Comunicados de Prensa
No.095/2013
México, D.F. a 13 de mayo de 2013
CÓDIGO PENAL ÚNICO EN TODO EL PAÍS, FORTALECERÁ EL ESTADO DE DERECHO
• Así lo afirmó el Presidente de la SCJN, Ministro Juan Silva Meza, al participar en el Simposio sobre el Código Penal Único, organizado por la UNAM.
El Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Ministro Juan Silva Meza, demandó la existencia de un Código Procesal Penal Único en todo el país, ya que innegablemente fortalecerá el Estado de Derecho, dado el inherente respeto a los Derechos Humanos y sus garantías, que a través de sus normas se procurarán.
Por este motivo, urgió a hacer realidad la reforma constitucional penal de 18 de junio de 2008, mediante una implementación ordenada, uniforme, sistemática, y congruente, y sobre todo, respetuosa de los Derechos Humanos, lo que en mucho se logrará con la emisión del Código Procesal Único para todo el Estado mexicano, como ley secundaria que redefinirá los contenidos del debido proceso penal y que permitirá dotar de certidumbre y seguridad jurídicas a sus habitantes.
Al participar en el Simposio sobre el Código Penal Único, organizado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Ministro Silva Meza recordó que en fecha recientes, con la adopción del Sistema Procesal Penal Acusatorio, y con la celebración del llamado Pacto por México, entre el Poder Ejecutivo y los partidos políticos, resurgió con mayor fuerza la idea de lograr una codificación penal única, al que se han sumado en los hechos el Poder Legislativo y diversas organizaciones de la sociedad civil, que se encuentran en el proceso de emisión, en un primer momento, de un código adjetivo penal único.
“El logro de una codificación única no es ociosa, por el contrario, ha ido congregando con el paso del tiempo razones de gran peso que logran justificar su necesidad, sobre todo, en el caso particular de México, el que, junto con los Estados Unidos, constituyen las excepciones de estados federados que no cuentan con una legislación penal aplicable en todo su territorio”, recordó.
Comentó que la divergencia de codificaciones penales, tanto sustantivas como adjetivas en nuestro país, y los problemas que ello genera, los que se han incrementado a partir de la adopción del Sistema Procesal Penal Acusatorio, han sido el detonante de más argumentos a favor de un Código Penal y un Código Procesal únicos para todo el Estado mexicano.
Al respecto, el Ministro Silva Meza recordó que a la fecha, existen 33 códigos penales y procesales que corresponden, uno a la Federación, 31 de las entidades federativas y uno del Distrito Federal, que regulan tanto el derecho sustantivo como procesal penal; y con el inicio de vigencia del Sistema Procesal Penal Acusatorio en los estados de Baja California, Chiapas, Chihuahua, Durango, Estado de México, Guanajuato, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Tabasco, Yucatán y Zacatecas, se suman 12 legislaciones procesales .
“La existencia de 78 legislaciones en materia penal en el sistema jurídico mexicano ha permitido advertir las inconsistencias e incluso dispersión en el establecimiento de los tipos penales, de su punición, de su integración normativa, objetiva y subjetiva, la delimitación de los principios, sujetos y figuras procesales, de las modalidades y gravedad de los delitos, y como consecuencia, la generación de criterios jurisprudenciales contradictorios, entre otras advertencias que denotan la falta de homogeneidad legislativa” señaló.
En la práctica, indicó, esta dispersión trae como consecuencia la aplicación de normas opuestas, por ejemplo, que en una entidad federativa un hecho delictivo sea considerado grave, mientras que en otra, con los mismos elementos configurativos, no sea considerado como tal, lo que de suyo conlleva a la procedencia o no de beneficios, como el otorgamiento de la libertad caucional o bien, la imposición de la prisión preventiva.
A lo anterior habría que agregar la disparidad de marcos punitivos o penas aplicables, lo que indefectiblemente genera un ambiente de desigualdad e inseguridad jurídica para las personas sujetas a proceso, a quienes por hechos tipificados de similar forma por leyes diversas, les corresponderán penalidades también distintas, en mayor o menor medida. Esto también ha incidido en una inapropiada percepción del sistema de impartición de justicia en México, al apreciarlo las personas afectadas como relativo y deficiente, destacó.
Al concluir, dijo que la existencia de un código procesal penal único innegablemente fortalecería el estado de Derecho, dado el inherente respeto a los Derechos Humanos y sus garantías, que a través de sus normas se procuraría.
