Comunicados de Prensa
No.242/2007
México, D.F. a 14 de diciembre de 2007
PRESERVA SCJN SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL, SIN PRESIONES DE FACTORES EXTERNOS: MINISTRO ORTIZ M.
• El presidente del Alto Tribunal y del Consejo de la Judicatura Federal rindió su primer informe de labores; dijo que la certeza jurídica sólo puede emanar de resoluciones objetivas e imparciales, apegadas a derecho.
• Con la facultad de investigación establecida en el artículo 97 constitucional, la SCJN no puede investigar delitos, ni exonerar o condenar a alguien, precisó.
• Enfatizó que en el caso Puebla, equivocadamente se atribuyó a la decisión de la Corte un efecto absolutorio que no tiene.
La función esencial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) es la de preservar la supremacía constitucional; y los ánimos, los clamores sociales, las tentaciones noticiosas o las percepciones del juzgador no son la motivación de las sentencias, manifestó el presidente del Alto Tribunal y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia.
Al rendir su primer informe de labores, expresó que una justicia moderna, comprometida con la democracia constitucional y con el estado de derecho, debe ser firme ante las presiones, opiniones y manifestaciones; y comentó que la certeza jurídica sólo puede emanar de resoluciones objetivas e imparciales, apegadas a derecho y totalmente independiente de factores externos.
Ante los plenos del Alto Tribunal y del Consejo de la Judicatura Federal; de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; jueces y magistrados federales, del presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa; del presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, Santiago Creel Miranda, y del vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Cristián Castaño Contreras, el ministro Ortiz Mayagoitia dijo enfático: “Tenemos compromiso y vocación con la justicia, no con la popularidad. Una es de muy largo aliento y beneficia al desarrollo y la estabilidad; la otra, es de corto alcance, volátil y caprichosa”.
En la medida en que la cultura de la legalidad y la supremacía constitucional se sigan fortaleciendo y cohabiten naturalmente con procesos e instituciones, se estará avanzando como sociedad en la consolidación de la democracia constitucional y en el arraigo del estado de derecho, expresó el ministro Ortiz Mayagoitia.
En el salón de plenos del Alto Tribunal, el ministro presidente se refirió a la facultad de investigación de la SCJN establecida en el artículo 97 constitucional, y aclaró que hace 30 años que la institución no tiene capacidad de utilizar esa vía para investigar delitos federales o para condenar o exonerar a nadie. Explicó que el Ministerio Público ha tenido siempre la facultad de perseguir delitos, y la investigación de ellos le fue expresamente atribuida por mandato constitucional.
La facultad de investigación de la SCJN, puntualizó, es una vía distinta al resto de los procesos de defensa constitucional y como tal, no sustituye a ninguno de ellos, y tampoco se afectan, en ninguna medida, las facultades de quienes pueden y deben investigar los delitos y perseguir a los responsables.
En ese sentido, precisó que al resolverse el caso relacionado con el gobernador de Puebla, un gran descontento y frustración se hicieron sentir en diversos medios y foros públicos, porque equivocadamente se atribuyó a la decisión de la Corte un afecto absolutorio que no tiene.
La facultad de investigación puede o no satisfacer las expectativas que despierta en la sociedad, y por ello “nuestra respetuosa e insistente propuesta de que esta facultad cuente con una ley que le dé vida y efecto práctico, o bien que se elimine”, planteó el ministro.
Habló de la Reforma del Estado, y manifestó la disposición de aportar la experiencia del Poder Judicial de la Federación (PJF) para enriquecer cualquier proyecto que redunde en el fortalecimiento de la justicia.
Asimismo, expresó que la mejor calidad de la justicia en el país sólo será posible mediante el fortalecimiento y la modernización integral de todos los órganos que participan en ella.
Recordó que a través del Fondo Jurica para el Fortalecimiento y Modernización de la Impartición de Justicia se financiarán proyectos con miras a asegurar que todos los juzgadores estén en mejores condiciones para garantizar el acceso a la justicia.
El ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia informó que en el Alto Tribunal se resolvieron en este año 3 mil 861 asuntos –incluidos los de las dos salas-, en 197 sesiones que se sumaron a más de 500 horas efectivas de deliberación.
Indicó, además, que el juicio de amparo representó cerca del 40 por ciento de todos los asuntos sometidos a la consideración del Alto Tribunal -7 amparos directos, mil 182 directos en revisión y mil 359 en revisión-, y que en el periodo ingresaron 134 controversias constitucionales, así como 204 acciones de inconstitucionalidad.
El ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia tocó también el tema de las medidas de austeridad adoptadas en 2007, y aseveró que se ejercieron responsablemente con criterios de eficacia, eficiencia y honradez.
Además, dijo que la SCJN inició una revisión de sus procedimientos de operación para evaluar los instrumentos de apoyo técnico, jurídico y administrativo, a fin de simplificar y hacer eficiente la normatividad interna.
En cuanto a transparencia, ratificó que es uno de los principios más importantes del Alto Tribunal, y que el acceso a la información ha merecido reconocimientos importantes por parte de instituciones públicas y privadas, particularmente en lo que se refiere al portal de Internet.
JUZGADOS DE DISTRITO Y TRIBUNALES DE CIRCUITO ATIENDEN CON EFICACIA, PESE A CARGAS DE TRABAJO
En su informe expuso ampliamente sobre la labor en el CJF, Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y señaló que a pesar de la creciente carga de trabajo, los jueces y magistrados federales atienden la demanda de la sociedad con el mayor grado de eficiencia posible.
Proporcionó cifras:
- En materia penal ingresaron 43 mil 500 causas en este año, y el 30 por ciento de los inculpados ya cuenta con sentencia definitiva; y cuatro de cada cinco fallos son condenatorios.
- Los Tribunales Unitarios recibieron cerca de 40 mil recursos de apelación en materia penal, y ocho de cada diez apelaciones admitidas fueron resueltas en 2007, con 76 por ciento de confirmación de las sentencias recurridas.
- En 2007 se tramitaron 96 procedimientos de extradición, y de conformidad con el derecho internacional vigente se declaró la procedencia de las extradiciones.
- En materia civil y administrativa se promovieron más de 17 mil juicios a nivel nacional, y uno de cada tres juicios civiles admitidos ya ha sido resuelto.
- Tratándose de amparo directo, en los juzgados de Distrito casi 600 mil personas físicas y más de 50 mil personas morales promovieron juicios de garantías, sin considerar a más de 300 mil personas que también han promovido amparos en contra de la Ley del ISSSTE.
- Más de la mitad de los juicios de amparo indirecto que fueron admitidos en 2007 fueron sobreseídos; en una cuarta parte de ellos se concedió el amparo y la protección de la justicia federal, y en el resto hubo sentencias denegatorias.
- En cuanto a la promoción de amparos contra la nueva Ley del ISSSTE, se presentaron 167 mil 327 demandas de amparo, muchas de ellas suscritas por varios quejosos. Casi 150 mil fueron admitidas por el Primer Juzgado Auxiliar y el resto está en proceso ante el Juzgado Segundo Auxiliar. A la fecha, cerca del 6 por ciento de las demandas está pendiente de admisión, y los juzgados auxiliares trabajarán todo el año con el fin de que la totalidad e las demandas estén admitidas al cierre de 2007.
El ministro Ortiz Mayagoitia dijo que es pública la intención de la SCJN de atraer las revisiones de estos amparos con la finalidad de definir con absoluta imparcialidad, criterios jurisdiccionales que den homogeneidad a las resoluciones y ofrezcan certeza a los miles de quejosos.
En relación con los Tribunales Colegiados de Circuito, informó que los amparos directos llegaron casi a las 130 mil demandas, e indicó que más de 11 mil juicios de amparo fueron resueltos en 2007. En el 40 por ciento, externó, se concedió el amparo, en más de la mitad se negó, y solamente en el 6 por ciento se sobreseyó.
El ministro anunció que el PJF continuará con la política de austeridad y racionalidad del gasto, y que se buscará la generación de ahorros que permitan procurar la sustentabilidad y el crecimiento del Fondo Jurica como proyecto prioritario del Sistema Nacional de Impartición de Justicia.
Refirió que 2008 será el año de la transparencia judicial, y para ello propondrá al CJF que adopte medidas iguales o parecidas a las que instrumentará el Alto Tribunal.
En el Tribunal Constitucional, Tribunales de Circuito, Juzgados de Distrito y en cualquier espacio de la justicia federal se seguirá resolviendo con la férrea determinación de imparcialidad en todos los casos, concluyó el presidente de la SCJN y del CJF.
Al informe también asistieron el secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña; el consejero jurídico de la Presidencia, Daniel Cabeza de Vaca; el secretario particular del jefe del Ejecutivo, César Nava; el jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, Juan Camilo Mouriño, y el procurador general de la República, Eduardo Medina Mora.
