Comunicados de Prensa
No.233/2008
México, D.F. a 26 de septiembre de 2008
La vocación de la SCJN es por una auténtica transparencia: Ministro Ortiz Mayagoitia.
• El presidente de la Primera Sala del Alto Tribunal puso en marcha el Congreso nacional de juzgadores del Poder Judicial de la Federación en torno a la reforma constitucional en materia penal.
• El consejero de la Judicatura Federal Indalfer Infante Gonzales dijo que ante la delincuencia organizada, el PJF busca que magistrados y jueces federales estén comprometidos con la justicia y la cultura de la legalidad.
El ministro Sergio A. Valls Hernández convocó a jueces y magistrados a redoblar esfuerzos en materia de impartición de justicia, ante la grave crisis que hay en materia de seguridad; y destacó que la reforma constitucional en materia penal representa un reto para el Poder Judicial de la Federación (PJF) porque se deberá cambiar el papel de los juzgadores y modificar la gestión judicial, entre otros aspectos.
Al poner en marcha los trabajos del Congreso nacional de juzgadores del Poder Judicial de la Federación en torno a la reforma constitucional en materia penal, dijo que estos cambios obligan a realizar un arduo trabajo ya que ello no sólo implica la reforma de las leyes para ajustarlas a las nuevas disposiciones de la norma suprema, sino también la actualización de la jurisprudencia y su depuración.
En tanto, el consejero de la Judicatura Federal magistrado Indalfer Infante Gonzales manifestó que se viven tiempos complejos que configuran nuevas realidades sociales, como la delincuencia organizada que se ha visto acrecentada por su capacidad, crueldad y gesto deshumanizado y desafiante que no se detiene ante el rostro inocente de ciudadanos ni ante la postura adusta de la autoridad.
Para combatir este flagelo, comentó, el PJF busca garantizar que magistrados y jueces federales sean socialmente responsables, y comprometidos con la justicia, el estado de derecho y la cultura de la legalidad.
Ante alrededor de 75 juzgadores federales y locales de diez entidades del país reunidos en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el ministro Valls Hernández propuso que durante los trabajos que se efectuarán hoy y mañana –organizados por el PJF- se considere el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, punto no establecido en la agenda de la reunión.
En ésta que es la primera sede del Congreso –las próximas serán Toluca y Monterrey, en octubre y noviembre próximos-el presidente de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación comentó que los jueces saben que para emprender esta tarea de transformación del derecho jurisprudencial en materia penal, un primer elemento lo conforma el texto mismo de las nuevas disposiciones, así como la historia legislativa que imbuye de sentido el nuevo texto de la Constitución y de las leyes.
Pero esto no es suficiente, pues al aplicador del derecho le corresponde interpretar cuando, a pesar del esfuerzo del legislador constituyente y del ordinario, las nuevas disposiciones del derecho positivo resultan poco claras o incompletas, consideró.
La tarea interpretativa requiere preparación, demanda anticipación, para que en forma responsable el PJF garantice al máximo posible la seguridad jurídica en el contexto de una transformación del derecho jurisprudencial en materia penal, expresó el ministro Valls Hernández.
A su vez, el consejero Indalfer Infante Gonzales recordó que la reforma constitucional en la materia busca otorgar una más efectiva seguridad jurídica y el orden público, así como hacer frente a fenómenos tan complejos como la delincuencia organizada.
Participan en el Congreso juzgadores federales y locales de Guerrero, Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán, Quinta Roo, Puebla y Tlaxcala.
• El consejero de la Judicatura Federal Indalfer Infante Gonzales dijo que ante la delincuencia organizada, el PJF busca que magistrados y jueces federales estén comprometidos con la justicia y la cultura de la legalidad.
El ministro Sergio A. Valls Hernández convocó a jueces y magistrados a redoblar esfuerzos en materia de impartición de justicia, ante la grave crisis que hay en materia de seguridad; y destacó que la reforma constitucional en materia penal representa un reto para el Poder Judicial de la Federación (PJF) porque se deberá cambiar el papel de los juzgadores y modificar la gestión judicial, entre otros aspectos.
Al poner en marcha los trabajos del Congreso nacional de juzgadores del Poder Judicial de la Federación en torno a la reforma constitucional en materia penal, dijo que estos cambios obligan a realizar un arduo trabajo ya que ello no sólo implica la reforma de las leyes para ajustarlas a las nuevas disposiciones de la norma suprema, sino también la actualización de la jurisprudencia y su depuración.
En tanto, el consejero de la Judicatura Federal magistrado Indalfer Infante Gonzales manifestó que se viven tiempos complejos que configuran nuevas realidades sociales, como la delincuencia organizada que se ha visto acrecentada por su capacidad, crueldad y gesto deshumanizado y desafiante que no se detiene ante el rostro inocente de ciudadanos ni ante la postura adusta de la autoridad.
Para combatir este flagelo, comentó, el PJF busca garantizar que magistrados y jueces federales sean socialmente responsables, y comprometidos con la justicia, el estado de derecho y la cultura de la legalidad.
Ante alrededor de 75 juzgadores federales y locales de diez entidades del país reunidos en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el ministro Valls Hernández propuso que durante los trabajos que se efectuarán hoy y mañana –organizados por el PJF- se considere el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, punto no establecido en la agenda de la reunión.
En ésta que es la primera sede del Congreso –las próximas serán Toluca y Monterrey, en octubre y noviembre próximos-el presidente de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación comentó que los jueces saben que para emprender esta tarea de transformación del derecho jurisprudencial en materia penal, un primer elemento lo conforma el texto mismo de las nuevas disposiciones, así como la historia legislativa que imbuye de sentido el nuevo texto de la Constitución y de las leyes.
Pero esto no es suficiente, pues al aplicador del derecho le corresponde interpretar cuando, a pesar del esfuerzo del legislador constituyente y del ordinario, las nuevas disposiciones del derecho positivo resultan poco claras o incompletas, consideró.
La tarea interpretativa requiere preparación, demanda anticipación, para que en forma responsable el PJF garantice al máximo posible la seguridad jurídica en el contexto de una transformación del derecho jurisprudencial en materia penal, expresó el ministro Valls Hernández.
A su vez, el consejero Indalfer Infante Gonzales recordó que la reforma constitucional en la materia busca otorgar una más efectiva seguridad jurídica y el orden público, así como hacer frente a fenómenos tan complejos como la delincuencia organizada.
Participan en el Congreso juzgadores federales y locales de Guerrero, Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán, Quinta Roo, Puebla y Tlaxcala.