Comunicados de Prensa
No.SNC/1999
México, D.F. a 6 de diciembre de 1999
LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN INFORMA A LA OPINIÓN PÚBLICA EL ESTADO PROCEDIMENTAL DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 26/99 RELATIVA AL SECRETO BANCARIO
Por considerar que es de interés de la opinión pública, y con el propósito de mantener oportunamente informada a la sociedad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación informa el estado procedimental que guarda la controversia constitucional 26/99. Este juicio fue promovido por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión en contra del Presidente de la República, el Secretario de Gobernación, el Secretario de Hacienda y Crédito Público y el Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
La controversia se suscitó en virtud de que la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión reclama a las autoridades demandadas ‘la omisión por parte del Ejecutivo Federal de coadyuvar con el H. Congreso de la Unión, para el efecto de que instruyera a las autoridades que le son jerárquicamente subordinadas de entregar a Michael W. Mackey, por conducto del despacho Galas, Gómez Morfín, Chavero y Yamasaki, S.C., la información que se le requirió sobre operaciones fiduciarias realizadas en la institución de crédito Banco Unión, S.A., con motivo de las auditorías realizadas al Fondo Bancario de Protección al Ahorro (FOBAPROA).’ En síntesis, el siguiente es el desarrollo procedimental y el estado actual que guarda la controversia constitucional:
El 9 de septiembre de 1999, el diputado Carlos Medina Plascencia, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, presentó la demanda de controversia constitucional. Ese mismo día se ordenó registrar el expediente y se turnó a la ministra Olga Sánchez Cordero, a quien corresponde instruir el procedimiento y elaborar el proyecto de resolución.
El 10 de septiembre pasado, se admitió la controversia y se emplazó a las autoridades demandadas para que dieran contestación a la demanda. Asimismo, la Suprema Corte ordenó dar vista al Procurador General de la República, para que formulara su pedimento.
El 4 de noviembre, se agregaron al expediente los oficios y escritos mediante los cuales el Secretario de Gobernación, el Secretario de Hacienda y Crédito Público, el Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y el Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal, este último en representación del Presidente de la República, contestaron la demanda. Con estos documentos se ordenó correr traslado a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión y al Procurador General de la República, para que manifiestaran lo que a su derecho conviniere.
El 30 de noviembre se recibieron el escrito presentado por el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados y el oficio del Procurador General de la República mediante los cuales desahogaron la vista ordenada en auto de fecha 4 de noviembre. Asimismo, exhibieron los alegatos correspondientes sobre la contestación de la demanda por parte del Ejecutivo Federal.
Finalmente, se citó a las partes para que asistan a la audiencia de ofrecimiento y desahogo de pruebas y alegatos, que se llevará al cabo el día 14 de enero del año 2000.
Este es el estado en que se encuentra la controversia constitucional 26/99. En su oportunidad, se seguirá informando a la opinión pública con relación a las distintas etapas del procedimiento.
La controversia se suscitó en virtud de que la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión reclama a las autoridades demandadas ‘la omisión por parte del Ejecutivo Federal de coadyuvar con el H. Congreso de la Unión, para el efecto de que instruyera a las autoridades que le son jerárquicamente subordinadas de entregar a Michael W. Mackey, por conducto del despacho Galas, Gómez Morfín, Chavero y Yamasaki, S.C., la información que se le requirió sobre operaciones fiduciarias realizadas en la institución de crédito Banco Unión, S.A., con motivo de las auditorías realizadas al Fondo Bancario de Protección al Ahorro (FOBAPROA).’ En síntesis, el siguiente es el desarrollo procedimental y el estado actual que guarda la controversia constitucional:
El 9 de septiembre de 1999, el diputado Carlos Medina Plascencia, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, presentó la demanda de controversia constitucional. Ese mismo día se ordenó registrar el expediente y se turnó a la ministra Olga Sánchez Cordero, a quien corresponde instruir el procedimiento y elaborar el proyecto de resolución.
El 10 de septiembre pasado, se admitió la controversia y se emplazó a las autoridades demandadas para que dieran contestación a la demanda. Asimismo, la Suprema Corte ordenó dar vista al Procurador General de la República, para que formulara su pedimento.
El 4 de noviembre, se agregaron al expediente los oficios y escritos mediante los cuales el Secretario de Gobernación, el Secretario de Hacienda y Crédito Público, el Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y el Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal, este último en representación del Presidente de la República, contestaron la demanda. Con estos documentos se ordenó correr traslado a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión y al Procurador General de la República, para que manifiestaran lo que a su derecho conviniere.
El 30 de noviembre se recibieron el escrito presentado por el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados y el oficio del Procurador General de la República mediante los cuales desahogaron la vista ordenada en auto de fecha 4 de noviembre. Asimismo, exhibieron los alegatos correspondientes sobre la contestación de la demanda por parte del Ejecutivo Federal.
Finalmente, se citó a las partes para que asistan a la audiencia de ofrecimiento y desahogo de pruebas y alegatos, que se llevará al cabo el día 14 de enero del año 2000.
Este es el estado en que se encuentra la controversia constitucional 26/99. En su oportunidad, se seguirá informando a la opinión pública con relación a las distintas etapas del procedimiento.