Comunicados de Prensa
No.232/2010
México, D.F. a 21 de octubre de 2010
LA ARGUMENTACIÓN JURÍDICA, ÍNTIMAMENTE LIGADA A LA CONFIANZA CIUDADANA
• Así lo expresó el presidente de la SCJN, ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, al inaugurar el Congreso Internacional de Argumentación Jurídica.
• La magistrada presidenta del TEPJF, María del Carmen Alanis, señaló que la argumentación es una necesidad democrática.
• El magistrado Santiago Nieto Castillo apuntó que el Poder Judicial recibe su legitimidad democrática de la argumentación jurídica.
La garantía de imparcialidad judicial, es la confianza que tiene la comunidad de que los jueces tratarán de forma parecida a las personas que se encuentran en situaciones semejantes, que no habrá distinciones injustificadas en atención a la persona y que no se favorecerá o perjudicará a alguien por situaciones ajenas a los hechos materia de las disputas.
Así lo afirmó el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, al inaugurar el Congreso Internacional de Argumentación Jurídica, e indicó que el mecanismo ideal para que los impartidores de justicia demuestren a las partes y a todos los gobernados que se actúa en forma auténticamente imparcial, es a través de los razonamientos, esto es, de las argumentaciones que dan sustento a una resolución.
“La argumentación jurídica es una cuestión íntimamente relacionada con la confianza ciudadana, y la percepción de que existe verdadera justicia en la toma de decisiones que resuelve sobre los derechos de las partes”, dijo el ministro presidente, y enfatizó que “estamos llamados a una argumentación ciudadanamente razonable, socialmente comprensible y técnicamente ostensible, defendible y honrosa”.
Al Congreso, que se llevará a cabo hoy y mañana, asisten impartidores de justicia de todos los órganos jurisdiccionales del país, especialistas nacionales e internacionales, miembros de escuelas judiciales nacionales y extranjeras, académicos de diferentes universidades, que analizarán el papel que juega la argumentación en la impartición de justicia.
El ministro Ortiz Mayagoitia apuntó que “se argumenta para convencer. Se convence para aspirar a una solución. Cuando se resuelve, el juez está obligado a argumentar y esa argumentación suele confundirse con su gran objetivo que sigue siendo exactamente el mismo del origen: convencer”.
Sostuvo que las sentencias tienen el mandato de ser convincentes: Una sentencia convincente, puntualizó, es una sentencia transparente. Una decisión que se explica a sí misma, se reviste de legitimidad porque se vuelve lenguaje, comunicación y transmisión del derecho hacia las personas que han estado en conflicto y que encuentran en la actividad judicial la respuesta a sus planteamientos.
Por su parte, la magistrada presidenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), María del Carmen Alanis Figueroa, apuntó que “para los juzgadores esta exigencia, de la argumentación, va más allá, pues es una necesidad democrática”.
La adecuada argumentación de las sentencias judiciales, aseguró, reduce la posibilidad de que algunos actores políticos pretendan confundir a la ciudadanía con críticas falaces a las decisiones de los jueces.
Consideró que el análisis abierto de las sentencias de los organismos impartidores de justicia contribuye a que la ciudadanía se informe y conozca las razones legales de sus resoluciones.
Por ello, reiteró el compromiso del TEPJF con la crítica informada de especialistas y expertos, así como con la transparencia en la resolución y divulgación de sus sentencias.
A su vez, el magistrado Santiago Nieto Castillo, presidente de la Sala Regional Toluca del TEPJF, destacó que la argumentación jurídica es la instancia de legitimación de los órganos jurisdiccionales de todas las latitudes del mundo, pues permite la legitimidad democrática.
Así como los poderes Ejecutivo y Legislativo reciben su legitimidad democrática del voto de los ciudadanos en las urnas, los poderes judiciales reciben su legitimidad democrática de esa argumentación jurídica que plasman en las sentencias, de ahí que deban ser elaboradas con un lenguaje ciudadano que permita a todos los justiciables entender el significado de una decisión judicial que impacta en su vida, manifestó.
• La magistrada presidenta del TEPJF, María del Carmen Alanis, señaló que la argumentación es una necesidad democrática.
• El magistrado Santiago Nieto Castillo apuntó que el Poder Judicial recibe su legitimidad democrática de la argumentación jurídica.
La garantía de imparcialidad judicial, es la confianza que tiene la comunidad de que los jueces tratarán de forma parecida a las personas que se encuentran en situaciones semejantes, que no habrá distinciones injustificadas en atención a la persona y que no se favorecerá o perjudicará a alguien por situaciones ajenas a los hechos materia de las disputas.
Así lo afirmó el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, al inaugurar el Congreso Internacional de Argumentación Jurídica, e indicó que el mecanismo ideal para que los impartidores de justicia demuestren a las partes y a todos los gobernados que se actúa en forma auténticamente imparcial, es a través de los razonamientos, esto es, de las argumentaciones que dan sustento a una resolución.
“La argumentación jurídica es una cuestión íntimamente relacionada con la confianza ciudadana, y la percepción de que existe verdadera justicia en la toma de decisiones que resuelve sobre los derechos de las partes”, dijo el ministro presidente, y enfatizó que “estamos llamados a una argumentación ciudadanamente razonable, socialmente comprensible y técnicamente ostensible, defendible y honrosa”.
Al Congreso, que se llevará a cabo hoy y mañana, asisten impartidores de justicia de todos los órganos jurisdiccionales del país, especialistas nacionales e internacionales, miembros de escuelas judiciales nacionales y extranjeras, académicos de diferentes universidades, que analizarán el papel que juega la argumentación en la impartición de justicia.
El ministro Ortiz Mayagoitia apuntó que “se argumenta para convencer. Se convence para aspirar a una solución. Cuando se resuelve, el juez está obligado a argumentar y esa argumentación suele confundirse con su gran objetivo que sigue siendo exactamente el mismo del origen: convencer”.
Sostuvo que las sentencias tienen el mandato de ser convincentes: Una sentencia convincente, puntualizó, es una sentencia transparente. Una decisión que se explica a sí misma, se reviste de legitimidad porque se vuelve lenguaje, comunicación y transmisión del derecho hacia las personas que han estado en conflicto y que encuentran en la actividad judicial la respuesta a sus planteamientos.
Por su parte, la magistrada presidenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), María del Carmen Alanis Figueroa, apuntó que “para los juzgadores esta exigencia, de la argumentación, va más allá, pues es una necesidad democrática”.
La adecuada argumentación de las sentencias judiciales, aseguró, reduce la posibilidad de que algunos actores políticos pretendan confundir a la ciudadanía con críticas falaces a las decisiones de los jueces.
Consideró que el análisis abierto de las sentencias de los organismos impartidores de justicia contribuye a que la ciudadanía se informe y conozca las razones legales de sus resoluciones.
Por ello, reiteró el compromiso del TEPJF con la crítica informada de especialistas y expertos, así como con la transparencia en la resolución y divulgación de sus sentencias.
A su vez, el magistrado Santiago Nieto Castillo, presidente de la Sala Regional Toluca del TEPJF, destacó que la argumentación jurídica es la instancia de legitimación de los órganos jurisdiccionales de todas las latitudes del mundo, pues permite la legitimidad democrática.
Así como los poderes Ejecutivo y Legislativo reciben su legitimidad democrática del voto de los ciudadanos en las urnas, los poderes judiciales reciben su legitimidad democrática de esa argumentación jurídica que plasman en las sentencias, de ahí que deban ser elaboradas con un lenguaje ciudadano que permita a todos los justiciables entender el significado de una decisión judicial que impacta en su vida, manifestó.