Asimismo, la consejera jurídica del Gobierno del Distrito Federal, Leticia Bonifaz Alfonzo, en representación del jefe de gobierno capitalino, Marcelo Ebrard Casaubón, y el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, José Narro Robles.
• Con la facultad de investigación establecida en el artículo 97 constitucional, la SCJN no puede investigar delitos, ni exonerar o condenar a alguien, precisó.
• Enfatizó que en el caso Puebla, equivocadamente se atribuyó a la decisión de la Corte un efecto absolutorio que no tiene.
La función esencial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) es la de preservar la supremacía constitucional; y los ánimos, los clamores sociales, las tentaciones noticiosas o las percepciones del juzgador no son la motivación de las sentencias, manifestó el presidente del Alto Tribunal y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia.
Al rendir su primer informe de labores, expresó que una justicia moderna, comprometida con la democracia constitucional y con el estado de derecho, debe ser firme ante las presiones, opiniones y manifestaciones; y comentó que la certeza jurídica sólo puede emanar de resoluciones objetivas e imparciales, apegadas a derecho y totalmente independiente de factores externos.
Ante los plenos del Alto Tribunal y del Consejo de la Judicatura Federal; de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; jueces y magistrados federales, del presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa; del presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, Santiago Creel Miranda, y del vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Cristián Castaño Contreras, el ministro Ortiz Mayagoitia dijo enfático: “Tenemos compromiso y vocación con la justicia, no con la popularidad. Una es de muy largo aliento y beneficia al desarrollo y la estabilidad; la otra, es de corto alcance, volátil y caprichosa”.
En la medida en que la cultura de la legalidad y la supremacía constitucional se sigan fortaleciendo y cohabiten naturalmente con procesos e instituciones, se estará avanzando como sociedad en la consolidación de la democracia constitucional y en el arraigo del estado de derecho, expresó el ministro Ortiz Mayagoitia.
En el salón de plenos del Alto Tribunal, el ministro presidente se refirió a la facultad de investigación de la SCJN establecida en el artículo 97 constitucional, y aclaró que hace 30 años que la institución no tiene capacidad de utilizar esa vía para investigar delitos federales o para condenar o exonerar a nadie. Explicó que el Ministerio Público ha tenido siempre la facultad de perseguir delitos, y la investigación de ellos le fue expresamente atribuida por mandato constitucional.
La facultad de investigación de la SCJN, puntualizó, es una vía distinta al resto de los procesos de defensa constitucional y como tal, no sustituye a ninguno de ellos, y tampoco se afectan, en ninguna medida, las facultades de quienes pueden y deben investigar los delitos y perseguir a los responsables.
En ese sentido, precisó que al resolverse el caso relacionado con el gobernador de Puebla, un gran descontento y frustración se hicieron sentir en diversos medios y foros públicos, porque equivocadamente se atribuyó a la decisión de la Corte un afecto absolutorio que no tiene.
La facultad de investigación puede o no satisfacer las expectativas que despierta en la sociedad, y por ello “nuestra respetuosa e insistente propuesta de que esta facultad cuente con una ley que le dé vida y efecto práctico, o bien que se elimine”, planteó el ministro.
Habló de la Reforma del Estado, y manifestó la disposición de aportar la experiencia del Poder Judicial de la Federación (PJF) para enriquecer cualquier proyecto que redunde en el fortalecimiento de la justicia.
Asimismo, expresó que la mejor calidad de la justicia en el país sólo será posible mediante el fortalecimiento y la modernización integral de todos los órganos que participan en ella.
Recordó que a través del Fondo Jurica para el Fortalecimiento y Modernización de la Impartición de Justicia se financiarán proyectos con miras a asegurar que todos los juzgadores estén en mejores condiciones para garantizar el acceso a la justicia.
El ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia informó que en el Alto Tribunal se resolvieron en este año 3 mil 861 asuntos –incluidos los de las dos salas-, en 197 sesiones que se sumaron a más de 500 horas efectivas de deliberación.
Indicó, además, que el juicio de amparo representó cerca del 40 por ciento de todos los asuntos sometidos a la consideración del Alto Tribunal -7 amparos directos, mil 182 directos en revisión y mil 359 en revisión-, y que en el periodo ingresaron 134 controversias constitucionales, así como 204 acciones de inconstitucionalidad.
El ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia tocó también el tema de las medidas de austeridad adoptadas en 2007, y aseveró que se ejercieron responsablemente con criterios de eficacia, eficiencia y honradez.
