del individuo para combatir aquellas situaciones que llegaren a violentar sus garantías individuales’.
Por otra parte, indicó que ‘los derechos fundamentales encuentran en estos días una mayor aceptación y signos de mejor realización y cumplimiento, sin embargo, las resistencias a hacerlos efectivos siguen manifestándose en muchos ámbitos de nuestra vida cotidiana’. Agregó que la Suprema Corte ‘ha favorecido la interpretación de nuestra Carta Magna en aras de una mayor igualdad y una mejor y más amplia protección de los derechos humanos’.
La ministra Sánchez Cordero expresó que ‘El Estado debe generar las condiciones necesarias para que el derecho social pueda ejercerse’. ‘El tránsito hacia una mejor protección del derecho a la salud se tendrá que ir dando en los hechos mediante las sentencias de los tribunales de la federación y mediante la creación de mecanismos más concretos que hagan tangibles los derechos sociales.’
‘Una vez creadas las leyes que desarrollan o reglamentan el derecho a la protección de la salud, surge para el gobernado la facultad de poder exigir frente al Estado su cumplimiento’. Por ende, —concluyó— ‘el derecho a la protección de la salud será uno de los medios que nos conduzcan hacia un verdadero estado de derecho, social y democrático, más justo e igualitario’