Comunicados de Prensa
No.226/2010
México, D.F. a 11 de octubre de 2010
CORRESPONDE A TITULARES DE DELEGACIONES POLÍTICAS IMPONER SANCIONES A SUS TRABAJADORES Y NO AL OFICIAL MAYOR DEL GDF
• Así lo determinaron los ministros al resolver una controversia constitucional promovida por la Delegación Miguel Hidalgo.
El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó la norma administrativa que facultaba al Oficial Mayor del Gobierno del Distrito Federal para imponer sanciones a los trabajadores de las delegaciones del Distrito Federal, toda vez que dicho servidor público no cuenta con atribuciones para decretar la terminación de nombramientos de los empleados que incurran en infracciones a las Condiciones Generales de Trabajo.
Así lo determinaron los ministros al resolver una controversia constitucional promovida por la Delegación Miguel Hidalgo, que impugnó la Circular Uno bis 2007, denominada Normatividad en materia de administración de recursos para las delegaciones del Gobierno del Distrito Federal, y el oficio número OM/602/2007, de 4 de abril de 2007, ya que, adujo, son contrarias a la Constitución Federal.
Señalaron que las citadas disposiciones vulneran las facultades de los órganos políticos administrativos para sancionar a los trabajadores que en ellas laboran.
Ello, porque se les sujeta a un dictamen de una unidad administrativa que sólo cuenta con antecedentes documentales de cada caso, pero que en la práctica no tiene capacidad operativa para atenderlos con la celeridad necesaria que se le presenta, colocando a las delegaciones en el papel de subordinadas de la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal.
Por otra parte, el Alto Tribunal validó que la Oficialía Mayor capitalina está legalmente autorizada para emitir la normatividad que regule la administración interna de las delegaciones, así como a proponer mecanismos que obliguen a un comportamiento administrativo uniforme al interior de las mismas, el cual facilitará la evaluación del desempeño del gasto público.
Finalmente, el Pleno de ministros validó la norma de la Circular Uno Bis 2007, relativa a no permitir a las delegaciones la contratación de seguridad privada.
La sentencia surtirá sus efectos a partir de la notificación legal al Gobierno del Distrito Federal.
El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó la norma administrativa que facultaba al Oficial Mayor del Gobierno del Distrito Federal para imponer sanciones a los trabajadores de las delegaciones del Distrito Federal, toda vez que dicho servidor público no cuenta con atribuciones para decretar la terminación de nombramientos de los empleados que incurran en infracciones a las Condiciones Generales de Trabajo.
Así lo determinaron los ministros al resolver una controversia constitucional promovida por la Delegación Miguel Hidalgo, que impugnó la Circular Uno bis 2007, denominada Normatividad en materia de administración de recursos para las delegaciones del Gobierno del Distrito Federal, y el oficio número OM/602/2007, de 4 de abril de 2007, ya que, adujo, son contrarias a la Constitución Federal.
Señalaron que las citadas disposiciones vulneran las facultades de los órganos políticos administrativos para sancionar a los trabajadores que en ellas laboran.
Ello, porque se les sujeta a un dictamen de una unidad administrativa que sólo cuenta con antecedentes documentales de cada caso, pero que en la práctica no tiene capacidad operativa para atenderlos con la celeridad necesaria que se le presenta, colocando a las delegaciones en el papel de subordinadas de la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal.
Por otra parte, el Alto Tribunal validó que la Oficialía Mayor capitalina está legalmente autorizada para emitir la normatividad que regule la administración interna de las delegaciones, así como a proponer mecanismos que obliguen a un comportamiento administrativo uniforme al interior de las mismas, el cual facilitará la evaluación del desempeño del gasto público.
Finalmente, el Pleno de ministros validó la norma de la Circular Uno Bis 2007, relativa a no permitir a las delegaciones la contratación de seguridad privada.
La sentencia surtirá sus efectos a partir de la notificación legal al Gobierno del Distrito Federal.