Comunicados de Prensa
No.296/2009
México, D.F. a 15 de diciembre de 2009
PJF, COMPROMETIDO CON SEGURIDAD, LEGALIDAD Y RENDICIÓN DE CUENTAS: MINISTRO ORTIZ MAYAGOITIA
• El presidente del Alto Tribunal y del Consejo de la Judicatura Federal rindió su informe anual de labores.
• 2010, el Año del Acceso a la Justicia, informó.
El Poder Judicial de la Federación (PJF) está comprometido con la seguridad, la legalidad y la justicia, y vela por la vigencia del estado de derecho, manifestó el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, quien informó que 2010 será el Año de Acceso a la Justicia.
Al rendir su informe anual de labores, refrendó el compromiso con la austeridad, el control del gasto público y la rendición de cuentas, y comentó que la administración judicial federal está y seguirá comprometida con la transparencia, la honestidad y la racionalidad que México merece.
Ante los Plenos de la SCJN y del CJF, y la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el ministro Ortiz Mayagoitia destacó que en 2010 la ética judicial, la equidad de género, la comunicación con la sociedad, la modernización tecnológica y el fortalecimiento de la capacitación y de la carrera judicial serán temas comunes para todos los órganos jurisdiccionales de México.
Con la presencia del presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, y del presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Francisco Ramírez Acuña, el ministro dijo que la división de poderes en México funciona con armonía y con respeto institucional.
Comentó que el Alto Tribunal dedica gran parte de su trabajo para fortalecer y modernizar las libertades y derechos de los gobernados por la vía del amparo, en tanto que los juzgados y tribunales federales cumplen una doble función: son competentes para conocer y resolver los juicios del orden federal, y son instancias de protección de los derechos fundamentales, a través del amparo.
Explicó que del 1 de diciembre de 2008 al 30 de noviembre de 2009, el Alto Tribunal recibió y tramitó el turno de 4 mil 564 asuntos que se distribuyeron entre el Pleno y las Salas, en tanto que en este año ingresaron a los juzgados y tribunales federales 793 mil 155 asuntos, que sumados a la existencia inicial, significaron una carga de trabajo anual muy cercana al millón de asuntos.
Aseveró que los juzgadores federales buscan afrontar de mejor manera las cargas de trabajo, con apego a los principios constitucionales de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo e independencia.
En su tercer informe, el ministro presidente expresó también que el amparo ha sido, y sigue siendo, la vía idónea, eficaz y efectiva, para hacer valer las garantías individuales frente a los actos de cualquier autoridad que pudiera amenazarlas, y garantizó que de ello está siempre atenta la SCJN.
Se refirió a las controversias constitucionales, y destacó que entre 1995 y 2000, la Corte resolvía en promedio 27 controversias anualmente; en 2009, abundó, se promovieron 123.
Informó que en 2009 se promovieron 96 acciones de inconstitucionalidad, y recordó que este mecanismo de control abstracto de constitucionalidad es el más característico de la Novena Época, porque nació con ella; y en los primeros 15 años estadísticos se han recibido 707 acciones, la gran mayoría de ellas referentes a la materia electoral, que ha representado cerca del 44% de los asuntos.
Se refirió también a la reforma constitucional en materia de remuneraciones de los servidores públicos, e indicó que se ajustaron –y se han remitido para su publicación- los tabuladores salariales de los titulares y servidores de la SCJN, CJF y TEPJF, para cumplir cabalmente con las nuevas disposiciones, los nuevos referentes y los principios que se harán efectivos en 2010.
El manejo de recursos está sujeto a la supervisión de la Auditoría Superior de la Federación que revisa plenamente, mientras que las contralorías internas también llevan a cabo múltiples auditorías y verificaciones, que se suman al trabajo de los auditores externos, quienes emiten dictámenes independientes incluso en materia de fideicomisos, explicó.
Comentó, además, que Transparencia Internacional, a través de su capítulo mexicano, ha participado en algunos procesos de adjudicación de contratos, y que la presidenta mundial de esa organización expresó su reconocimiento por los esfuerzos de apertura administrativa del PJF, que son –en su opinión- novedosos a nivel global.
El ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia expuso que en 2009, importantes criterios se construyeron a partir del juicio de amparo, en materias como las siguientes:
- La libertad sexual y de reasignación de género de toda persona; la garantía de no discriminación; la igualdad tributaria, aplicable también a las instituciones públicas; la constitucionalidad de los cambios en las disposiciones que regulan la base gravable y las reglas de cálculo de las contribuciones; la libertad de expresión y de información; los distintos niveles de responsabilidad de los autores y editores que publican sus opiniones; el principio de presunción de inocencia y de debido proceso, y la constitucionalidad de establecer requisitos para ejercer especialidades médicas.
