Comunicados de Prensa
No.105/2008
México, D.F. a 25 de abril de 2008
Presentan representantes de ALDF y GDF argumentos en torno al Aborto en el DF.
• Falta la aprobación de dos legislaturas locales para que la reforma constitucional en la materia sea ley, afirma el secretario Ejecutivo Jurídico Administrativo de la SCJN, Alfonso Oñate Laborde.
• Clausura el Congreso El Sistema de Justicia Penal en México. Retos y Perspectivas.
Un total de 15 legislaturas locales han aprobado la reforma constitucional en materia de justicia penal, por lo que es apremiante trabajar en una agenda en la materia, a fin de implementarla lo más pronto posible, afirmó Alfonso Oñate Laborde, secretario Ejecutivo Jurídico Administrativo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Al clausurar el Congreso El Sistema de Justicia Penal en México. Retos y Perspectivas, acompañado por Sergio López Ayllón, secretario ejecutivo del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), Oñate Laborde dijo que es casi un hecho que esta reforma sea una realidad, ya que falta la aprobación de sólo dos Congresos locales para que se convierta en ley, por lo que la elaboración de la agenda facilitará la creación de la ley secundaria en la materia.
En el Anfiteatro Simón Bolívar del Antiguo Colegio de San Ildefonso, el director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Héctor Fix Fierro, comentó que es imprescindible analizar los alcances de dicha reforma, dada la amplitud de los cambios realizados.
Destacó que con esta reforma se trasladará la parte medular de la decisión de la justicia penal del ámbito del agente del Ministerio Público al del juzgador, lo que obligará a la modernización integral del sistema de justicia.
Alertó que en los procesos penales orales y en las vías alternativas de solución de controversias habría una fuerte presión sobre víctimas, agentes institucionales e inculpados, para que haya un arreglo eficiente pero perjudicial para sus derechos.
En tanto, la representante adjunta de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Liliana Valina, consideró que es un gran acierto que el sistema mexicano pase de ser inquisitorial a uno acusatorio.
Consideró que desde el punto de los vista internacional de los derechos humanos no fueron recogidos en la reforma constitucional algunos temas, como el amparo, que permanecerá tal y como está pese a la oralidad en los procesos, y la justicia militar, así como sus implicaciones en el juzgamiento de delitos cometidos por militares contra civiles.
Durante los trabajos de este día, se efectuó el panel Experiencias nacionales comparadas, en el que impartidores de justicia en procesos orales hicieron un repaso de las vicisitudes a las que se han enfrentado con esta reciente experiencia en Chihuahua, Nuevo León, Oaxaca y Estado de México.
Alejandra Ramos Durán, jueza de garantías del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Chihuahua, expuso ante los congresistas las fases del proceso oral en ese estado, y destacó que, entre las ventajas de este sistema, está el hecho de que, desde su entrada en operación, no se han aducido quejas de las partes.
A su vez, María del Rosario Garza, jueza Primero de Juicio Oral Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León, comentó que dos de los puntos más importantes que se deben observar en la implementación del modelo son la gradualidad y la capacitación de los operadores del sistema. Añadió, asimismo, que son 54 los delitos que se juzgan mediante esta práctica.
El juez del Tribunal de Juicio Oral de la Región del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, René Hernández Reyes, en su oportunidad, se refirió a la forma como la publicidad del juicio verbal ha incidido en la recuperación de la credibilidad en quienes participan en el proceso.
En tanto, Gonzalo Vergara Rojas, presidente de la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, enfatizó que la experiencia oral en esa entidad, por el momento, no es estricta, sino predominante.
También informó que si bien la oralidad en los juicios se inició con una prueba piloto de dos juzgados, a la fecha hay ya en operación 36 más, y en los que se sólo se requiere de cinco empleados, incluido el juez.
En el panel Una agenda de justicia penal en México, Oñate Laborde dijo que la reforma al sistema de justicia penal obligará a un cambio cultural en el país.
