Comunicados de Prensa
No.189/2008
México, D.F. a 13 de agosto de 2008
La SCJN ha recibido más de 223 mil solicitudes de información en cinco años.
• Melanie Ann Pustay, directora de la Oficina de Privacidad e Información del Departamento de Justicia de EU, dijo que la transparencia fortalece la democracia.
• Mauricio Merino Huerta, investigador del CIDE, destacó que las personas son las titulares del derecho a la información y no las instituciones.
México debe recordar que el objetivo central de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental es que los gobiernos rindan cuentas claras a la ciudadanía, porque con ello ayudará a fortalecer su democracia; además de que esta norma es positiva porque también mejorará la imagen y credibilidad hacia las instituciones.
Así lo señaló Melanie Ann Pustay, Directora de la Oficina de Privacidad e Información del Departamento de Justicia de Estados Unidos, quien afirmó que los mexicanos deben estar muy orgullosos, porque esta ley es un ejemplo y modelo para otros países que inician en este proceso.
Al continuar los trabajos del Tercer Seminario Internacional a 5 años de Acceso a la Información Judicial, la funcionaria estadounidense participó en la mesa Órganos Garantes del Derecho a la Información en América, donde instó a los gobernantes a que cuando apliquen esta ley no sientan como sus enemigos a quienes les solicitan la información.
“Los servidores públicos tienen que recordar que los ciudadanos que demandan la información no son los enemigos, sino por el contrario, los necesitamos porque nuestro trabajo es divulgar y liberar la información. Es un ciclo y tenemos siempre que recordar cual es el objetivo de la ley de la información”, destacó Melanie Ann Pustay.
Por otro lado, dijo que los grupos de interés público y la prensa no pueden dejar a un lado este derecho. “Si la prensa y los grupos de interés no solicitan la información, todo regresará a lo tradicional, al pasado. Es por eso importante que haya peticiones y que el gobierno se acostumbre a responder a la demanda de información, para que quede inmerso en la cultura de la ciudadanía y de los servidores públicos”, agregó.
A su vez, Mauricio Merino Huerta, investigador y director de la División de Administración Pública del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), señaló que falta una cultura de la transparencia verdaderamente compartida y arraigada en el país.
Durante su participación en el seminario, aseveró que la administración pública y los ciudadanos no han respondido con la rapidez y profundidad necesarias a las reformas constitucionales en materia de transparencia, que obligan a construir indicadores de desempeño y contabilidad pública que permita homologar la manera de comparar el ejercicio del gasto y si éste se hace de forma adecuada.
El especialista del CIDE destacó que la reforma constitucional en materia de transparencia tiene un énfasis garantista, a fin de que sean las personas las titulares de este derecho y no las instituciones.
Resaltó que no puede haber acceso a la información sin información; no puede haber rendición de cuentas sin cuentas, y no puede haber sistemas de responsabilidades sin responsables.
Es decir, aun cuando estuviera protegido el acceso a la información, si la administración pública no tienen de manera obligada la producción de la información, su archivo y su distribución como parte de sus tareas, el ciudadano se topa con la inexistencia del dato que pide o la ausencia del registro de ese dato.
Por ello planteó que para tener una verdadera transparencia de cada decisión y cada acción, que de manera natural son de interés público, deben estar documentadas; que esa documentación se archive; sea accesible, y sólo sea negada cuando se afecte la privacidad de los individuos.
El Tercer Seminario Internacional a 5 años de Acceso a la Información Judicial, organizado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, continuará esta tarde con la participación de destacados funcionarios del Poder Judicial de la Federación; así como representantes del Congreso de la Unión y del Instituto Federal Electoral.
• Mauricio Merino Huerta, investigador del CIDE, destacó que las personas son las titulares del derecho a la información y no las instituciones.
México debe recordar que el objetivo central de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental es que los gobiernos rindan cuentas claras a la ciudadanía, porque con ello ayudará a fortalecer su democracia; además de que esta norma es positiva porque también mejorará la imagen y credibilidad hacia las instituciones.
Así lo señaló Melanie Ann Pustay, Directora de la Oficina de Privacidad e Información del Departamento de Justicia de Estados Unidos, quien afirmó que los mexicanos deben estar muy orgullosos, porque esta ley es un ejemplo y modelo para otros países que inician en este proceso.
Al continuar los trabajos del Tercer Seminario Internacional a 5 años de Acceso a la Información Judicial, la funcionaria estadounidense participó en la mesa Órganos Garantes del Derecho a la Información en América, donde instó a los gobernantes a que cuando apliquen esta ley no sientan como sus enemigos a quienes les solicitan la información.
“Los servidores públicos tienen que recordar que los ciudadanos que demandan la información no son los enemigos, sino por el contrario, los necesitamos porque nuestro trabajo es divulgar y liberar la información. Es un ciclo y tenemos siempre que recordar cual es el objetivo de la ley de la información”, destacó Melanie Ann Pustay.
Por otro lado, dijo que los grupos de interés público y la prensa no pueden dejar a un lado este derecho. “Si la prensa y los grupos de interés no solicitan la información, todo regresará a lo tradicional, al pasado. Es por eso importante que haya peticiones y que el gobierno se acostumbre a responder a la demanda de información, para que quede inmerso en la cultura de la ciudadanía y de los servidores públicos”, agregó.
A su vez, Mauricio Merino Huerta, investigador y director de la División de Administración Pública del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), señaló que falta una cultura de la transparencia verdaderamente compartida y arraigada en el país.
Durante su participación en el seminario, aseveró que la administración pública y los ciudadanos no han respondido con la rapidez y profundidad necesarias a las reformas constitucionales en materia de transparencia, que obligan a construir indicadores de desempeño y contabilidad pública que permita homologar la manera de comparar el ejercicio del gasto y si éste se hace de forma adecuada.
El especialista del CIDE destacó que la reforma constitucional en materia de transparencia tiene un énfasis garantista, a fin de que sean las personas las titulares de este derecho y no las instituciones.
Resaltó que no puede haber acceso a la información sin información; no puede haber rendición de cuentas sin cuentas, y no puede haber sistemas de responsabilidades sin responsables.
Es decir, aun cuando estuviera protegido el acceso a la información, si la administración pública no tienen de manera obligada la producción de la información, su archivo y su distribución como parte de sus tareas, el ciudadano se topa con la inexistencia del dato que pide o la ausencia del registro de ese dato.
Por ello planteó que para tener una verdadera transparencia de cada decisión y cada acción, que de manera natural son de interés público, deben estar documentadas; que esa documentación se archive; sea accesible, y sólo sea negada cuando se afecte la privacidad de los individuos.
El Tercer Seminario Internacional a 5 años de Acceso a la Información Judicial, organizado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, continuará esta tarde con la participación de destacados funcionarios del Poder Judicial de la Federación; así como representantes del Congreso de la Unión y del Instituto Federal Electoral.