Comunicados de Prensa
No.193/2008
México, D.F. a 14 de agosto de 2008
SCJN ha instrumentado medidas eficaces para cumplir con el derecho a la información.
• Alberto Díaz Díaz, secretario General de la Presidencia de la SCJN, dijo que en el Alto Tribunal hay una vocación y ánimo permanente por ser transparentes.
• Gran reto, hacer efectivo el derecho de acceso a la información: María de la Luz Mijangos Borja, titular de la Unidad de Enlace de la Cámara de Diputados.
• Acceso a la información ha evolucionado diálogo ciudadano con autoridades: Zulema Mosri Gutiérrez, directora de la Unidad de Enlace del Senado.
• Gobiernos deben tener al menos una pizca de transparencia: Gregorio Castillo Porras, titular de la Unidad de Enlace del Instituto Federal Electoral.
Sólo 15 congresos locales y menos de mil dependencias públicas e instituciones autónomas, de cerca de cinco mil en todo el país, han acatado el mandato del Congreso de la Unión de sistematizar y organizar su respetiva información, así como construir órganos que tutelen el derecho de acceso a la información de los ciudadanos.
Lo anterior lo informó el diputado Antonio Ortega Martínez, presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, durante el tercer día de trabajos del Tercer Seminario Internacional a 5 años de Acceso a la Información Judicial, donde también señaló que el plazo que establecieron los legisladores, al reformar al artículo 6 constitucional, fue de 12 meses, mismo que se cumplió en julio pasado.
En tanto, el secretario general de la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Alberto Díaz Díaz, afirmó que los juzgadores no están al margen de los mecanismos de rendición de cuentas propios de los sistemas democráticos, por lo que en el Alto Tribunal hay una vocación y ánimo permanente por ser transparentes, pues prevalece la convicción de que proporcionar información de manera oportuna y eficaz da certeza a la ciudadanía.
Durante su participación en la mesa Acceso a la Información y Democracia, destacó que la transparencia llegó para permanecer y perdurar, pues el acceso real, efectivo y oportuno de la sociedad a la información pública gubernamental es una condición necesaria e indispensable para la realización del estado democrático.
Planteó que el fundamento central del derecho de acceso a la información que se encuentra en poder del Estado consiste en la prerrogativa que tiene toda persona de conocer la manera en que gobernantes y funcionarios públicos se desempeñan, y así contar con elementos suficientes de evaluación, fiscalización, vigilancia y participación -directa o indirecta-, en la toma de decisiones, prevención de actos de corrupción, discusión y crítica pública de los temas que conciernen a toda la sociedad.
Díaz Díaz aseveró que el ejercicio del poder público debe operar bajo la máxima transparencia y accesibilidad, sólo exceptuada por circunstancias específicamente establecidas por la ley, que pudiesen implicar la divulgación de información que atente contra derechos de terceros, la seguridad nacional, el orden público y la moral.
El acceso a la información, abundó, permite que los ciudadanos, de acuerdo a sus intereses y preocupaciones específicas, puedan contar con los elementos fieles para formar opiniones objetivas. Así, la ciudadanía se convierte en un vigilante permanente del cumplimiento de los parámetros de la actuación gubernamental, indicó.
Destacó que las sesiones del Pleno de ministros y de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se transmiten por Internet y a través del Canal Judicial, así como las audiencias especiales sobre temas relevantes; además de que en este ánimo por la transparencia hay diversos mecanismos para acercar el quehacer jurisdiccional del Alto Tribunal a la sociedad.
María de la Luz Mijangos Borja, titular de la Unidad de Enlace de la Cámara de Diputados, consideró, en su oportunidad, que uno de los principales retos de las recientes reformas a la Constitución es hacer efectivo el derecho de acceso a la información, por lo que no se trata de un reconocimiento a un derecho más del ciudadano, sino cómo hacer realmente que este derecho sea efectivo.
Explicó que la modificación a la Carta Magna contiene siete fracciones que se adicionaron al artículo 6, mismos que son un reto y desafío para las autoridades que deben cumplir. Estas son: principio de máxima publicidad; protección de datos personales; acreditación del interés jurídico; procedimiento expedito con órganos especializados e imparciales; archivos administrativos actualizados; recursos públicos a las personas físicas o morales, y sanciones.
Mijangos Borja dijo que estas fracciones obligan a los funcionarios públicos a empeñarse decididamente en garantizar ese derecho que tienen los ciudadanos y que forma parte de la evolución democrática del país.
A su vez, Zulema Mosri Gutiérrez, titular de la Unidad de Enlace de la Cámara de Senadores, reconoció que la puesta en marcha de una legislación reglamentaria federal de acceso a la información, así como la emisión de leyes sobre esta materia en los estados, ha evolucionado el diálogo ciudadano con las autoridades, provocando profundos cambios en sus relaciones.
El camino para lograr que los gobiernos se abran a la idea de hacer pública su información, puntualizó, ha sido difícil y, aún hoy, enfrenta presiones que actúan en direcciones opuestas.
Los ciudadanos esperan que los gobiernos ejecuten políticas que respondan a sus demandas, lo cual se vincula con la rendición de cuentas, y a partir de la aplicación de dichas leyes, sociedad y Estado, han construido procesos democráticos, que son una verdadera reforma estructural, apuntó.
En su turno, Gregorio Castillo Porras, titular de la Unidad de Enlace del Instituto Federal Electoral, señaló que a la noción que se tenía del Estado democrático de derecho desde su época arcaica, ahora se le ha agregado la dosis de acceso a la información y de transparencia.
Agregó que no se puede pensar en el estado de derecho actual de los gobiernos, si no tienen una pizca, por mínima que sea, del elemento de transparencia y acceso a la información.