En su participación, el Presidente del Alto Tribunal Constitucional hizo remembranza de los constitucionalistas que desde los años 50´s han manifestado que hay una conciencia nacional que reclama la unificación de las leyes civiles, penales y procesales de la República, con objeto de eliminar las incertidumbres, inseguridades, conflictos y dificultades que la multiplicidad legislativa origina en el país.
El Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Ministro Juan Silva Meza, demandó la existencia de un Código Procesal Penal Único en todo el país, ya que innegablemente fortalecerá el Estado de Derecho, dado el inherente respeto a los Derechos Humanos y sus garantías, que a través de sus normas se procurarán.
Por este motivo, urgió a hacer realidad la reforma constitucional penal de 18 de junio de 2008, mediante una implementación ordenada, uniforme, sistemática, y congruente, y sobre todo, respetuosa de los Derechos Humanos, lo que en mucho se logrará con la emisión del Código Procesal Único para todo el Estado mexicano, como ley secundaria que redefinirá los contenidos del debido proceso penal y que permitirá dotar de certidumbre y seguridad jurídicas a sus habitantes.
Al participar en el Simposio sobre el Código Penal Único, organizado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Ministro Silva Meza recordó que en fecha recientes, con la adopción del Sistema Procesal Penal Acusatorio, y con la celebración del llamado Pacto por México, entre el Poder Ejecutivo y los partidos políticos, resurgió con mayor fuerza la idea de lograr una codificación penal única, al que se han sumado en los hechos el Poder Legislativo y diversas organizaciones de la sociedad civil, que se encuentran en el proceso de emisión, en un primer momento, de un código adjetivo penal único.
“El logro de una codificación única no es ociosa, por el contrario, ha ido congregando con el paso del tiempo razones de gran peso que logran justificar su necesidad, sobre todo, en el caso particular de México, el que, junto con los Estados Unidos, constituyen las excepciones de estados federados que no cuentan con una legislación penal aplicable en todo su territorio”, recordó.
Comentó que la divergencia de codificaciones penales, tanto sustantivas como adjetivas en nuestro país, y los problemas que ello genera, los que se han incrementado a partir de la adopción del Sistema Procesal Penal Acusatorio, han sido el detonante de más argumentos a favor de un Código Penal y un Código Procesal únicos para todo el Estado mexicano.
Al respecto, el Ministro Silva Meza recordó que a la fecha, existen 33 códigos penales y procesales que corresponden, uno a la Federación, 31 de las entidades federativas y uno del Distrito Federal, que regulan tanto el derecho sustantivo como procesal penal; y con el inicio de vigencia del Sistema Procesal Penal Acusatorio en los estados de Baja California, Chiapas, Chihuahua, Durango, Estado de México, Guanajuato, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Tabasco, Yucatán y Zacatecas, se suman 12 legislaciones procesales .
“La existencia de 78 legislaciones en materia penal en el sistema jurídico mexicano ha permitido advertir las inconsistencias e incluso dispersión en el establecimiento de los tipos penales, de su punición, de su integración normativa, objetiva y subjetiva, la delimitación de los principios, sujetos y figuras procesales, de las modalidades y gravedad de los delitos, y como consecuencia, la generación de criterios jurisprudenciales contradictorios, entre otras advertencias que denotan la falta de homogeneidad legislativa” señaló.
En la práctica, indicó, esta dispersión trae como consecuencia la aplicación de normas opuestas, por ejemplo, que en una entidad federativa un hecho delictivo sea considerado grave, mientras que en otra, con los mismos elementos configurativos, no sea considerado como tal, lo que de suyo conlleva a la procedencia o no de beneficios, como el otorgamiento de la libertad caucional o bien, la imposición de la prisión preventiva.
A lo anterior habría que agregar la disparidad de marcos punitivos o penas aplicables, lo que indefectiblemente genera un ambiente de desigualdad e inseguridad jurídica para las personas sujetas a proceso, a quienes por hechos tipificados de similar forma por leyes diversas, les corresponderán penalidades también distintas, en mayor o menor medida. Esto también ha incidido en una inapropiada percepción del sistema de impartición de justicia en México, al apreciarlo las personas afectadas como relativo y deficiente, destacó.
Al concluir, dijo que la existencia de un código procesal penal único innegablemente fortalecería el estado de Derecho, dado el inherente respeto a los Derechos Humanos y sus garantías, que a través de sus normas se procuraría.
En su participación, el Presidente del Alto Tribunal Constitucional hizo remembranza de los constitucionalistas que desde los años 50´s han manifestado que hay una conciencia nacional que reclama la unificación de las leyes civiles, penales y procesales de la República, con objeto de eliminar las incertidumbres, inseguridades, conflictos y dificultades que la multiplicidad legislativa origina en el país.