En cuanto a la facultad de investigación, prevista en el artículo 97 constitucional respecto de hechos que puedan constituir violaciones graves a las garantías individuales, expresó que en 2009 llegaron a su fin dos de estas investigaciones, y en ambos casos se procuró la divulgación oportuna de los documentos, dictámenes y proyectos, para que la información fluyera ágilmente aún antes de las deliberaciones en el Pleno.
El primero fue el conocido como caso Atenco, y el segundo el llamado caso Oaxaca. En ambos se hizo evidente la necesidad de promover lineamientos y referentes que enmarquen el uso de la fuerza pública, sus límites, sus parámetros técnicos y los estándares que se deben observar, para preservar el equilibrio entre los derechos fundamentales y el orden y la paz pública.
Tanto el exceso como la omisión en este sensible ámbito de acción de la autoridad, son condiciones que pueden generar la violación grave de garantías individuales, expuso al precisar que en ninguno de los dos casos mencionados se ha condenado, ni exonerado a ninguna persona, grupo o autoridad; la facultad de investigación del artículo 97, no es vía para ello, como se ha señalado en forma reiterada el Pleno, añadió.
En 2009, también se determinó ejercer esta facultad, respecto de los hechos en la Guardería ABC, de Hermosillo, Sonora, y la investigación se encuentra en curso, señaló.
El ministro presidente planteó que se inició un ambicioso programa para que la equidad de género forme parte de las normas y políticas administrativas, así como para sensibilizar a los servidores que realizan actividades jurisdiccionales en este trascendente tema.
Finalmente, dijo que en el PJF hay una comunicación renovada, con el aprovechamiento del Internet como vía de acceso a la información judicial, con el desarrollo de un buscador jurídico para navegar en el mar de la información judicial, en tanto que el Canal Judicial amplía sus contenidos, mientras que a través del Instituto Mexicano de la Radio se presentan novedosos programas sobre el quehacer institucional.
El presidente Felipe Calderón acudió al informe acompañado por su esposa, Margarita Zavala; asistieron, también, el procurador general de la República, Arturo Chávez Chávez; el consejero jurídico de la Presidencia, Miguel Alessio Robles, y el secretario particular del jefe del Ejecutivo federal, Luis Felipe Bravo Mena.
Asimismo, estuvieron el consejero presidente del Instituto Federal Electoral, Leonardo Valdés Zurita, y el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Raúl Plascencia Villanueva, entre otros.
• 2010, el Año del Acceso a la Justicia, informó.
El Poder Judicial de la Federación (PJF) está comprometido con la seguridad, la legalidad y la justicia, y vela por la vigencia del estado de derecho, manifestó el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, quien informó que 2010 será el Año de Acceso a la Justicia.
Al rendir su informe anual de labores, refrendó el compromiso con la austeridad, el control del gasto público y la rendición de cuentas, y comentó que la administración judicial federal está y seguirá comprometida con la transparencia, la honestidad y la racionalidad que México merece.
Ante los Plenos de la SCJN y del CJF, y la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el ministro Ortiz Mayagoitia destacó que en 2010 la ética judicial, la equidad de género, la comunicación con la sociedad, la modernización tecnológica y el fortalecimiento de la capacitación y de la carrera judicial serán temas comunes para todos los órganos jurisdiccionales de México.
Con la presencia del presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, y del presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Francisco Ramírez Acuña, el ministro dijo que la división de poderes en México funciona con armonía y con respeto institucional.
Comentó que el Alto Tribunal dedica gran parte de su trabajo para fortalecer y modernizar las libertades y derechos de los gobernados por la vía del amparo, en tanto que los juzgados y tribunales federales cumplen una doble función: son competentes para conocer y resolver los juicios del orden federal, y son instancias de protección de los derechos fundamentales, a través del amparo.
Explicó que del 1 de diciembre de 2008 al 30 de noviembre de 2009, el Alto Tribunal recibió y tramitó el turno de 4 mil 564 asuntos que se distribuyeron entre el Pleno y las Salas, en tanto que en este año ingresaron a los juzgados y tribunales federales 793 mil 155 asuntos, que sumados a la existencia inicial, significaron una carga de trabajo anual muy cercana al millón de asuntos.
Aseveró que los juzgadores federales buscan afrontar de mejor manera las cargas de trabajo, con apego a los principios constitucionales de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo e independencia.
En su tercer informe, el ministro presidente expresó también que el amparo ha sido, y sigue siendo, la vía idónea, eficaz y efectiva, para hacer valer las garantías individuales frente a los actos de cualquier autoridad que pudiera amenazarlas, y garantizó que de ello está siempre atenta la SCJN.
