Comunicados de Prensa
No.182/2013
México, D.F. a 30 de septiembre de 2013
ACOMPAÑAR Y BLINDAR A LA SUPREMA CORTE, PIDE JAVIER HERNÁNDEZ, REPRESENTANTE EN MÉXICO DE LA ALTA COMISIONADA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS.
• “Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que afecten a migrantes”, ejemplo a nivel internacional, afirma Thomas Weiss, representante en México de la Organización Internacional para las Migraciones.
• Con este tipo de medidas nos distanciamos de la posición limitada que criminaliza a la migración, destaca Hamdi Anwar Ahmed Bukhari, representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.
• Protocolos de actuación intentan mejorar el acceso a la justicia de las personas en situación de vulnerabilidad: Ministro Presidente Juan Silva Meza.
Javier Hernández Valencia, representante en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, hizo un llamado para acompañar y blindar el esfuerzo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) realiza al trabajar para que los derechos humanos sean no solo un clamor desde la sociedad, sino sobre todo un gran y perfectamente limitado marco de actuación para las autoridades.
Al participar en la presentación del Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que afecte a personas migrantes y sujetas de protección internacional, Hernández Valencia recordó que el próximo 23 de octubre del presente año, México rendirá el examen universal ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en el cual, dijo, “algunas de las cosas que serán importantes y se debatirán en el Consejo será, sin duda, el tema de las personas que buscan asilo o refugio en México, o que transitan por este territorio”.
En el evento efectuado en la sede de la SCJN, Javier Hernández afirmó que “ese es uno de los temas de preocupación”, pero aclaró que en el balance que se haga del caso mexicano tendrán que incorporarse los esfuerzos que se han hecho en los últimos años para que las cosas vayan cambiando en esta materia.
De ahí que anticipó que “cuando se haga esa cuenta y balance, el rol de la Suprema Corte de Justicia de la Nación deberá ser en especial considerado, como uno de los elementos y actores que son aliados de una más eficaz implementación y vigilancia de estos derechos”.
Porque, agregó, “la Corte está comprometida en ese esfuerzo y hay que acompañar a la Corte, hay que blindar el esfuerzo de la Corte”.
En su oportunidad, Thomas Weiss, representante en México de la Organización Internacional para las Migraciones, aseguró que el Protocolo que hoy se presentó ante ministros del máximo tribunal del país, consejeros de la Judicatura Federal e integrantes de la academia y la sociedad civil, “representa un avance mayor y un ejemplo para el resto de los países a nivel de la región, pero también a nivel global. Así como lineamientos sobre la normativa internacional que encamina a México muy firmemente hacia una gestión migratoria integral, incluyente y responsable”.
Thomas Weiss recordó que “las y los migrantes, aún enfrentan barreras y obstáculos para el acceso en la justicia en México. Se trata de factores culturales: el idioma, la religión o el desconocimiento de la legislación mexicana, así como de factores económicos que pueden ser la carencia de recursos para contratar servicios de defensoría o para costear los gastos derivados de un juicio.
“A ello se suman los trámites burocráticos y la desconfianza, muy a menudo, en las autoridades. Aunado al temor a ser detenido o ser deportados a sus países de origen.
Todas estas barreras propician que las personas migrantes sigan siendo un blanco de una gran cantidad de violaciones a sus derechos humanos”.
De ahí que Thomas Weiss aseguró que “el Protocolo presentado hoy por la presidencia de la SCJN marca una pauta sumamente importante para el acceso a la justicia de todas las personas migrantes”.
Al respecto, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Juan Silva Meza, dijo que consciente tanto del compromiso que implica la reforma constitucional como de las desigualdades estructurales para acceder a los derechos, el Máximo Tribunal del país se ha dado a la tarea de elaborar Protocolos de Actuación, basados en normativa nacional e interna de origen internacional, así como en lecciones de buenas prácticas judiciales de otros tribunales nacionales, que intentan mejorar el acceso a la justicia de las personas en situación de vulnerabilidad.
El que hoy ponemos a disposición de la Judicatura y del público en general, explicó, incluye y desarrolla los principios que de acuerdo con los más altos estándares de protección de derechos humanos, deben regir la actuación de quien imparte justicia cuando debe garantizar un derecho a una persona sujeta a jurisdicción del Estado mexicano, con total independencia de su origen nacional o étnico.
Este Protocolo, destacó, “parte del principio que ha orientado a los anteriores y, por eso, se estructura, vale insistir, bajo la premisa que ordena también a este Alto Tribunal, a los miembros del Consejo de la Judicatura, a tener el más absoluto respeto a la autonomía y a la independencia de cada juzgador, y así sistematiza la normativa de derecho nacional e internacional obligatoria para el Estado mexicano en materia de protección y garantía de los derechos de las personas migrantes y sujetas a protección internacional”.
En este sentido Hamdi Anwar Ahmed, representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, dijo que un primer punto fundamental reiterado en el Protocolo presentado es el hecho de que las personas migrantes, las personas refugiadas, los solicitantes de asilo, así como las personas sujetas de protección internacional, son titulares de derecho, lo que implica la obligación de los Estados de respetar y garantizar sus derechos humanos, independientemente de su condición o status migratorio.
“En este punto –comentó-, creemos que la función judicial brinda un invaluable aporte a la efectiva protección de tales personas y tiene la posibilidad de consolidar, como bien afirma el Protocolo de Actuación, un importante cambio paradigmático: Nos distanciamos de la posición limitada que criminaliza a la migración y la búsqueda de protección, por el entendimiento jurídico que reconoce la titularidad de derechos a los migrantes, los solicitantes de asilo, los refugiados y las demás personas con necesidades de protección internacional”.
