Comunicados de Prensa
No.210/2010
México, D.F. a 21 de septiembre de 2010
CARECE ESTADO DE TAMAULIPAS DE INTERÉS LEGÍTIMO PARA PROMOVER CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL SOBRE DISTRIBUCIÓN DE AGUAS
El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que el gobierno del estado de Tamaulipas carece de interés legítimo para impugnar, por vía de controversia constitucional, los actos derivados del cumplimiento del Tratado sobre Distribución de Aguas Internacionales entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América.
El gobierno de dicha entidad promovió controversia constitucional solicitando la declaración de invalidez de los actos de disposición y entrega de las aguas de la cuenca del Río Bravo a los Estados Unidos de América, efectuados entre la última semana de septiembre y la primera semana de octubre de 2007, con motivo del cierre del ciclo 27 del citado tratado internacional, porque en su concepto, se afectaba a la población de esa entidad federativa.
La decisión del Pleno de ministros se fundamentó, esencialmente, en que las aguas de la cuenca del Río Bravo son de jurisdicción federal, por lo que corresponde a la Federación y no a los estados su administración, con base en lo dispuesto por el artículo 27 constitucional, de ahí que el gobierno de Tamaulipas careciera de interés legitimo para promover dicho medio de impugnación.
Asimismo, el Alto Tribunal determinó que el gobierno de Tamaulipas carecía de interés porque en la demanda relativa no realizó un planteamiento de afectación a su esfera de atribución, sino que la promovió con el propósito de defender los intereses de diversas asociaciones de agricultores.
El gobierno de dicha entidad promovió controversia constitucional solicitando la declaración de invalidez de los actos de disposición y entrega de las aguas de la cuenca del Río Bravo a los Estados Unidos de América, efectuados entre la última semana de septiembre y la primera semana de octubre de 2007, con motivo del cierre del ciclo 27 del citado tratado internacional, porque en su concepto, se afectaba a la población de esa entidad federativa.
La decisión del Pleno de ministros se fundamentó, esencialmente, en que las aguas de la cuenca del Río Bravo son de jurisdicción federal, por lo que corresponde a la Federación y no a los estados su administración, con base en lo dispuesto por el artículo 27 constitucional, de ahí que el gobierno de Tamaulipas careciera de interés legitimo para promover dicho medio de impugnación.
Asimismo, el Alto Tribunal determinó que el gobierno de Tamaulipas carecía de interés porque en la demanda relativa no realizó un planteamiento de afectación a su esfera de atribución, sino que la promovió con el propósito de defender los intereses de diversas asociaciones de agricultores.