Comunicados de Prensa
No.SNC/1999
México, D.F. a 4 de octubre de 1999
SIN SEGURIDAD JURÍDICA NO HAY NINGUNA POSIBILIDAD DE LIBERTAD NI DE JUSTICIA: MINISTRO GENARO DAVID GÓNGORA PIMENTEL
El día de hoy, a las 9:30 horas, el ministro Genaro David Góngora Pimentel, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, inauguró el Seminario Internacional sobre la Responsabilidad Patrimonial del Estado. El acto se llevó al cabo en la sede del Instituto Nacional de Administración Pública, y fue organizado por éste en coordinación con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México y la Agencia Española de Cooperación Internacional. En presidium estuvieron, también, José Natividad González Parás, Presidente del Instituto Nacional de Administración Pública y Álvaro Castro Estrada, coordinador del evento.
En su discurso, el ministro Góngora Pimentel analizó la evolución histórica y el marco jurídico de la responsabilidad patrimonial del Estado de resarcir a los gobernados por los daños que les cause, y señaló que ‘sin seguridad jurídica no hay ninguna posibilidad de libertad ni, de justicia. La responsabilidad del Estado es igual a seguridad jurídica. Seguridad jurídica es igual a libertad individual y a justicia para la comunidad y para cada uno de sus integrantes’.
El ministro Góngora Pimentel afirmó que ‘los principios de legalidad y de responsabilidad patrimonial del Estado constituyen, sin duda, los dos grandes soportes del Derecho Administrativo’. Agregó que ‘la actividad de la Administración, en nuestros días, está presente en todas y cada una de las manifestaciones de la vida colectiva, lleva consigo una inevitable secuela incidental de daños residuales y una constante creación de riesgos, que es preciso evitar, a fin de que no resulte afectado el patrimonio de los particulares y que la actuación del Estado quede amparada por un injustificado privilegio de exoneración’.
El presidente de la Suprema Corte subrayó que ‘toda lesión que se cause al interés patrimonial privado debe ser reparado, ya que no es justo que dicha afectación sea soportada por el titular del bien jurídico dañado’. Por ello, manifestó que ‘el Seminario Internacional sobre la Responsabilidad Patrimonial del Estado merece toda nuestra atención, ya que gracias a sus frutos, lograremos fortalecer el Estado de Derecho, la justicia y la seguridad jurídica que demanda la sociedad, así como el acceso a un sistema real de justicia que exige el artículo 17 de nuestra Carta Fundamental’.
En su discurso, el ministro Góngora Pimentel analizó la evolución histórica y el marco jurídico de la responsabilidad patrimonial del Estado de resarcir a los gobernados por los daños que les cause, y señaló que ‘sin seguridad jurídica no hay ninguna posibilidad de libertad ni, de justicia. La responsabilidad del Estado es igual a seguridad jurídica. Seguridad jurídica es igual a libertad individual y a justicia para la comunidad y para cada uno de sus integrantes’.
El ministro Góngora Pimentel afirmó que ‘los principios de legalidad y de responsabilidad patrimonial del Estado constituyen, sin duda, los dos grandes soportes del Derecho Administrativo’. Agregó que ‘la actividad de la Administración, en nuestros días, está presente en todas y cada una de las manifestaciones de la vida colectiva, lleva consigo una inevitable secuela incidental de daños residuales y una constante creación de riesgos, que es preciso evitar, a fin de que no resulte afectado el patrimonio de los particulares y que la actuación del Estado quede amparada por un injustificado privilegio de exoneración’.
El presidente de la Suprema Corte subrayó que ‘toda lesión que se cause al interés patrimonial privado debe ser reparado, ya que no es justo que dicha afectación sea soportada por el titular del bien jurídico dañado’. Por ello, manifestó que ‘el Seminario Internacional sobre la Responsabilidad Patrimonial del Estado merece toda nuestra atención, ya que gracias a sus frutos, lograremos fortalecer el Estado de Derecho, la justicia y la seguridad jurídica que demanda la sociedad, así como el acceso a un sistema real de justicia que exige el artículo 17 de nuestra Carta Fundamental’.