Comunicados de Prensa
No.102/2008
México, D.F. a 24 de abril de 2008
Coexistencia pacífica, responsabilidad que comparten Estado y Sociedad: Ministro Ortiz Mayagoitia.
• Proponen magistrados la desaparición de la segunda instancia en los juicios penales, por ser incompatible con el principio de oralidad.
• La reforma permitirá disminuir el número de casos que lleguen hasta un juez, lo que redundará en mejor justicia: Carbonell.
Con las reformas a la Constitución en materia penal será necesario que se elimine la apelación en el proceso penal, porque no puede subsistir en los juicios orales aprobados en la reforma en materia de justicia penal, debido a la imposibilidad de que se recreen las audiencias donde se dictó la primera sentencia, coincidieron los magistrados Juan José Olvera López y Jorge Mario Pardo Rebolledo.
Asimismo, Miguel Carbonell Sánchez, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, aseguró que, en general, es positiva la reforma, pero alertó que con este nuevo ordenamiento se corre el riesgo de que la justicia mexicana se acerque al “modelo Guantánamo”, ya que en ella se establece la incomunicación a acusados por delincuencia organizada.
En el segundo día del Congreso El sistema de justicia penal en México. Retos y Perspectivas, el magistrado del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, Jorge Mario Pardo Rebolledo, señaló la imposibilidad de cumplir con la oralidad de un juicio si se tiene que plasmar por escrito una resolución fundada y motivada como se establece en la Constitución.
En el Anfiteatro Simón Bolívar del Antiguo Colegio de San Ildefonso, aseveró que no pueden subsistir los juicios orales en un sistema con tres instancias –sentencia, apelación y amparo–, por lo que, dijo, será necesario suprimir la apelación tal y como está.
Explicó que la inmediación del juez que se propone en la reforma aprobada por el Congreso de la Unión no radica en el análisis frío que el juez haga de los expedientes, sino en la experiencia vivida durante el juicio oral.
Pardo Rebolledo señaló que la reforma constitucional en materia de justicia penal es una buena oportunidad para romper paradigmas y modificar los actuales esquemas de aplicación de la ley, que fortalezcan la confianza en los juzgadores.
En el panel El proceso penal y el juicio de amparo, a su vez, el magistrado del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, Juan José Olvera López, planteó también la eliminación de la apelación en los procesos orales, ya que su aplicación es incompatible con la inmediación, pues el juzgador estaría obligado a basar su actuación en el registro escrito del caso.
Reconoció que esa propuesta es difícil de aplicar por la carga cultural en materia procesal, toda vez que el sistema mexicano está basado en las tres instancias procesales; sin embargo, insistió en que debe desaparecer la apelación pero sí debe subsistir el amparo directo como medio de revisión.
En el panel Protección de derechos fundamentales, Miguel Carbonell Sánchez dijo que la reforma en materia de justicia penal tiene claroscuros.
Explicó que es un exceso incomunicar a los acusados de delincuencia organizada, ya que se violan sus garantías y ello acercaría a México a lo que denominó “modelo Guantánamo”.
Señaló también que con la reforma que está en proceso de aprobación en los congresos de los estados, se prevé el relajamiento de la inviolabilidad de las comunicaciones privadas, así como por la posibilidad de que haya abusos contra agentes del Ministerio Público que sean destituidos, ya que pese a que ganan un juicio no podrán ser recontratados.
Carbonell Sánchez habló también de las bondades de la reforma, y dijo que con ella se ayuda a proteger mejor los derechos fundamentales; se crea la figura de los jueces de control para dar seguimiento a las investigaciones; prevé el ajuste entre las percepciones de ministerios públicos y defensores de oficio, así como la reducción del número de procesos penales con las medias alternativas, lo que redundaría en una mejor justicia.
“Si queremos un proceso penal que verdaderamente cumpla con sus objetivos, tenemos que proceder con el mayor rigor posible a deflacionar el proceso penal; es decir, a que menos casos lleguen al conocimiento de los jueces penales y a buscar rutas alternativas que nos permitan evitar el tiempo y el costo de un proceso, pero dejen a resguardo los derechos de las víctimas”, apuntó.
En 2006, recordó, cada juez emitió 133 sentencias al año, lo que sería una diaria por juzgador en días hábiles, lo que significa una carga de trabajo que permita procesos de calidad, por lo que afirmó que la reforma constitucional fue apropiada y vale la pena apoyar, porque significa romper con el estado actual inaceptable de las cosas.
A su vez, Christian Curtis, director del Programa de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Comisión Internacional de Juristas, mencionó que hay desbalances en la reforma que se pueden corregir con las leyes secundarias, como el hecho de que la designación del abogado de oficio para el inculpado sea hasta que un juez lo ordene y no cuando es detenido y rinde su primera declaración ante una autoridad.
