Comunicados de Prensa
No.164/2010
México, D.F. a 25 de junio de 2010
SESIONA EN SCJN CONSEJO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL
• Se planteó no diferenciar en el territorio nacional la protección de derechos y libertades fundamentales, como medio para avanzar más rápido.
• Incansable, la voluntad el pueblo mexicano por fortalecer y construir los caminos de la justicia a través de leyes y de convivencia ordenada y pacífica que sólo la legalidad puede garantizar: ministro Gudiño Pelayo.
• El Consejero Óscar Vázquez Marín destacó el trabajo de los siete juzgados federales especializados en cateos, arraigos e intervención de comunicaciones.
Con el planteamiento de que, para avanzar más rápido en la implementación del nuevo modelo de justicia penal para el país, es necesario no diferenciar en el territorio nacional la protección de los derechos y las libertades fundamentales, concluyó la I Sesión Extraordinaria del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, efectuada en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
En la sesión, la secretaría técnica del consejo rindió un informe de actividades a dos años de la reforma constitucional en materia de seguridad y justicia penal, y a un año de la instalación del citado órgano, del que se subrayó el trabajo emprendido para lograr un proyecto de Código Federal de Procedimientos Penales, que sería modelo, a nivel legislativo, para lograr un código de esta naturaleza para todo el país.
En el área de murales del máximo tribunal, también se planteó que para avanzar en el nuevo modelo de justicia penal se requiere ir con prisa, pero sin tropiezos, con la suma de la voluntad política de los actores involucrados en los estados, y de que en esta tarea no hay cabida a las improvisaciones.
Por la representación del Poder Judicial de la Federación -SCJN-, el ministro José de Jesús Gudiño Pelayo expresó la convicción por honrar el plazo constitucional para implementar la reforma, pero acotó que esto debe ser sin una prisa que comprometa la reflexión, aunque con la contundencia que hace posible mantener un ritmo conveniente.
Se refirió a los esfuerzos que se emprenden al interior del Poder Judicial Federal, y citó las acciones tendentes al cambio cultural y la divulgación del nuevo sistema que, consideró, será más justo, oportuno, transparente, moderno, eficiente y más democrático.
“En donde víctima, ofendido y Estado participen responsable y activamente en la solución de conflictos, en la reparación de los daños y en el uso de la prisión como última consecuencia de un proceso limpio y garante”, enfatizó.
El ministro subrayó también la incansable voluntad el pueblo mexicano por fortalecer y construir los caminos de la justicia a través de leyes y de convivencia ordenada y pacífica que sólo la legalidad puede garantizar.
Por la representación del Consejo de la Judicatura Federal, el Consejero Óscar Vázquez Marín dijo que el Poder Judicial de la Federación ha procurado cumplir y hacer cumplir la implementación del sistema penal acusatorio a partir de tres ejes de trabajo: organizacional, cultural y coordinación institucional.
Se refirió a la creación de siete juzgados federales especializados en cateos, arraigos e intervención de comunicaciones, y precisó que desde su instalación (enero de 2009) a este mes se han resuelto 5 mil 809 solicitudes de arraigos, 949 de cateos y 74 de intervención de comunicaciones.
Añadió que con la creación de estos juzgados se cumplió el compromiso asumido por el Poder Judicial de la Federación en el marco del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, y que además serán la base de lo que se constituirán como los juzgados de control, previstos en el nuevo sistema de justicia penal.
También se refirió a la realización del curso teórico-práctico de capacitación en proceso penal acusatorio, impartido en el Instituto de la Judicatura Federal, para el cual se implementó una sala de audiencias de juicio oral, en el que se prepara al personal para el nuevo reto.
Fue el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont Urueta, quien en la sesión planteó la uniformidad de la protección de los derechos y libertades fundamentales en el país, como vía para apurar la implementación del nuevo modelo de justicia penal.
No deben existir, enfatizó, diferencias en la protección de derechos y libertades en perjuicio de unas zonas del país respecto a otras, y apeló al principio de la universalidad de éstos.
Por ello propuso analizar la posibilidad de formular un Código Nacional de Procedimientos Penales, para que los derechos y libertades sean reconocidos y respetados por todos, gracias a reglas idénticas en todo el país.
Ese código, apuntó, daría ventajas prácticas importantes ya que, siendo nacional, distribuiría competencias y reglas para resolver los conflictos en esta materia, generaría reglas de colaboración entre los diversos niveles de autoridad, y establecería los procedimientos para la validación de actos que se realicen en una y otra parte del territorio, y con ello su defensa.
“Lo someto a su reflexión porque me parece que puede ser la manera más sencilla y simple de que los trabajos de esta comisión se apuren y puedan consolidarse en el tiempo”, dijo el funcionario del Ejecutivo federal.
En la sesión intervinieron, asimismo, el diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas, en representación de la Cámara de Diputados, quien expresó la voluntad y empeño de la actual Legislatura para trabajar desde su ámbito en la implementación de la reforma.
