Comunicados de Prensa
No.199/2008
México, D.F. a 21 de agosto de 2008
Invalida SCJN autorización que se otorga al Congreso del Estado de México para aprobar convenios entre IEEM - IFE.
• El ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia estuvo en la reunión del CNSP, donde destacó que deben generarse condiciones de tranquilidad y certeza, con legalidad y justicia.
• En Palacio Nacional, el presidente del CJF dijo que el PJF deja en claro ante la sociedad, que asume los retos con absoluta responsabilidad.
El ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia comprometió un esfuerzo adicional y renovado, para que las políticas judiciales mejoren la impartición de justicia en el país, y contribuyan en las soluciones ante los retos en materia de seguridad pública; y presentó diez compromisos, de cara a la sociedad, con transparencia, responsabilidad y convicción de rendir cuentas.
En la reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP), dejó en claro que la sociedad cuenta con el Poder Judicial de la Federación (PJF), que asume los retos con absoluta responsabilidad en el ámbito de sus facultades constitucionales.
En Palacio Nacional, dijo que ministros, consejeros, magistrados, jueces, secretarios, actuarios, oficiales y todos los funcionarios de la Judicatura Federal, trabajan con esmero –“y lo haremos más”– por hacer valer las leyes y la Constitución por sobre todas las cosas.
Expresó: “Estamos concientes del difícil momento que vivimos y de la necesidad de enfrentarlo de manera coordinada, con unidad y con visión de Estado. Por eso estamos aquí, atendiendo el reclamo de la sociedad y la convocatoria del jefe del Estado mexicano, con pleno respeto a la división de poderes y a las competencias de cada órgano constitucional”.
El presidente del Consejo de la Judicatura Federal explicó que acudió por primera vez a esta reunión del CNSP –al que no pertenece el PJF– porque es el foro propicio para dar a conocer públicamente compromisos puntuales desde las respectivas funciones.
Dijo que el documento denominado Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, más que un pacto se trata de una importante serie de acciones y compromisos que cada uno de los participantes asume, en el ámbito de sus propias atribuciones.
Son metas que se suman y se agregan en torno de una misma causa: superar la situación en que se encuentra la seguridad pública y generar condiciones de tranquilidad y certeza –con legalidad y justicia– para la sociedad, abundó.
E indicó: “Es muy importante expresar a la sociedad que debemos velar por nuestras libertades constitucionales. Las acciones de gobierno que se anuncian, pueden ser objeto de alguna impugnación. Al Poder Judicial de la Federación le tocará resolver con apego a derecho. Por eso todas las acciones deben observar, invariablemente, lo que la Constitución y las leyes dispongan”.
El ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia comentó que la tarea sustantiva de los juzgadores es dictar resoluciones justas, imparciales y apegadas a derecho; las sentencias, precisó, no pueden ser objeto de convenio, ni el resultado de una política pública o de una decisión preestablecida.
Y dio a conocer los diez compromisos del PJF:
1. Transparentar aún más el desempeño de los órganos del PJF y de sus titulares, mediante indicadores de desempeño, a los que tendrá acceso la sociedad.
2. Se instalarán nuevos juzgados y tribunales federales, en los circuitos con mayor carga de trabajo, para atender con mayor calidad y rapidez, los procesos judiciales.
3. Se establecerán juzgados especializados en medidas cautelares, los llamados juzgados de control, con jurisdicción en toda la República, para responder ágilmente a las solicitudes de órdenes de cateo, órdenes de arraigo y autorizaciones para la intervención de comunicaciones, entre otras providencias.
4. Se impulsará la celeridad en los procesos. Para ello, se facilitará la concentración de personas sometidas a procesos penales por delincuencia organizada y narcotráfico, en los reclusorios de alta seguridad, reduciendo el número de diligencias por exhorto y el riesgo que implica para la sociedad los traslados de reos peligrosos.
5. Se fortalecerá la autonomía, independencia e imparcialidad de jueces y magistrados en materia penal, para evitar que las amenazas y la violencia afecten sus decisiones.
Y se contará con herramientas y servicios de protección, para salvaguardar su integridad física y su labor.
6. Se fortalecerán los mecanismos de selección de jueces y magistrados.
7. Se intensificará la capacitación y especialización de jueces en materia penal, particularmente en materia de procesos orales.
8. Se continuará la calificación de los juzgadores especializados en justicia para adolescentes y en procesos orales, para hacer frente de forma efectiva, a las nuevas responsabilidades judiciales señaladas en la constitución.
9. Se fortalecerá el control de los procesados. Se instalará en todo el país un sistema biométrico para el control de los procesados con libertad bajo caución, para hacer más estricto el cumplimiento de su obligación de presentarse ante la autoridad judicial.
10. Y se sistematizará la información judicial para una mejor coordinación entre autoridades, mediante la conformación de un Sistema Nacional de Estadística Judicial, en el que se aprovechará el valioso foro de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia (AMIJ).
El ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia manifestó que los desafíos demandan firmeza en las acciones de gobierno, y dijo que la fuerza pública siempre debe tener sustento en la legitimidad del derecho y de las instituciones. Toda estrategia de seguridad pública debe respetar el estado de derecho y las garantías individuales consagradas en la Constitución, expresó.
• En Palacio Nacional, el presidente del CJF dijo que el PJF deja en claro ante la sociedad, que asume los retos con absoluta responsabilidad.
El ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia comprometió un esfuerzo adicional y renovado, para que las políticas judiciales mejoren la impartición de justicia en el país, y contribuyan en las soluciones ante los retos en materia de seguridad pública; y presentó diez compromisos, de cara a la sociedad, con transparencia, responsabilidad y convicción de rendir cuentas.
En la reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP), dejó en claro que la sociedad cuenta con el Poder Judicial de la Federación (PJF), que asume los retos con absoluta responsabilidad en el ámbito de sus facultades constitucionales.
En Palacio Nacional, dijo que ministros, consejeros, magistrados, jueces, secretarios, actuarios, oficiales y todos los funcionarios de la Judicatura Federal, trabajan con esmero –“y lo haremos más”– por hacer valer las leyes y la Constitución por sobre todas las cosas.
Expresó: “Estamos concientes del difícil momento que vivimos y de la necesidad de enfrentarlo de manera coordinada, con unidad y con visión de Estado. Por eso estamos aquí, atendiendo el reclamo de la sociedad y la convocatoria del jefe del Estado mexicano, con pleno respeto a la división de poderes y a las competencias de cada órgano constitucional”.
El presidente del Consejo de la Judicatura Federal explicó que acudió por primera vez a esta reunión del CNSP –al que no pertenece el PJF– porque es el foro propicio para dar a conocer públicamente compromisos puntuales desde las respectivas funciones.
Dijo que el documento denominado Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, más que un pacto se trata de una importante serie de acciones y compromisos que cada uno de los participantes asume, en el ámbito de sus propias atribuciones.
Son metas que se suman y se agregan en torno de una misma causa: superar la situación en que se encuentra la seguridad pública y generar condiciones de tranquilidad y certeza –con legalidad y justicia– para la sociedad, abundó.
E indicó: “Es muy importante expresar a la sociedad que debemos velar por nuestras libertades constitucionales. Las acciones de gobierno que se anuncian, pueden ser objeto de alguna impugnación. Al Poder Judicial de la Federación le tocará resolver con apego a derecho. Por eso todas las acciones deben observar, invariablemente, lo que la Constitución y las leyes dispongan”.
El ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia comentó que la tarea sustantiva de los juzgadores es dictar resoluciones justas, imparciales y apegadas a derecho; las sentencias, precisó, no pueden ser objeto de convenio, ni el resultado de una política pública o de una decisión preestablecida.
Y dio a conocer los diez compromisos del PJF:
1. Transparentar aún más el desempeño de los órganos del PJF y de sus titulares, mediante indicadores de desempeño, a los que tendrá acceso la sociedad.
2. Se instalarán nuevos juzgados y tribunales federales, en los circuitos con mayor carga de trabajo, para atender con mayor calidad y rapidez, los procesos judiciales.
3. Se establecerán juzgados especializados en medidas cautelares, los llamados juzgados de control, con jurisdicción en toda la República, para responder ágilmente a las solicitudes de órdenes de cateo, órdenes de arraigo y autorizaciones para la intervención de comunicaciones, entre otras providencias.
4. Se impulsará la celeridad en los procesos. Para ello, se facilitará la concentración de personas sometidas a procesos penales por delincuencia organizada y narcotráfico, en los reclusorios de alta seguridad, reduciendo el número de diligencias por exhorto y el riesgo que implica para la sociedad los traslados de reos peligrosos.
5. Se fortalecerá la autonomía, independencia e imparcialidad de jueces y magistrados en materia penal, para evitar que las amenazas y la violencia afecten sus decisiones.
Y se contará con herramientas y servicios de protección, para salvaguardar su integridad física y su labor.
6. Se fortalecerán los mecanismos de selección de jueces y magistrados.
7. Se intensificará la capacitación y especialización de jueces en materia penal, particularmente en materia de procesos orales.
8. Se continuará la calificación de los juzgadores especializados en justicia para adolescentes y en procesos orales, para hacer frente de forma efectiva, a las nuevas responsabilidades judiciales señaladas en la constitución.
9. Se fortalecerá el control de los procesados. Se instalará en todo el país un sistema biométrico para el control de los procesados con libertad bajo caución, para hacer más estricto el cumplimiento de su obligación de presentarse ante la autoridad judicial.
10. Y se sistematizará la información judicial para una mejor coordinación entre autoridades, mediante la conformación de un Sistema Nacional de Estadística Judicial, en el que se aprovechará el valioso foro de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia (AMIJ).
El ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia manifestó que los desafíos demandan firmeza en las acciones de gobierno, y dijo que la fuerza pública siempre debe tener sustento en la legitimidad del derecho y de las instituciones. Toda estrategia de seguridad pública debe respetar el estado de derecho y las garantías individuales consagradas en la Constitución, expresó.