Comunicados de Prensa
No.185/2008
México, D.F. a 12 de agosto de 2008
El reto de la Cultura de la Transparencia es que la sociedad utilice la Ley en su beneficio: Periodistas.
• En democracia y buen gobierno nada debe esconderse al escrutinio público, aseveró la mandataria de Yucatán, Ivonne Ortega Pacheco.
• El gobernador de Nuevo León, Natividad González Parás, resaltó que con la promulgación de la ley en la materia, la función pública ha cambiado para bien.
• Los trabajos del Tercer Seminario Internacional a 5 Años de Acceso a la Información Judicial continúan en el Museo Nacional de Antropología e Historia.
El acceso a la información pública debe ser catalogado como un medio para que la democracia funcione mejor y esté más cerca de ser un régimen con el que los mexicanos soñamos, coincidieron los gobernadores de los estados de Yucatán y Nuevo León, Ivonne Ortega Pacheco, y José Natividad González Parás, respectivamente.
Al participar en la primera mesa Acceso a la Información Judicial del Tercer Seminario Internacional a 5 Años de Acceso a la Información Judicial, ambos mandatarios estatales hicieron un reconocimiento al Poder Judicial de la Federación por sus lineamientos diseñados en esta materia, ya que es obvio que han demostrado ser efectivos, exitosos, claros y, sobre todo, poco controversiales.
En el auditorio Jaime Torres Bodet del Museo Nacional de Antropología e Historia, la mandataria Ivonne Ortega destacó que en la democracia y en los buenos gobiernos nada es secreto y nada debe esconderse del escrutinio público, del escrutinio de la historia y del juicio ciudadano final.
Asimismo, se pronunció por el fomento en todo el país de una cultura cívica de uso responsable del derecho al acceso a la información. “Una cultura cívica de uso para fines claros y para el fortalecimiento de la relación ciudadanía-gobierno”, subrayó.
Por su parte, José Natividad González Parás aseguró que a poco más de cinco años de que se promulgó la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la función pública ha cambiado para bien y, sin duda, los regímenes federal, estatales y municipales serán más democráticos.
Se pronunció, además, porque los sistemas judiciales del país incorporen las nuevas tecnologías, a fin de agilizar la consulta de expedientes vía Internet, así como fortalecer el marco normativo para que se acredite la transparencia y el acceso a la información en todas las normas.
Alfonso Oñate Laborde, secretario Ejecutivo Jurídico Administrativo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), aseveró, a su vez, que el desarrollo de una cultura al acceso a la transparencia y el acceso a la información decantará el tipo de solicitudes que se realizan a los órganos públicos.
Manifestó que es un pésimo síntoma para las entidades gubernamentales el incremento de solicitudes de información, ya que si la gente no tiene que hacerlas es porque se ha avanzado en la dirección correcta; y si, por el contrario, la gente tiene que realizar las solicitudes de información es porque no la obtiene de manera accesible.
José Carreño Carlón, coordinador del Programa Comunicación, Derecho y Democracia de la Universidad Iberoamericana, comentó que hay un déficit grave de cultura jurídica que obstaculiza el acceso del público a la información de los órganos jurisdiccionales, lo que se suma a las asimetrías en materia de transparencia entre los diversos órganos impartidores de justicia a nivel local y federal.
Durante la primera jornada del seminario, también se analizó el acceso a la información desde una visión internacional.
Benjamín Fernández Bogado, director del Instituto de Prensa y Libertad Paraguaya, en tanto, destacó que el fondo del problema de acceso a la información en los países de América Latina es ancestral, ya que se careció de un mecanismo para clasificar los documentos gubernamentales.
A su vez, Miguel Julio Rodríguez Villafañe, presidente de la Asociación Iberoamericana de Derecho a la Información y de la Comunicación, celebró los “avances extraordinarios” de la Suprema Corte de Justicia en materia de acceso a la información durante los últimos años, sobre todo porque hace menos de un lustro la pregunta era si se debía abrir al público el acceso a los expedientes judiciales, lo que ahora es una realidad.
Se pronunció porque en los países latinoamericanos el acceso a la información sea gratuito, ya que en algunas naciones aún se exige un pago, aunque sea mínimo, para poder acceder a la información pública.
Issa Luna Pla, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, reconoció que hay un cambio en la tendencia del manejo de la información, pero ahora el gran reto es que no se convierta en letra muerta todo lo que se ha aprobado en la materia, a través de un sistema eficiente de monitoreo.