Además, dijo que la SCJN inició una revisión de sus procedimientos de operación para evaluar los instrumentos de apoyo técnico, jurídico y administrativo, a fin de simplificar y hacer eficiente la normatividad interna.
En cuanto a transparencia, ratificó que es uno de los principios más importantes del Alto Tribunal, y que el acceso a la información ha merecido reconocimientos importantes por parte de instituciones públicas y privadas, particularmente en lo que se refiere al portal de Internet.
JUZGADOS DE DISTRITO Y TRIBUNALES DE CIRCUITO ATIENDEN CON EFICACIA, PESE A CARGAS DE TRABAJO
En su informe expuso ampliamente sobre la labor en el CJF, Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y señaló que a pesar de la creciente carga de trabajo, los jueces y magistrados federales atienden la demanda de la sociedad con el mayor grado de eficiencia posible.
Proporcionó cifras:
- En materia penal ingresaron 43 mil 500 causas en este año, y el 30 por ciento de los inculpados ya cuenta con sentencia definitiva; y cuatro de cada cinco fallos son condenatorios.
- Los Tribunales Unitarios recibieron cerca de 40 mil recursos de apelación en materia penal, y ocho de cada diez apelaciones admitidas fueron resueltas en 2007, con 76 por ciento de confirmación de las sentencias recurridas.
- En 2007 se tramitaron 96 procedimientos de extradición, y de conformidad con el derecho internacional vigente se declaró la procedencia de las extradiciones.
- En materia civil y administrativa se promovieron más de 17 mil juicios a nivel nacional, y uno de cada tres juicios civiles admitidos ya ha sido resuelto.
- Tratándose de amparo directo, en los juzgados de Distrito casi 600 mil personas físicas y más de 50 mil personas morales promovieron juicios de garantías, sin considerar a más de 300 mil personas que también han promovido amparos en contra de la Ley del ISSSTE.
- Más de la mitad de los juicios de amparo indirecto que fueron admitidos en 2007 fueron sobreseídos; en una cuarta parte de ellos se concedió el amparo y la protección de la justicia federal, y en el resto hubo sentencias denegatorias.
- En cuanto a la promoción de amparos contra la nueva Ley del ISSSTE, se presentaron 167 mil 327 demandas de amparo, muchas de ellas suscritas por varios quejosos. Casi 150 mil fueron admitidas por el Primer Juzgado Auxiliar y el resto está en proceso ante el Juzgado Segundo Auxiliar. A la fecha, cerca del 6 por ciento de las demandas está pendiente de admisión, y los juzgados auxiliares trabajarán todo el año con el fin de que la totalidad e las demandas estén admitidas al cierre de 2007.
El ministro Ortiz Mayagoitia dijo que es pública la intención de la SCJN de atraer las revisiones de estos amparos con la finalidad de definir con absoluta imparcialidad, criterios jurisdiccionales que den homogeneidad a las resoluciones y ofrezcan certeza a los miles de quejosos.
En relación con los Tribunales Colegiados de Circuito, informó que los amparos directos llegaron casi a las 130 mil demandas, e indicó que más de 11 mil juicios de amparo fueron resueltos en 2007. En el 40 por ciento, externó, se concedió el amparo, en más de la mitad se negó, y solamente en el 6 por ciento se sobreseyó.
El ministro anunció que el PJF continuará con la política de austeridad y racionalidad del gasto, y que se buscará la generación de ahorros que permitan procurar la sustentabilidad y el crecimiento del Fondo Jurica como proyecto prioritario del Sistema Nacional de Impartición de Justicia.
Refirió que 2008 será el año de la transparencia judicial, y para ello propondrá al CJF que adopte medidas iguales o parecidas a las que instrumentará el Alto Tribunal.
En el Tribunal Constitucional, Tribunales de Circuito, Juzgados de Distrito y en cualquier espacio de la justicia federal se seguirá resolviendo con la férrea determinación de imparcialidad en todos los casos, concluyó el presidente de la SCJN y del CJF.
Al informe también asistieron el secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña; el consejero jurídico de la Presidencia, Daniel Cabeza de Vaca; el secretario particular del jefe del Ejecutivo, César Nava; el jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, Juan Camilo Mouriño, y el procurador general de la República, Eduardo Medina Mora.
Asimismo, la consejera jurídica del Gobierno del Distrito Federal, Leticia Bonifaz Alfonzo, en representación del jefe de gobierno capitalino, Marcelo Ebrard Casaubón, y el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, José Narro Robles.