Comunicados de Prensa
No.093/2009
México, D.F. a 8 de mayo de 2009
INCONSTITUCIONAL, ESQUEMA DE COBRO DE DERECHOS POR INSCRIPCIÓN O AMPLIACIÓN DE ACCIONES EMITIDAS POR SOCIEDAES ANÓNIMAS BURSÁTILES
*Así lo resolvieron los ministros al conceder un amparo a una quejosa.
La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó como inconstitucional el esquema de cobro de derechos a los contribuyentes por inscripción o ampliación de acciones emitidas por sociedades anónimas bursátiles en el Registro Nacional de Valores (RNV), en razón de su capital contable, ya que contraviene los principios de proporcionalidad y equidad tributaria.
Así lo resolvieron los ministros al conceder un amparo a una quejosa que promovió un juicio en contra del artículo 29-B, fracción I, inciso a), punto 1, de la Ley Federal de Derechos, vigente en 2007.
Explicaron que el hecho de que la norma controvertida imponga a los contribuyentes el deber de pagar esos derechos, de conformidad con la cuota establecida para tal efecto, que es del 1.4191 al millar por los primeros $520’376,695.00 del capital contable de la emisora, y 0.7096 al millar por el excedente sin que los derechos a pagar por este concepto excedan de $6’122,079.00, evidencia que el legislador estableció el pago de un derecho adoptando como base una cuota que se aplica sobre el valor que tenga el capital contable de la emisora.
Lo anterior, agregaron los ministros, es contrario a los principios tributarios de proporcionalidad y equidad que establece la Carta Magna en su artículo 31, fracción IV.
Esto es, porque para el cálculo del derecho en cuestión no se atiende al tipo de servicio prestado ni a su costo, sino a elementos totalmente ajenos a éstos, lo que produce que por un mismo servicio –inscripción inicial o ampliación de las acciones emitidas por sociedades anónimas bursátiles- los contribuyentes de este derecho paguen una mayor o menor cantidad dependiendo del capital contable de la emisora, ya que tratándose de derechos por servicios no puede atenderse a aspectos que reflejan capacidad económica del gobernado, pues su naturaleza jurídica es distinta de los impuestos.
Además, consideró la Segunda Sala, la cuantificación de la cuota o tasa no se enlaza con el tipo de servicio prestado, pues se establece en relación con el capital contable de la emisora, ni tampoco con el costo del servicio prestado, pues la capacidad económica de las sociedades anónimas bursátiles que emiten las acciones reflejado en ese capital contable, no es útil para establecer el monto de la cuota de los derechos por trámite de inscripción inicial o ampliación.
Ello, porque contrariamente a lo expuesto por el recurrente, no puede constituir un fin extrafiscal la inspección y vigilancia que lleva la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNVB) para otorgar seguridad y confiabilidad al público inversionista.
En esas condiciones, señalaron los ministros, si el capital contable de la emisora no guarda relación con el costo del servicio de inscripción inicial o ampliación de las acciones emitidas por sociedades anónimas bursátiles y, no obstante, con base en dicho capital se determina el monto de ese derecho, ello traerá como consecuencia necesaria que se otorgue un trato desigual a quienes se encuentran en situaciones iguales.
Lo anterior, en virtud de que a pesar de que el servicio referido será igual para todos los usuarios, el monto a pagar varía dependiendo no de un elemento adicional a su costo, sino ajeno a este último, sin que en correlación con la especie de dicho servicio y los recursos que se requieren para prestarlo, se advierta la existencia de diferencias objetivas que justifiquen el trato diverso de los sujetos obligados, en cuanto al monto del tributo.
La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó como inconstitucional el esquema de cobro de derechos a los contribuyentes por inscripción o ampliación de acciones emitidas por sociedades anónimas bursátiles en el Registro Nacional de Valores (RNV), en razón de su capital contable, ya que contraviene los principios de proporcionalidad y equidad tributaria.
Así lo resolvieron los ministros al conceder un amparo a una quejosa que promovió un juicio en contra del artículo 29-B, fracción I, inciso a), punto 1, de la Ley Federal de Derechos, vigente en 2007.
Explicaron que el hecho de que la norma controvertida imponga a los contribuyentes el deber de pagar esos derechos, de conformidad con la cuota establecida para tal efecto, que es del 1.4191 al millar por los primeros $520’376,695.00 del capital contable de la emisora, y 0.7096 al millar por el excedente sin que los derechos a pagar por este concepto excedan de $6’122,079.00, evidencia que el legislador estableció el pago de un derecho adoptando como base una cuota que se aplica sobre el valor que tenga el capital contable de la emisora.
Lo anterior, agregaron los ministros, es contrario a los principios tributarios de proporcionalidad y equidad que establece la Carta Magna en su artículo 31, fracción IV.
Esto es, porque para el cálculo del derecho en cuestión no se atiende al tipo de servicio prestado ni a su costo, sino a elementos totalmente ajenos a éstos, lo que produce que por un mismo servicio –inscripción inicial o ampliación de las acciones emitidas por sociedades anónimas bursátiles- los contribuyentes de este derecho paguen una mayor o menor cantidad dependiendo del capital contable de la emisora, ya que tratándose de derechos por servicios no puede atenderse a aspectos que reflejan capacidad económica del gobernado, pues su naturaleza jurídica es distinta de los impuestos.
Además, consideró la Segunda Sala, la cuantificación de la cuota o tasa no se enlaza con el tipo de servicio prestado, pues se establece en relación con el capital contable de la emisora, ni tampoco con el costo del servicio prestado, pues la capacidad económica de las sociedades anónimas bursátiles que emiten las acciones reflejado en ese capital contable, no es útil para establecer el monto de la cuota de los derechos por trámite de inscripción inicial o ampliación.
Ello, porque contrariamente a lo expuesto por el recurrente, no puede constituir un fin extrafiscal la inspección y vigilancia que lleva la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNVB) para otorgar seguridad y confiabilidad al público inversionista.
En esas condiciones, señalaron los ministros, si el capital contable de la emisora no guarda relación con el costo del servicio de inscripción inicial o ampliación de las acciones emitidas por sociedades anónimas bursátiles y, no obstante, con base en dicho capital se determina el monto de ese derecho, ello traerá como consecuencia necesaria que se otorgue un trato desigual a quienes se encuentran en situaciones iguales.
Lo anterior, en virtud de que a pesar de que el servicio referido será igual para todos los usuarios, el monto a pagar varía dependiendo no de un elemento adicional a su costo, sino ajeno a este último, sin que en correlación con la especie de dicho servicio y los recursos que se requieren para prestarlo, se advierta la existencia de diferencias objetivas que justifiquen el trato diverso de los sujetos obligados, en cuanto al monto del tributo.