A su vez, el senador Ricardo Pacheco Rodríguez, en representación de la Cámara de Senadores, reconoció la disposición y voluntad de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura en los trabajos de implementación de la reforma.
• Incansable, la voluntad el pueblo mexicano por fortalecer y construir los caminos de la justicia a través de leyes y de convivencia ordenada y pacífica que sólo la legalidad puede garantizar: ministro Gudiño Pelayo.
• El Consejero Óscar Vázquez Marín destacó el trabajo de los siete juzgados federales especializados en cateos, arraigos e intervención de comunicaciones.
Con el planteamiento de que, para avanzar más rápido en la implementación del nuevo modelo de justicia penal para el país, es necesario no diferenciar en el territorio nacional la protección de los derechos y las libertades fundamentales, concluyó la I Sesión Extraordinaria del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, efectuada en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
En la sesión, la secretaría técnica del consejo rindió un informe de actividades a dos años de la reforma constitucional en materia de seguridad y justicia penal, y a un año de la instalación del citado órgano, del que se subrayó el trabajo emprendido para lograr un proyecto de Código Federal de Procedimientos Penales, que sería modelo, a nivel legislativo, para lograr un código de esta naturaleza para todo el país.
En el área de murales del máximo tribunal, también se planteó que para avanzar en el nuevo modelo de justicia penal se requiere ir con prisa, pero sin tropiezos, con la suma de la voluntad política de los actores involucrados en los estados, y de que en esta tarea no hay cabida a las improvisaciones.
Por la representación del Poder Judicial de la Federación -SCJN-, el ministro José de Jesús Gudiño Pelayo expresó la convicción por honrar el plazo constitucional para implementar la reforma, pero acotó que esto debe ser sin una prisa que comprometa la reflexión, aunque con la contundencia que hace posible mantener un ritmo conveniente.
Se refirió a los esfuerzos que se emprenden al interior del Poder Judicial Federal, y citó las acciones tendentes al cambio cultural y la divulgación del nuevo sistema que, consideró, será más justo, oportuno, transparente, moderno, eficiente y más democrático.
“En donde víctima, ofendido y Estado participen responsable y activamente en la solución de conflictos, en la reparación de los daños y en el uso de la prisión como última consecuencia de un proceso limpio y garante”, enfatizó.
El ministro subrayó también la incansable voluntad el pueblo mexicano por fortalecer y construir los caminos de la justicia a través de leyes y de convivencia ordenada y pacífica que sólo la legalidad puede garantizar.
Por la representación del Consejo de la Judicatura Federal, el Consejero Óscar Vázquez Marín dijo que el Poder Judicial de la Federación ha procurado cumplir y hacer cumplir la implementación del sistema penal acusatorio a partir de tres ejes de trabajo: organizacional, cultural y coordinación institucional.
Se refirió a la creación de siete juzgados federales especializados en cateos, arraigos e intervención de comunicaciones, y precisó que desde su instalación (enero de 2009) a este mes se han resuelto 5 mil 809 solicitudes de arraigos, 949 de cateos y 74 de intervención de comunicaciones.
Añadió que con la creación de estos juzgados se cumplió el compromiso asumido por el Poder Judicial de la Federación en el marco del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, y que además serán la base de lo que se constituirán como los juzgados de control, previstos en el nuevo sistema de justicia penal.
También se refirió a la realización del curso teórico-práctico de capacitación en proceso penal acusatorio, impartido en el Instituto de la Judicatura Federal, para el cual se implementó una sala de audiencias de juicio oral, en el que se prepara al personal para el nuevo reto.
Fue el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont Urueta, quien en la sesión planteó la uniformidad de la protección de los derechos y libertades fundamentales en el país, como vía para apurar la implementación del nuevo modelo de justicia penal.
No deben existir, enfatizó, diferencias en la protección de derechos y libertades en perjuicio de unas zonas del país respecto a otras, y apeló al principio de la universalidad de éstos.
Por ello propuso analizar la posibilidad de formular un Código Nacional de Procedimientos Penales, para que los derechos y libertades sean reconocidos y respetados por todos, gracias a reglas idénticas en todo el país.
Ese código, apuntó, daría ventajas prácticas importantes ya que, siendo nacional, distribuiría competencias y reglas para resolver los conflictos en esta materia, generaría reglas de colaboración entre los diversos niveles de autoridad, y establecería los procedimientos para la validación de actos que se realicen en una y otra parte del territorio, y con ello su defensa.
“Lo someto a su reflexión porque me parece que puede ser la manera más sencilla y simple de que los trabajos de esta comisión se apuren y puedan consolidarse en el tiempo”, dijo el funcionario del Ejecutivo federal.
En la sesión intervinieron, asimismo, el diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas, en representación de la Cámara de Diputados, quien expresó la voluntad y empeño de la actual Legislatura para trabajar desde su ámbito en la implementación de la reforma.
A su vez, el senador Ricardo Pacheco Rodríguez, en representación de la Cámara de Senadores, reconoció la disposición y voluntad de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura en los trabajos de implementación de la reforma.