Suprema Corte de Justicia

Comunicados de Prensa

No.277/2009

México, D.F. a 30 de noviembre de 2009

CON SUS RESOLUCIONES, LA PRIMERA SALA ASEGURA LA VIGENCIA DE LA CONSTITUCIÓN, CON SENTIDO CRÍTICO E INDEPENDIENTE

*Así lo señaló el ministro Sergio A. Valls Hernández, presidente de la Primera Sala, al rendir el informe de labores 2009.

*Reconoció la labor de los medios de comunicación, que permite poner en manos de los ciudadanos, con certeza y responsabilidad, los criterios emitidos por la Sala.

A través de sus criterios, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se reafirma como un órgano que asegura la vigencia de la Constitución, con un sentido crítico e independiente de los actores sociales, económicos y políticos, afirmó su presidente, ministro Sergio A. Valls Hernández, al señalar que mediante sus resoluciones, responde a los retos que la dinámica social y el estado de derecho exigen.

Al rendir su informe de labores 2009 como presidente de la Primera Sala, destacó que se han emitido criterios de gran trascendencia social, que han contribuido a la formación de una conciencia constitucional en la ciudadanía.

Consideró que una vez más, con este informe de labores, se evidencia que transparencia, rendición de cuentas y promoción a la cultura constitucional constituyen los ejes rectores de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El ministro Valls Hernández manifestó que a partir de mañana, 1 de diciembre, por Acuerdo Plenario, dejará de formar parte de la integración de la Primera Sala y se incorporará a la Segunda Sala.

En sesión solemne, informó que dentro de los temas de gran importancia que fueron resueltos en este año, destacan: el de pensión alimenticia respecto de descendientes y por concepto de viudez; indemnización en juicio de divorcio; violencia intrafamiliar; interés superior del niño, y restricción al derecho de los cónyuges o concubinos a recibir pensión por viudez derivada de la muerte del trabajador.

Asimismo, pérdida de la patria potestad; libertad de expresión y derecho a la información; derechos de honor y a la privacidad, y acceso pleno de las personas indígenas a la jurisdicción del Estado.

También se encuentran, abundó, los que se refieren a fármacodependencia; inviolabilidad del domicilio; suspensión de derechos civiles del sentenciado, y portación de armas de uso militar no permitidas en domicilios privados ni mucho menos en lugares públicos.

Expuso que además de los criterios emitidos en materia procesal y los referentes a la Ley de Amparo, se encuentran los temas relacionados con la protección del medio ambiente; las universidades públicas como organismos descentralizados y autónomos, que implican autoformación y autogobierno, y el de no discriminación en materia de salud.

Referente a los asuntos que determinó la Sala ejercer facultad de atracción, destaca el relacionado con los amparos promovidos por un particular en el que demandó la indemnización por daño moral a una empresa y a la persona que escribió una nota periodística sobre su vida privada, por lo cual su contenido comprende temas como la libertad de expresión, derecho a la información, derecho al honor y derecho a la intimidad, así como los límites que debe respetar el ejercicio de los derechos y libertades que contienen los artículos 6 y 7 constitucionales.

En su informe de labores, el ministro señaló como un caso especial, el que se refiere a los hechos ocurridos el 22 de diciembre de 1997, en la comunidad de Acteal del municipio de Chenalhó. La resolución del asunto permitió a la Primera Sala fijar 23 criterios referentes a la garantía constitucional de defensa adecuada y debido proceso, así como los derechos mínimos que tienen los indígenas en un juicio.

El ministro Valls Hernández hizo un reconocimiento a la gran difusión efectuada por los reporteros que cubren la fuente del Alto Tribunal, ya que su actuación constituye, dijo, realmente una expresión de la actividad de la Sala, un medio que permite poner en manos de los ciudadanos, con certeza y responsabilidad, los criterios emitidos.

De acuerdo a los datos estadísticos, informó que en los meses que se reportan, a la Primera Sala ingresaron 2 mil 193 asuntos, que se sumarían a los 159 que se encontraban en trámite el año pasado, dando un total de 2 mil 352. De ellos, indicó, en 36 sesiones públicas, se fallaron mil 699; se enviaron para conocimiento del Tribunal Pleno y Segunda Sala, 263; egresaron 62 (7 por dictamen y 55 por acuerdo de Presidencia de la Sala), y quedaron por resolver 328.

De este total de ingresos, en los rubros principales se tienen los siguientes: 359 amparos directos en revisión, 351 amparos en revisión, 21 amparos directos, 11 acciones de inconstitucionalidad, 50 competencias, 152 contradicciones de tesis, 34 controversias constitucionales, 61 facultades de atracción, 176 inconformidades, 652 incidentes de inejecución de sentencia, 236 reclamaciones y 38 revisiones administrativas.


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