Comunicados de Prensa
No.118/2009
México, D.F. a 3 de junio de 2009
LA PERSPECTIVA DE GÉNERO DEBE ESTAR CONECTADA CON CRECIMIENTO ECONÓMICO Y TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA
• Así lo señaló la ministra Olga Sánchez Cordero, al inaugurar el seminario Constitucionalidad de las Órdenes de Protección en Casos de Violencia Familiar, organizado por la SCJN, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y el IIJ-UNAM.
Es importante que la equidad de género no sea un asunto exclusivo de las mujeres, ni tampoco un capítulo aislado del quehacer público, manifestó la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Olga Sánchez Cordero, al señalar que la perspectiva de género debe ser un tema interconectado con el crecimiento económico, la transición democrática, la reforma en la vida institucional, la fortaleza de las familias y la participación del tejido comunitario.
Al participar en el seminario Constitucionalidad de las Órdenes de Protección en Casos de Violencia Familiar, organizado por la SCJN, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Sánchez Cordero consideró que el Alto Tribunal pretende fomentar activamente el debate jurídico con perspectiva de género.
De igual forma, dijo, se aspira a que las propuestas surgidas de estos seminarios contribuyan a mejorar el acceso de las mujeres a la justicia, a través del intercambio entre la academia y los órganos jurisdiccionales.
“De entre los múltiples retos que implica la perspectiva de género, destaca para el Poder Judicial de la Federación el de la relación que guarda con la interpretación judicial. Este binomio es del mayor interés de la SCJN que, a través del Programa de Equidad de Género, ha manifestado su propósito de introducir la perspectiva de género en las labores jurisdiccionales y administrativas del Alto Tribunal”.
Por su parte, Lorenzo Córdova, representante del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, se congratuló por este tipo de seminarios que lleva a cabo el Alto Tribunal con instituciones de educación superior.
Afirmó que la SCJN está llamada a jugar un papel preponderante en un contexto de construcción de la democracia constitucional, que debe estar acompañada de la reflexión y de la crítica sana de quienes abordan los temas jurídicos, como son las instituciones educativas públicas y privadas, cuya responsabilidad es con la sociedad.
En tanto, la jueza María del Rocío Morales Hernández, del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, comparó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y el Código Penal del Distrito Federal y su Reglamento, respecto a las órdenes de protección en caso de violencia familiar.
Aclaró que con estas medidas se pretende evitar la discriminación hacia la mujer, que está referida en el artículo 1, párrafo tercero de la Constitución. Al evitar esta discriminación se pretende lograr una verdadera y efectiva igualdad de la mujer con el hombre, misma que también está contenida en el artículo 4 constitucional, ya que el varón y la mujer son iguales ante la ley, señaló.
A su vez, el catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México, Julián Güitrón Fuentevilla, hizo una crítica a la Ley General de Acceso de la Mujeres a una Vida Libre de Violencia, por considerar que no incluye a los hombres como sujetos de la violencia, y lamentó que el Código Penal para el Distrito Federal haya asumido esa directriz.
Por su parte, la magistrada Edna Lorena Hernández aseguró que con las órdenes de protección en casos de violencia familiar, se van a salvar muchas vidas en todo el país, y recordó que la creación de la Ley de Acceso de las Mujeres Libre de Violencia se generó a raíz de los lamentables asesinatos registrados en los últimos años en Ciudad Juárez.
Es importante que la equidad de género no sea un asunto exclusivo de las mujeres, ni tampoco un capítulo aislado del quehacer público, manifestó la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Olga Sánchez Cordero, al señalar que la perspectiva de género debe ser un tema interconectado con el crecimiento económico, la transición democrática, la reforma en la vida institucional, la fortaleza de las familias y la participación del tejido comunitario.
Al participar en el seminario Constitucionalidad de las Órdenes de Protección en Casos de Violencia Familiar, organizado por la SCJN, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Sánchez Cordero consideró que el Alto Tribunal pretende fomentar activamente el debate jurídico con perspectiva de género.
De igual forma, dijo, se aspira a que las propuestas surgidas de estos seminarios contribuyan a mejorar el acceso de las mujeres a la justicia, a través del intercambio entre la academia y los órganos jurisdiccionales.
“De entre los múltiples retos que implica la perspectiva de género, destaca para el Poder Judicial de la Federación el de la relación que guarda con la interpretación judicial. Este binomio es del mayor interés de la SCJN que, a través del Programa de Equidad de Género, ha manifestado su propósito de introducir la perspectiva de género en las labores jurisdiccionales y administrativas del Alto Tribunal”.
Por su parte, Lorenzo Córdova, representante del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, se congratuló por este tipo de seminarios que lleva a cabo el Alto Tribunal con instituciones de educación superior.
Afirmó que la SCJN está llamada a jugar un papel preponderante en un contexto de construcción de la democracia constitucional, que debe estar acompañada de la reflexión y de la crítica sana de quienes abordan los temas jurídicos, como son las instituciones educativas públicas y privadas, cuya responsabilidad es con la sociedad.
En tanto, la jueza María del Rocío Morales Hernández, del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, comparó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y el Código Penal del Distrito Federal y su Reglamento, respecto a las órdenes de protección en caso de violencia familiar.
Aclaró que con estas medidas se pretende evitar la discriminación hacia la mujer, que está referida en el artículo 1, párrafo tercero de la Constitución. Al evitar esta discriminación se pretende lograr una verdadera y efectiva igualdad de la mujer con el hombre, misma que también está contenida en el artículo 4 constitucional, ya que el varón y la mujer son iguales ante la ley, señaló.
A su vez, el catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México, Julián Güitrón Fuentevilla, hizo una crítica a la Ley General de Acceso de la Mujeres a una Vida Libre de Violencia, por considerar que no incluye a los hombres como sujetos de la violencia, y lamentó que el Código Penal para el Distrito Federal haya asumido esa directriz.
Por su parte, la magistrada Edna Lorena Hernández aseguró que con las órdenes de protección en casos de violencia familiar, se van a salvar muchas vidas en todo el país, y recordó que la creación de la Ley de Acceso de las Mujeres Libre de Violencia se generó a raíz de los lamentables asesinatos registrados en los últimos años en Ciudad Juárez.