Se refirió a las controversias constitucionales, y destacó que entre 1995 y 2000, la Corte resolvía en promedio 27 controversias anualmente; en 2009, abundó, se promovieron 123.
Informó que en 2009 se promovieron 96 acciones de inconstitucionalidad, y recordó que este mecanismo de control abstracto de constitucionalidad es el más característico de la Novena Época, porque nació con ella; y en los primeros 15 años estadísticos se han recibido 707 acciones, la gran mayoría de ellas referentes a la materia electoral, que ha representado cerca del 44% de los asuntos.
Se refirió también a la reforma constitucional en materia de remuneraciones de los servidores públicos, e indicó que se ajustaron –y se han remitido para su publicación- los tabuladores salariales de los titulares y servidores de la SCJN, CJF y TEPJF, para cumplir cabalmente con las nuevas disposiciones, los nuevos referentes y los principios que se harán efectivos en 2010.
El manejo de recursos está sujeto a la supervisión de la Auditoría Superior de la Federación que revisa plenamente, mientras que las contralorías internas también llevan a cabo múltiples auditorías y verificaciones, que se suman al trabajo de los auditores externos, quienes emiten dictámenes independientes incluso en materia de fideicomisos, explicó.
Comentó, además, que Transparencia Internacional, a través de su capítulo mexicano, ha participado en algunos procesos de adjudicación de contratos, y que la presidenta mundial de esa organización expresó su reconocimiento por los esfuerzos de apertura administrativa del PJF, que son –en su opinión- novedosos a nivel global.
El ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia expuso que en 2009, importantes criterios se construyeron a partir del juicio de amparo, en materias como las siguientes:
- La libertad sexual y de reasignación de género de toda persona; la garantía de no discriminación; la igualdad tributaria, aplicable también a las instituciones públicas; la constitucionalidad de los cambios en las disposiciones que regulan la base gravable y las reglas de cálculo de las contribuciones; la libertad de expresión y de información; los distintos niveles de responsabilidad de los autores y editores que publican sus opiniones; el principio de presunción de inocencia y de debido proceso, y la constitucionalidad de establecer requisitos para ejercer especialidades médicas.
En cuanto a la facultad de investigación, prevista en el artículo 97 constitucional respecto de hechos que puedan constituir violaciones graves a las garantías individuales, expresó que en 2009 llegaron a su fin dos de estas investigaciones, y en ambos casos se procuró la divulgación oportuna de los documentos, dictámenes y proyectos, para que la información fluyera ágilmente aún antes de las deliberaciones en el Pleno.
El primero fue el conocido como caso Atenco, y el segundo el llamado caso Oaxaca. En ambos se hizo evidente la necesidad de promover lineamientos y referentes que enmarquen el uso de la fuerza pública, sus límites, sus parámetros técnicos y los estándares que se deben observar, para preservar el equilibrio entre los derechos fundamentales y el orden y la paz pública.
Tanto el exceso como la omisión en este sensible ámbito de acción de la autoridad, son condiciones que pueden generar la violación grave de garantías individuales, expuso al precisar que en ninguno de los dos casos mencionados se ha condenado, ni exonerado a ninguna persona, grupo o autoridad; la facultad de investigación del artículo 97, no es vía para ello, como se ha señalado en forma reiterada el Pleno, añadió.
En 2009, también se determinó ejercer esta facultad, respecto de los hechos en la Guardería ABC, de Hermosillo, Sonora, y la investigación se encuentra en curso, señaló.
El ministro presidente planteó que se inició un ambicioso programa para que la equidad de género forme parte de las normas y políticas administrativas, así como para sensibilizar a los servidores que realizan actividades jurisdiccionales en este trascendente tema.
Finalmente, dijo que en el PJF hay una comunicación renovada, con el aprovechamiento del Internet como vía de acceso a la información judicial, con el desarrollo de un buscador jurídico para navegar en el mar de la información judicial, en tanto que el Canal Judicial amplía sus contenidos, mientras que a través del Instituto Mexicano de la Radio se presentan novedosos programas sobre el quehacer institucional.
El presidente Felipe Calderón acudió al informe acompañado por su esposa, Margarita Zavala; asistieron, también, el procurador general de la República, Arturo Chávez Chávez; el consejero jurídico de la Presidencia, Miguel Alessio Robles, y el secretario particular del jefe del Ejecutivo federal, Luis Felipe Bravo Mena.
Asimismo, estuvieron el consejero presidente del Instituto Federal Electoral, Leonardo Valdés Zurita, y el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Raúl Plascencia Villanueva, entre otros.