Jan Perlín, investigadora del CIDE, y Cristián Riego, director académico del Centro de Estudios de Justicia de las Américas, adelantaron que realizan un diagnóstico del sistema de justicia en México, a fin de que el sistema judicial acoja el mandato constitucional.
• Clausura el Congreso El Sistema de Justicia Penal en México. Retos y Perspectivas.
Un total de 15 legislaturas locales han aprobado la reforma constitucional en materia de justicia penal, por lo que es apremiante trabajar en una agenda en la materia, a fin de implementarla lo más pronto posible, afirmó Alfonso Oñate Laborde, secretario Ejecutivo Jurídico Administrativo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Al clausurar el Congreso El Sistema de Justicia Penal en México. Retos y Perspectivas, acompañado por Sergio López Ayllón, secretario ejecutivo del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), Oñate Laborde dijo que es casi un hecho que esta reforma sea una realidad, ya que falta la aprobación de sólo dos Congresos locales para que se convierta en ley, por lo que la elaboración de la agenda facilitará la creación de la ley secundaria en la materia.
En el Anfiteatro Simón Bolívar del Antiguo Colegio de San Ildefonso, el director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Héctor Fix Fierro, comentó que es imprescindible analizar los alcances de dicha reforma, dada la amplitud de los cambios realizados.
Destacó que con esta reforma se trasladará la parte medular de la decisión de la justicia penal del ámbito del agente del Ministerio Público al del juzgador, lo que obligará a la modernización integral del sistema de justicia.
Alertó que en los procesos penales orales y en las vías alternativas de solución de controversias habría una fuerte presión sobre víctimas, agentes institucionales e inculpados, para que haya un arreglo eficiente pero perjudicial para sus derechos.
En tanto, la representante adjunta de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Liliana Valina, consideró que es un gran acierto que el sistema mexicano pase de ser inquisitorial a uno acusatorio.
Consideró que desde el punto de los vista internacional de los derechos humanos no fueron recogidos en la reforma constitucional algunos temas, como el amparo, que permanecerá tal y como está pese a la oralidad en los procesos, y la justicia militar, así como sus implicaciones en el juzgamiento de delitos cometidos por militares contra civiles.
Durante los trabajos de este día, se efectuó el panel Experiencias nacionales comparadas, en el que impartidores de justicia en procesos orales hicieron un repaso de las vicisitudes a las que se han enfrentado con esta reciente experiencia en Chihuahua, Nuevo León, Oaxaca y Estado de México.
Alejandra Ramos Durán, jueza de garantías del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Chihuahua, expuso ante los congresistas las fases del proceso oral en ese estado, y destacó que, entre las ventajas de este sistema, está el hecho de que, desde su entrada en operación, no se han aducido quejas de las partes.
A su vez, María del Rosario Garza, jueza Primero de Juicio Oral Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León, comentó que dos de los puntos más importantes que se deben observar en la implementación del modelo son la gradualidad y la capacitación de los operadores del sistema. Añadió, asimismo, que son 54 los delitos que se juzgan mediante esta práctica.
El juez del Tribunal de Juicio Oral de la Región del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, René Hernández Reyes, en su oportunidad, se refirió a la forma como la publicidad del juicio verbal ha incidido en la recuperación de la credibilidad en quienes participan en el proceso.
En tanto, Gonzalo Vergara Rojas, presidente de la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, enfatizó que la experiencia oral en esa entidad, por el momento, no es estricta, sino predominante.
También informó que si bien la oralidad en los juicios se inició con una prueba piloto de dos juzgados, a la fecha hay ya en operación 36 más, y en los que se sólo se requiere de cinco empleados, incluido el juez.
En el panel Una agenda de justicia penal en México, Oñate Laborde dijo que la reforma al sistema de justicia penal obligará a un cambio cultural en el país.
Jan Perlín, investigadora del CIDE, y Cristián Riego, director académico del Centro de Estudios de Justicia de las Américas, adelantaron que realizan un diagnóstico del sistema de justicia en México, a fin de que el sistema judicial acoja el mandato constitucional.