Esta tarde concluye el Tercer Seminario Internacional a 5 años de Acceso a la Información Judicial, que se desarrolla en el Museo Nacional de Antropología e Historia.
• Gran reto, hacer efectivo el derecho de acceso a la información: María de la Luz Mijangos Borja, titular de la Unidad de Enlace de la Cámara de Diputados.
• Acceso a la información ha evolucionado diálogo ciudadano con autoridades: Zulema Mosri Gutiérrez, directora de la Unidad de Enlace del Senado.
• Gobiernos deben tener al menos una pizca de transparencia: Gregorio Castillo Porras, titular de la Unidad de Enlace del Instituto Federal Electoral.
Sólo 15 congresos locales y menos de mil dependencias públicas e instituciones autónomas, de cerca de cinco mil en todo el país, han acatado el mandato del Congreso de la Unión de sistematizar y organizar su respetiva información, así como construir órganos que tutelen el derecho de acceso a la información de los ciudadanos.
Lo anterior lo informó el diputado Antonio Ortega Martínez, presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, durante el tercer día de trabajos del Tercer Seminario Internacional a 5 años de Acceso a la Información Judicial, donde también señaló que el plazo que establecieron los legisladores, al reformar al artículo 6 constitucional, fue de 12 meses, mismo que se cumplió en julio pasado.
En tanto, el secretario general de la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Alberto Díaz Díaz, afirmó que los juzgadores no están al margen de los mecanismos de rendición de cuentas propios de los sistemas democráticos, por lo que en el Alto Tribunal hay una vocación y ánimo permanente por ser transparentes, pues prevalece la convicción de que proporcionar información de manera oportuna y eficaz da certeza a la ciudadanía.
Durante su participación en la mesa Acceso a la Información y Democracia, destacó que la transparencia llegó para permanecer y perdurar, pues el acceso real, efectivo y oportuno de la sociedad a la información pública gubernamental es una condición necesaria e indispensable para la realización del estado democrático.
Planteó que el fundamento central del derecho de acceso a la información que se encuentra en poder del Estado consiste en la prerrogativa que tiene toda persona de conocer la manera en que gobernantes y funcionarios públicos se desempeñan, y así contar con elementos suficientes de evaluación, fiscalización, vigilancia y participación -directa o indirecta-, en la toma de decisiones, prevención de actos de corrupción, discusión y crítica pública de los temas que conciernen a toda la sociedad.
Díaz Díaz aseveró que el ejercicio del poder público debe operar bajo la máxima transparencia y accesibilidad, sólo exceptuada por circunstancias específicamente establecidas por la ley, que pudiesen implicar la divulgación de información que atente contra derechos de terceros, la seguridad nacional, el orden público y la moral.
El acceso a la información, abundó, permite que los ciudadanos, de acuerdo a sus intereses y preocupaciones específicas, puedan contar con los elementos fieles para formar opiniones objetivas. Así, la ciudadanía se convierte en un vigilante permanente del cumplimiento de los parámetros de la actuación gubernamental, indicó.
Destacó que las sesiones del Pleno de ministros y de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se transmiten por Internet y a través del Canal Judicial, así como las audiencias especiales sobre temas relevantes; además de que en este ánimo por la transparencia hay diversos mecanismos para acercar el quehacer jurisdiccional del Alto Tribunal a la sociedad.
María de la Luz Mijangos Borja, titular de la Unidad de Enlace de la Cámara de Diputados, consideró, en su oportunidad, que uno de los principales retos de las recientes reformas a la Constitución es hacer efectivo el derecho de acceso a la información, por lo que no se trata de un reconocimiento a un derecho más del ciudadano, sino cómo hacer realmente que este derecho sea efectivo.
Explicó que la modificación a la Carta Magna contiene siete fracciones que se adicionaron al artículo 6, mismos que son un reto y desafío para las autoridades que deben cumplir. Estas son: principio de máxima publicidad; protección de datos personales; acreditación del interés jurídico; procedimiento expedito con órganos especializados e imparciales; archivos administrativos actualizados; recursos públicos a las personas físicas o morales, y sanciones.
Mijangos Borja dijo que estas fracciones obligan a los funcionarios públicos a empeñarse decididamente en garantizar ese derecho que tienen los ciudadanos y que forma parte de la evolución democrática del país.
A su vez, Zulema Mosri Gutiérrez, titular de la Unidad de Enlace de la Cámara de Senadores, reconoció que la puesta en marcha de una legislación reglamentaria federal de acceso a la información, así como la emisión de leyes sobre esta materia en los estados, ha evolucionado el diálogo ciudadano con las autoridades, provocando profundos cambios en sus relaciones.
El camino para lograr que los gobiernos se abran a la idea de hacer pública su información, puntualizó, ha sido difícil y, aún hoy, enfrenta presiones que actúan en direcciones opuestas.
Los ciudadanos esperan que los gobiernos ejecuten políticas que respondan a sus demandas, lo cual se vincula con la rendición de cuentas, y a partir de la aplicación de dichas leyes, sociedad y Estado, han construido procesos democráticos, que son una verdadera reforma estructural, apuntó.
En su turno, Gregorio Castillo Porras, titular de la Unidad de Enlace del Instituto Federal Electoral, señaló que a la noción que se tenía del Estado democrático de derecho desde su época arcaica, ahora se le ha agregado la dosis de acceso a la información y de transparencia.
Agregó que no se puede pensar en el estado de derecho actual de los gobiernos, si no tienen una pizca, por mínima que sea, del elemento de transparencia y acceso a la información.
Esta tarde concluye el Tercer Seminario Internacional a 5 años de Acceso a la Información Judicial, que se desarrolla en el Museo Nacional de Antropología e Historia.