El Tercer Seminario Internacional a 5 Años de Acceso a la Información Judicial, organizado por la SCJN, continuará la tarde de este martes y hasta el próximo jueves, con la participación de destacados especialistas en la materia.
• El gobernador de Nuevo León, Natividad González Parás, resaltó que con la promulgación de la ley en la materia, la función pública ha cambiado para bien.
• Los trabajos del Tercer Seminario Internacional a 5 Años de Acceso a la Información Judicial continúan en el Museo Nacional de Antropología e Historia.
El acceso a la información pública debe ser catalogado como un medio para que la democracia funcione mejor y esté más cerca de ser un régimen con el que los mexicanos soñamos, coincidieron los gobernadores de los estados de Yucatán y Nuevo León, Ivonne Ortega Pacheco, y José Natividad González Parás, respectivamente.
Al participar en la primera mesa Acceso a la Información Judicial del Tercer Seminario Internacional a 5 Años de Acceso a la Información Judicial, ambos mandatarios estatales hicieron un reconocimiento al Poder Judicial de la Federación por sus lineamientos diseñados en esta materia, ya que es obvio que han demostrado ser efectivos, exitosos, claros y, sobre todo, poco controversiales.
En el auditorio Jaime Torres Bodet del Museo Nacional de Antropología e Historia, la mandataria Ivonne Ortega destacó que en la democracia y en los buenos gobiernos nada es secreto y nada debe esconderse del escrutinio público, del escrutinio de la historia y del juicio ciudadano final.
Asimismo, se pronunció por el fomento en todo el país de una cultura cívica de uso responsable del derecho al acceso a la información. “Una cultura cívica de uso para fines claros y para el fortalecimiento de la relación ciudadanía-gobierno”, subrayó.
Por su parte, José Natividad González Parás aseguró que a poco más de cinco años de que se promulgó la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la función pública ha cambiado para bien y, sin duda, los regímenes federal, estatales y municipales serán más democráticos.
Se pronunció, además, porque los sistemas judiciales del país incorporen las nuevas tecnologías, a fin de agilizar la consulta de expedientes vía Internet, así como fortalecer el marco normativo para que se acredite la transparencia y el acceso a la información en todas las normas.
Alfonso Oñate Laborde, secretario Ejecutivo Jurídico Administrativo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), aseveró, a su vez, que el desarrollo de una cultura al acceso a la transparencia y el acceso a la información decantará el tipo de solicitudes que se realizan a los órganos públicos.
Manifestó que es un pésimo síntoma para las entidades gubernamentales el incremento de solicitudes de información, ya que si la gente no tiene que hacerlas es porque se ha avanzado en la dirección correcta; y si, por el contrario, la gente tiene que realizar las solicitudes de información es porque no la obtiene de manera accesible.
José Carreño Carlón, coordinador del Programa Comunicación, Derecho y Democracia de la Universidad Iberoamericana, comentó que hay un déficit grave de cultura jurídica que obstaculiza el acceso del público a la información de los órganos jurisdiccionales, lo que se suma a las asimetrías en materia de transparencia entre los diversos órganos impartidores de justicia a nivel local y federal.
Durante la primera jornada del seminario, también se analizó el acceso a la información desde una visión internacional.
Benjamín Fernández Bogado, director del Instituto de Prensa y Libertad Paraguaya, en tanto, destacó que el fondo del problema de acceso a la información en los países de América Latina es ancestral, ya que se careció de un mecanismo para clasificar los documentos gubernamentales.
A su vez, Miguel Julio Rodríguez Villafañe, presidente de la Asociación Iberoamericana de Derecho a la Información y de la Comunicación, celebró los “avances extraordinarios” de la Suprema Corte de Justicia en materia de acceso a la información durante los últimos años, sobre todo porque hace menos de un lustro la pregunta era si se debía abrir al público el acceso a los expedientes judiciales, lo que ahora es una realidad.
Se pronunció porque en los países latinoamericanos el acceso a la información sea gratuito, ya que en algunas naciones aún se exige un pago, aunque sea mínimo, para poder acceder a la información pública.
Issa Luna Pla, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, reconoció que hay un cambio en la tendencia del manejo de la información, pero ahora el gran reto es que no se convierta en letra muerta todo lo que se ha aprobado en la materia, a través de un sistema eficiente de monitoreo.
El Tercer Seminario Internacional a 5 Años de Acceso a la Información Judicial, organizado por la SCJN, continuará la tarde de este martes y hasta el próximo jueves, con la participación de destacados especialistas en la materia.