Comunicados de Prensa
No.074/2008
México, D.F. a 2 de abril de 2008
Relación de Trabajo de Empleados Delegacionales se establece sólo con sus Titulares y no con Jefe de Gobierno.
• Así lo consideró el presidente del Alto Tribunal, ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, en la presentación de la obra El Derecho Penal a Juicio. Diccionario Crítico.
Si los trabajos legislativos sobre la reforma penal resultan fructíferos, los nuevos textos de la Constitución y de las leyes se someterán al crítico estudio de la academia, consideró el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia.
En la presentación del libro El Derecho Penal a Juicio. Diccionario Crítico, expresó que hacer el derecho más accesible y comprensible, fortalece el ejercicio de la libertad, y obras como ésta abonan en ese sentido.
En el área de murales del Alto Tribunal, dijo que los temas tratados en ese diccionario interesan no sólo a la academia, sino al Estado y la sociedad en su conjunto, y abundó que entre los 134 autores están destacados integrantes del Poder Judicial de la Federación (PJF).
En este sentido, comentó que el libro es una muestra de que los depositarios del PJF –ministros, magistrados y jueces- velan por la supremacía de la Constitución desde dos frentes: a través de las sentencias que emiten, y mediante los estudios y opiniones de corte académico que desarrollan en publicaciones como la hoy presentada.
En la presentación de la obra, editada por el Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe) y la Academia Mexicana de Ciencias Penales, también estuvo el ministro Juan Silva Meza, quien recordó que el fenómeno delincuencial es alarmante entre la sociedad, mientras que los remedios se siguen buscando.
Es la sociedad, agregó, la que sufre las consecuencias del fenómeno criminal y la que sigue demandando soluciones; la academia, agregó, no puede sustraerse a ese compromiso. Confió en que el libro surja “buena luz en nuestra búsqueda de un mejor sistema punitivo”.
Por su parte, Alejandro González Alcocer, presidente de la Comisión de Justicia del Senado de la República, destacó que la obra servirá a los legisladores para tomar en cuenta las opiniones que se vierten, precisamente ahora que hay un proceso legislativo mediante el cual se está adecuando diversas leyes en materia penal.
Eduardo Medina Mora, procurador general de la República, en su oportunidad expresó que el valor del texto estriba en que busca replantear temas, reevaluar el papel de las instituciones y modernizar el derecho penal, para hacer frente a retos cada vez mayores y a una delincuencia cada vez más sofisticada.
A su vez, Gerardo Laveaga Rendón, director general del Inacipe y coordinador de la obra -junto con Alberto Lujambio-, comentó el valor democrático de ésta. No puede haber democracia, indicó, si no hay debate, y eso es precisamente lo que se alienta. Ése es el espíritu de este libro, subrayó.
En tanto, Moisés Moreno Hernández, presidente de la Academia Mexicana de Ciencias Penales, habló de que el derecho penal no puede permanecer estático, y refirió que las opiniones expresadas en el libro contribuirán al desarrollo de esta área del derecho.
Si los trabajos legislativos sobre la reforma penal resultan fructíferos, los nuevos textos de la Constitución y de las leyes se someterán al crítico estudio de la academia, consideró el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia.
En la presentación del libro El Derecho Penal a Juicio. Diccionario Crítico, expresó que hacer el derecho más accesible y comprensible, fortalece el ejercicio de la libertad, y obras como ésta abonan en ese sentido.
En el área de murales del Alto Tribunal, dijo que los temas tratados en ese diccionario interesan no sólo a la academia, sino al Estado y la sociedad en su conjunto, y abundó que entre los 134 autores están destacados integrantes del Poder Judicial de la Federación (PJF).
En este sentido, comentó que el libro es una muestra de que los depositarios del PJF –ministros, magistrados y jueces- velan por la supremacía de la Constitución desde dos frentes: a través de las sentencias que emiten, y mediante los estudios y opiniones de corte académico que desarrollan en publicaciones como la hoy presentada.
En la presentación de la obra, editada por el Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe) y la Academia Mexicana de Ciencias Penales, también estuvo el ministro Juan Silva Meza, quien recordó que el fenómeno delincuencial es alarmante entre la sociedad, mientras que los remedios se siguen buscando.
Es la sociedad, agregó, la que sufre las consecuencias del fenómeno criminal y la que sigue demandando soluciones; la academia, agregó, no puede sustraerse a ese compromiso. Confió en que el libro surja “buena luz en nuestra búsqueda de un mejor sistema punitivo”.
Por su parte, Alejandro González Alcocer, presidente de la Comisión de Justicia del Senado de la República, destacó que la obra servirá a los legisladores para tomar en cuenta las opiniones que se vierten, precisamente ahora que hay un proceso legislativo mediante el cual se está adecuando diversas leyes en materia penal.
Eduardo Medina Mora, procurador general de la República, en su oportunidad expresó que el valor del texto estriba en que busca replantear temas, reevaluar el papel de las instituciones y modernizar el derecho penal, para hacer frente a retos cada vez mayores y a una delincuencia cada vez más sofisticada.
A su vez, Gerardo Laveaga Rendón, director general del Inacipe y coordinador de la obra -junto con Alberto Lujambio-, comentó el valor democrático de ésta. No puede haber democracia, indicó, si no hay debate, y eso es precisamente lo que se alienta. Ése es el espíritu de este libro, subrayó.
En tanto, Moisés Moreno Hernández, presidente de la Academia Mexicana de Ciencias Penales, habló de que el derecho penal no puede permanecer estático, y refirió que las opiniones expresadas en el libro contribuirán al desarrollo de esta área del derecho.