• Con este tipo de medidas nos distanciamos de la posición limitada que criminaliza a la migración, destaca Hamdi Anwar Ahmed Bukhari, representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.
• Protocolos de actuación intentan mejorar el acceso a la justicia de las personas en situación de vulnerabilidad: Ministro Presidente Juan Silva Meza.
Javier Hernández Valencia, representante en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, hizo un llamado para acompañar y blindar el esfuerzo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) realiza al trabajar para que los derechos humanos sean no solo un clamor desde la sociedad, sino sobre todo un gran y perfectamente limitado marco de actuación para las autoridades.
Al participar en la presentación del Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que afecte a personas migrantes y sujetas de protección internacional, Hernández Valencia recordó que el próximo 23 de octubre del presente año, México rendirá el examen universal ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en el cual, dijo, “algunas de las cosas que serán importantes y se debatirán en el Consejo será, sin duda, el tema de las personas que buscan asilo o refugio en México, o que transitan por este territorio”.
En el evento efectuado en la sede de la SCJN, Javier Hernández afirmó que “ese es uno de los temas de preocupación”, pero aclaró que en el balance que se haga del caso mexicano tendrán que incorporarse los esfuerzos que se han hecho en los últimos años para que las cosas vayan cambiando en esta materia.
De ahí que anticipó que “cuando se haga esa cuenta y balance, el rol de la Suprema Corte de Justicia de la Nación deberá ser en especial considerado, como uno de los elementos y actores que son aliados de una más eficaz implementación y vigilancia de estos derechos”.
Porque, agregó, “la Corte está comprometida en ese esfuerzo y hay que acompañar a la Corte, hay que blindar el esfuerzo de la Corte”.
En su oportunidad, Thomas Weiss, representante en México de la Organización Internacional para las Migraciones, aseguró que el Protocolo que hoy se presentó ante ministros del máximo tribunal del país, consejeros de la Judicatura Federal e integrantes de la academia y la sociedad civil, “representa un avance mayor y un ejemplo para el resto de los países a nivel de la región, pero también a nivel global. Así como lineamientos sobre la normativa internacional que encamina a México muy firmemente hacia una gestión migratoria integral, incluyente y responsable”.
Thomas Weiss recordó que “las y los migrantes, aún enfrentan barreras y obstáculos para el acceso en la justicia en México. Se trata de factores culturales: el idioma, la religión o el desconocimiento de la legislación mexicana, así como de factores económicos que pueden ser la carencia de recursos para contratar servicios de defensoría o para costear los gastos derivados de un juicio.
“A ello se suman los trámites burocráticos y la desconfianza, muy a menudo, en las autoridades. Aunado al temor a ser detenido o ser deportados a sus países de origen.
Todas estas barreras propician que las personas migrantes sigan siendo un blanco de una gran cantidad de violaciones a sus derechos humanos”.
De ahí que Thomas Weiss aseguró que “el Protocolo presentado hoy por la presidencia de la SCJN marca una pauta sumamente importante para el acceso a la justicia de todas las personas migrantes”.
Al respecto, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Juan Silva Meza, dijo que consciente tanto del compromiso que implica la reforma constitucional como de las desigualdades estructurales para acceder a los derechos, el Máximo Tribunal del país se ha dado a la tarea de elaborar Protocolos de Actuación, basados en normativa nacional e interna de origen internacional, así como en lecciones de buenas prácticas judiciales de otros tribunales nacionales, que intentan mejorar el acceso a la justicia de las personas en situación de vulnerabilidad.
El que hoy ponemos a disposición de la Judicatura y del público en general, explicó, incluye y desarrolla los principios que de acuerdo con los más altos estándares de protección de derechos humanos, deben regir la actuación de quien imparte justicia cuando debe garantizar un derecho a una persona sujeta a jurisdicción del Estado mexicano, con total independencia de su origen nacional o étnico.
Este Protocolo, destacó, “parte del principio que ha orientado a los anteriores y, por eso, se estructura, vale insistir, bajo la premisa que ordena también a este Alto Tribunal, a los miembros del Consejo de la Judicatura, a tener el más absoluto respeto a la autonomía y a la independencia de cada juzgador, y así sistematiza la normativa de derecho nacional e internacional obligatoria para el Estado mexicano en materia de protección y garantía de los derechos de las personas migrantes y sujetas a protección internacional”.
En este sentido Hamdi Anwar Ahmed, representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, dijo que un primer punto fundamental reiterado en el Protocolo presentado es el hecho de que las personas migrantes, las personas refugiadas, los solicitantes de asilo, así como las personas sujetas de protección internacional, son titulares de derecho, lo que implica la obligación de los Estados de respetar y garantizar sus derechos humanos, independientemente de su condición o status migratorio.
“En este punto –comentó-, creemos que la función judicial brinda un invaluable aporte a la efectiva protección de tales personas y tiene la posibilidad de consolidar, como bien afirma el Protocolo de Actuación, un importante cambio paradigmático: Nos distanciamos de la posición limitada que criminaliza a la migración y la búsqueda de protección, por el entendimiento jurídico que reconoce la titularidad de derechos a los migrantes, los solicitantes de asilo, los refugiados y las demás personas con necesidades de protección internacional”.