Comunicados de Prensa

• Los ministros determinaron que se cumplen los requisitos de interés y trascendencia para atraer este caso.

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ejerció su facultad de atracción para analizar otros tres amparos, que involucran a nueve personas, relacionados con los hechos violentos de San Salvador Atenco, ocurridos en mayo de 2006.

Los ministros determinaron que estos asuntos revisten interés y trascendencia porque, al igual que se resolvió en la solicitud de ejercicio de la facultad de atracción 126/2009 –del 10 de febrero—, su estudio permitirá sentar criterio acerca de la legitimidad o punibilidad de la práctica de retener servidores públicos, a modo de rehenes, como medio de presión para obtener determinadas peticiones por parte de la autoridad.

En el caso, nueve personas impugnan la sentencia que les condenó por el delito de secuestro equiparado, por su participación en los hechos acontecidos los días 2 y 3 de mayo de 2006, en el municipio de San Salvador Atenco, Estado de México.

Los ministros consideraron que con estos asuntos se evaluará la constitucionalidad del tipo penal de secuestro equiparado, así como definir constitucionalmente las relaciones que pueden existir entre el ejercicio de las libertades de expresión, petición y manifestación.

Subrayaron que, mediante el estudio de estos tres amparos, se estará en posibilidad de perfeccionar y fortalecer la doctrina que la Primera Sala ha venido desarrollando, recientemente, en relación con la licitud de la prueba en el proceso penal y su obligatoriedad desde el punto de vista del debido proceso.

De acuerdo con los hechos, los delitos se cometieron cuando integrantes de la Organización Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) privaron de su libertad a diversos funcionarios públicos del gobierno del Estado de México, con el objeto de obligar al titular del Poder Ejecutivo local, a que liberara a uno de sus miembros, y reanudaran las mesas de diálogo.



Asimismo, cuando en una reunión programada entre funcionarios del gobierno mexiquense y el FPDT, para tratar criterios sobre educación, éstos últimos, al percatarse de que no se encontraba el Secretario de Educación Pública de la entidad, retuvieron a los servidores públicos como medida de presión para obligar la presencia y atención del titular del ramo.