Comunicados de Prensa
No.242/2010
México, D.F. a 28 de octubre de 2010
SE PREPARA EL PJF PARA PONER EN MARCHA EN NUEVO MODELO DE JUSTICIA PENAL
• Así lo afirmó el ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, presidente de la SCJN y del CJF al inaugurar el Seminario Internacional La Reforma Procesal Penal y su Implementación: El Caso de México y Chile.
El Poder Judicial de la Federación (PJF) se prepara para poner en marcha el nuevo modelo de justicia penal y, para ello, está formando juzgadores y colabora e intercambia experiencias con países que ya cuentan con este sistema, afirmó el ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF).
Al inaugurar el Seminario Internacional “La Reforma Procesal Penal y su Implementación: El Caso de México y Chile, consideró que, si bien, cada país tiene sus propias características y sus propias visiones de la justicia, hay naciones que comparten sistemas jurídicos y herencias históricas semejantes, por lo que pueden aprovechar al máximo los procesos de transformación.
“Acudimos a este encuentro con la firme convicción de que el intercambio de cifras, datos y experiencias coadyuvará de manera determinante a la adecuada implementación de la reforma procesal penal”, externó.
Indicó que México lleva tres años en el tránsito hacia un sistema procesal penal acusatorio, oral y adversarial, tanto en el ámbito federal, como en los ordenamientos jurídicos locales, pues la reforma del 18 de junio de 2008 estableció un plazo de ocho años.
El ministro Ortiz Mayagoitia manifestó que ante la magnitud del reto, el PJF ha puesto en marcha un proyecto denominado Programa Comparativo de Sistemas Penales Acusatorios en Colombia, Chile, Estados Unidos y México, que se lleva a cabo con el Instituto Cambio Cultural de la Fletcher School de la Universidad de Tufts, en el que participan 101 juzgadores, 50 del fuero federal y 51 del fuero local; así como 10 secretarios de la SCJN y del CJF.
De igual forma, comentó, se han creado proyectos que buscan crear sinergias interinstitucionales.
Explicó que a través de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia (AMIJ) y del Fondo Jurica, con el apoyo del Ejecutivo Federal, se han desarrollado diversos proyectos, tales como el Código Modelo del Proceso Penal Acusatorio para los Estados de la Federación de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y el Modelo de Planeación de la Reforma Penal Mexicana, elaborado por el Tec de Monterrey.
Así como, también, el Sistema Nacional de Capacitación Nacional sobre el nuevo sistema de justicia penal acusatorio y oral; el Sistema de Indicadores para el seguimiento de la reforma penal aplicado al Estado de Chihuahua; y el Sistema de Gestión Judicial, entre otros.
Todos estos proyectos fueron propuestos por uno o más tribunales estatales, con la intención de ser replicables y de utilidad nacional, explicó.
El presidente de la SCJ y del CJF precisó que a tres años de dicha reforma, ya existen entidades federativas que han implementado el nuevo modelo.
Estimó que este Seminario permitirá estudiar la nueva forma de justicia penal, la cual es profundamente distinta a la aplicada en los últimos años en México.
El Poder Judicial de la Federación (PJF) se prepara para poner en marcha el nuevo modelo de justicia penal y, para ello, está formando juzgadores y colabora e intercambia experiencias con países que ya cuentan con este sistema, afirmó el ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF).
Al inaugurar el Seminario Internacional “La Reforma Procesal Penal y su Implementación: El Caso de México y Chile, consideró que, si bien, cada país tiene sus propias características y sus propias visiones de la justicia, hay naciones que comparten sistemas jurídicos y herencias históricas semejantes, por lo que pueden aprovechar al máximo los procesos de transformación.
“Acudimos a este encuentro con la firme convicción de que el intercambio de cifras, datos y experiencias coadyuvará de manera determinante a la adecuada implementación de la reforma procesal penal”, externó.
Indicó que México lleva tres años en el tránsito hacia un sistema procesal penal acusatorio, oral y adversarial, tanto en el ámbito federal, como en los ordenamientos jurídicos locales, pues la reforma del 18 de junio de 2008 estableció un plazo de ocho años.
El ministro Ortiz Mayagoitia manifestó que ante la magnitud del reto, el PJF ha puesto en marcha un proyecto denominado Programa Comparativo de Sistemas Penales Acusatorios en Colombia, Chile, Estados Unidos y México, que se lleva a cabo con el Instituto Cambio Cultural de la Fletcher School de la Universidad de Tufts, en el que participan 101 juzgadores, 50 del fuero federal y 51 del fuero local; así como 10 secretarios de la SCJN y del CJF.
De igual forma, comentó, se han creado proyectos que buscan crear sinergias interinstitucionales.
Explicó que a través de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia (AMIJ) y del Fondo Jurica, con el apoyo del Ejecutivo Federal, se han desarrollado diversos proyectos, tales como el Código Modelo del Proceso Penal Acusatorio para los Estados de la Federación de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y el Modelo de Planeación de la Reforma Penal Mexicana, elaborado por el Tec de Monterrey.
Así como, también, el Sistema Nacional de Capacitación Nacional sobre el nuevo sistema de justicia penal acusatorio y oral; el Sistema de Indicadores para el seguimiento de la reforma penal aplicado al Estado de Chihuahua; y el Sistema de Gestión Judicial, entre otros.
Todos estos proyectos fueron propuestos por uno o más tribunales estatales, con la intención de ser replicables y de utilidad nacional, explicó.
El presidente de la SCJ y del CJF precisó que a tres años de dicha reforma, ya existen entidades federativas que han implementado el nuevo modelo.
Estimó que este Seminario permitirá estudiar la nueva forma de justicia penal, la cual es profundamente distinta a la aplicada en los últimos años en México.