Comunicados de Prensa
No.SNC/2000
México, D.F. a 26 de junio de 2000
‘SI LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA SE SOMETIERA A TIEMPOS ELECTORALES, PERDERÍA SU CREDIBILIDAD COMO ÁRBITRO’: MINISTRO GÓNGORA PIMENTEL
A partir del día de hoy, la Suprema Corte se dedicará, exclusivamente, al estudio del proyecto de sentencia de la Controversia Constitucional 26/99
El día de hoy, el ministro Genaro David Góngora Pimentel, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, recibió en audiencia privada al diputado federal Alfonso Ramírez Cuéllar, quien le entregó un escrito en el que solicita se dicte sentencia, antes del 2 de julio, sobre la controversia constitucional 26/99, promovida por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión contra el Ejecutivo Federal y otras autoridades.
El juicio fue promovido el 9 de septiembre de 1999. En él, la Cámara de Diputados reclama a las autoridades demandadas ‘la omisión por parte del Ejecutivo Federal de coadyuvar con el H. Congreso de la Unión para el efecto de que instruyera a las autoridades que le son jerárquicamente subordinadas de entregar a Michael W. Mackey, la información que se le requirió sobre operaciones fiduciarias realizadas en la institución de Crédito Banco Unión, S.A., con motivo de las auditorías realizadas al Fondo Bancario de Protección al Ahorro (FOBAPROA)’.
El presidente del Máximo Tribunal mencionó que, el pasado 20 de junio, el Pleno de la Suprema Corte emitió un Acuerdo que establece las reglas generales para la discusión y aprobación de asuntos relevantes. En consecuencia, a partir del día de hoy, se suspenderán todas las sesiones públicas del Pleno y de las Salas que integran este Alto Tribunal con el propósito de que los ministros se dediquen, exclusivamente, al estudio de este caso. Al respecto, la señora ministra Olga Sánchez Cordero ha elaborado un proyecto de sentencia y otros seis ministros han preparado estudios con observaciones de carácter técnico, abordando los aspectos constitucionales del secreto bancario. El ministro Góngora Pimentel señaló al diputado Ramírez Cuéllar que la Suprema Corte no está sujeta al calendario político a la hora de examinar los delicados asuntos que le corresponden: ‘Si la Suprema Corte se sometiera a tiempos electorales, perdería su credibilidad como árbitro’, añadió.
Cabe mencionar que, el pasado 14 de enero de 2000, se llevó al cabo la audiencia de ofrecimiento de pruebas y alegatos de esta controversia constitucional. Con ello, se cerró el período de instrucción del procedimiento y se inició la etapa de elaboración del proyecto de sentencia. La Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que reglamenta el procedimiento de estos juicios, no establece un plazo para que la Suprema Corte dicte sentencia.
El día de hoy, el ministro Genaro David Góngora Pimentel, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, recibió en audiencia privada al diputado federal Alfonso Ramírez Cuéllar, quien le entregó un escrito en el que solicita se dicte sentencia, antes del 2 de julio, sobre la controversia constitucional 26/99, promovida por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión contra el Ejecutivo Federal y otras autoridades.
El juicio fue promovido el 9 de septiembre de 1999. En él, la Cámara de Diputados reclama a las autoridades demandadas ‘la omisión por parte del Ejecutivo Federal de coadyuvar con el H. Congreso de la Unión para el efecto de que instruyera a las autoridades que le son jerárquicamente subordinadas de entregar a Michael W. Mackey, la información que se le requirió sobre operaciones fiduciarias realizadas en la institución de Crédito Banco Unión, S.A., con motivo de las auditorías realizadas al Fondo Bancario de Protección al Ahorro (FOBAPROA)’.
El presidente del Máximo Tribunal mencionó que, el pasado 20 de junio, el Pleno de la Suprema Corte emitió un Acuerdo que establece las reglas generales para la discusión y aprobación de asuntos relevantes. En consecuencia, a partir del día de hoy, se suspenderán todas las sesiones públicas del Pleno y de las Salas que integran este Alto Tribunal con el propósito de que los ministros se dediquen, exclusivamente, al estudio de este caso. Al respecto, la señora ministra Olga Sánchez Cordero ha elaborado un proyecto de sentencia y otros seis ministros han preparado estudios con observaciones de carácter técnico, abordando los aspectos constitucionales del secreto bancario. El ministro Góngora Pimentel señaló al diputado Ramírez Cuéllar que la Suprema Corte no está sujeta al calendario político a la hora de examinar los delicados asuntos que le corresponden: ‘Si la Suprema Corte se sometiera a tiempos electorales, perdería su credibilidad como árbitro’, añadió.
Cabe mencionar que, el pasado 14 de enero de 2000, se llevó al cabo la audiencia de ofrecimiento de pruebas y alegatos de esta controversia constitucional. Con ello, se cerró el período de instrucción del procedimiento y se inició la etapa de elaboración del proyecto de sentencia. La Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que reglamenta el procedimiento de estos juicios, no establece un plazo para que la Suprema Corte dicte sentencia.