Comunicados de Prensa
No.038/2008
México, D.F. a 18 de febrero de 2008
GDF CONTINUARÁ CON ADMINISTRACIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS DE ALTO LERMA Y CHICONAUTLA
El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que es válido el oficio emitido por el Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que contiene la negativa a la solicitud planteada por el Gobierno del Estado de México para que éste reasuma la administración de los sistemas de extracción y conducción de aguas subterráneas de Alto Lerma y Chiconautla.
Por ende, el Gobierno del Distrito Federal (GDF) continuará con la administración de los sistemas de extracción y conducción de dichas aguas subterráneas, con base en el convenio firmado por ambas entidades en 1966 y sus adiciones, así como el título de concesión celebrado en 1996.
Así lo determinó el Pleno de la SCJN al resolver una controversia constitucional promovida por el Congreso del Estado de México, que impugnó la resolución contenida en el oficio 1365 de 23 de junio de 2003, al argumentar que el convenio celebrado en 1966 y sus adiciones, así como el título de concesión de 1996, fue entre el Departamento del Distrito Federal (DDF) y la Federación, pero ahora quien ejercita las acciones de ejecución es el Gobierno del Distrito Federal (GFDF) como persona distinta al entonces DDF.
Los ministros precisaron que el oficio impugnado no transgrede el artículo 16 constitucional, ni está en contravención con el convenio y el título de concesión, pues su fundamentación y motivación estuvo acorde con los ordenamientos aplicables correspondientes.
Además, señalaron, la Comisión Nacional del Agua es la autoridad competente para determinar la revocación, extinción, restricción, suspensión o dar por terminada una concesión en caso de incumplimiento de las leyes que rigen su objeto.
Por ende, el Gobierno del Distrito Federal (GDF) continuará con la administración de los sistemas de extracción y conducción de dichas aguas subterráneas, con base en el convenio firmado por ambas entidades en 1966 y sus adiciones, así como el título de concesión celebrado en 1996.
Así lo determinó el Pleno de la SCJN al resolver una controversia constitucional promovida por el Congreso del Estado de México, que impugnó la resolución contenida en el oficio 1365 de 23 de junio de 2003, al argumentar que el convenio celebrado en 1966 y sus adiciones, así como el título de concesión de 1996, fue entre el Departamento del Distrito Federal (DDF) y la Federación, pero ahora quien ejercita las acciones de ejecución es el Gobierno del Distrito Federal (GFDF) como persona distinta al entonces DDF.
Los ministros precisaron que el oficio impugnado no transgrede el artículo 16 constitucional, ni está en contravención con el convenio y el título de concesión, pues su fundamentación y motivación estuvo acorde con los ordenamientos aplicables correspondientes.
Además, señalaron, la Comisión Nacional del Agua es la autoridad competente para determinar la revocación, extinción, restricción, suspensión o dar por terminada una concesión en caso de incumplimiento de las leyes que rigen su objeto.