Durante los trabajos del Congreso también participó el director ejecutivo del Centro de estudio de Justicia de las Américas, Juan Enrique Vargas Vivanco, quien destacó la importancia de llevar una adecuada gestión al interior de los juzgados, para garantizar la viabilidad de la reforma de justicia penal.
• La reforma permitirá disminuir el número de casos que lleguen hasta un juez, lo que redundará en mejor justicia: Carbonell.
Con las reformas a la Constitución en materia penal será necesario que se elimine la apelación en el proceso penal, porque no puede subsistir en los juicios orales aprobados en la reforma en materia de justicia penal, debido a la imposibilidad de que se recreen las audiencias donde se dictó la primera sentencia, coincidieron los magistrados Juan José Olvera López y Jorge Mario Pardo Rebolledo.
Asimismo, Miguel Carbonell Sánchez, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, aseguró que, en general, es positiva la reforma, pero alertó que con este nuevo ordenamiento se corre el riesgo de que la justicia mexicana se acerque al “modelo Guantánamo”, ya que en ella se establece la incomunicación a acusados por delincuencia organizada.
En el segundo día del Congreso El sistema de justicia penal en México. Retos y Perspectivas, el magistrado del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, Jorge Mario Pardo Rebolledo, señaló la imposibilidad de cumplir con la oralidad de un juicio si se tiene que plasmar por escrito una resolución fundada y motivada como se establece en la Constitución.
En el Anfiteatro Simón Bolívar del Antiguo Colegio de San Ildefonso, aseveró que no pueden subsistir los juicios orales en un sistema con tres instancias –sentencia, apelación y amparo–, por lo que, dijo, será necesario suprimir la apelación tal y como está.
Explicó que la inmediación del juez que se propone en la reforma aprobada por el Congreso de la Unión no radica en el análisis frío que el juez haga de los expedientes, sino en la experiencia vivida durante el juicio oral.
Pardo Rebolledo señaló que la reforma constitucional en materia de justicia penal es una buena oportunidad para romper paradigmas y modificar los actuales esquemas de aplicación de la ley, que fortalezcan la confianza en los juzgadores.
En el panel El proceso penal y el juicio de amparo, a su vez, el magistrado del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, Juan José Olvera López, planteó también la eliminación de la apelación en los procesos orales, ya que su aplicación es incompatible con la inmediación, pues el juzgador estaría obligado a basar su actuación en el registro escrito del caso.
Reconoció que esa propuesta es difícil de aplicar por la carga cultural en materia procesal, toda vez que el sistema mexicano está basado en las tres instancias procesales; sin embargo, insistió en que debe desaparecer la apelación pero sí debe subsistir el amparo directo como medio de revisión.
En el panel Protección de derechos fundamentales, Miguel Carbonell Sánchez dijo que la reforma en materia de justicia penal tiene claroscuros.
Explicó que es un exceso incomunicar a los acusados de delincuencia organizada, ya que se violan sus garantías y ello acercaría a México a lo que denominó “modelo Guantánamo”.
Señaló también que con la reforma que está en proceso de aprobación en los congresos de los estados, se prevé el relajamiento de la inviolabilidad de las comunicaciones privadas, así como por la posibilidad de que haya abusos contra agentes del Ministerio Público que sean destituidos, ya que pese a que ganan un juicio no podrán ser recontratados.
Carbonell Sánchez habló también de las bondades de la reforma, y dijo que con ella se ayuda a proteger mejor los derechos fundamentales; se crea la figura de los jueces de control para dar seguimiento a las investigaciones; prevé el ajuste entre las percepciones de ministerios públicos y defensores de oficio, así como la reducción del número de procesos penales con las medias alternativas, lo que redundaría en una mejor justicia.
“Si queremos un proceso penal que verdaderamente cumpla con sus objetivos, tenemos que proceder con el mayor rigor posible a deflacionar el proceso penal; es decir, a que menos casos lleguen al conocimiento de los jueces penales y a buscar rutas alternativas que nos permitan evitar el tiempo y el costo de un proceso, pero dejen a resguardo los derechos de las víctimas”, apuntó.
En 2006, recordó, cada juez emitió 133 sentencias al año, lo que sería una diaria por juzgador en días hábiles, lo que significa una carga de trabajo que permita procesos de calidad, por lo que afirmó que la reforma constitucional fue apropiada y vale la pena apoyar, porque significa romper con el estado actual inaceptable de las cosas.
A su vez, Christian Curtis, director del Programa de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Comisión Internacional de Juristas, mencionó que hay desbalances en la reforma que se pueden corregir con las leyes secundarias, como el hecho de que la designación del abogado de oficio para el inculpado sea hasta que un juez lo ordene y no cuando es detenido y rinde su primera declaración ante una autoridad.
Durante los trabajos del Congreso también participó el director ejecutivo del Centro de estudio de Justicia de las Américas, Juan Enrique Vargas Vivanco, quien destacó la importancia de llevar una adecuada gestión al interior de los juzgados, para garantizar la viabilidad de la reforma de justicia penal.