Comunicados de Prensa
No.240/2007
México, D.F. a 12 de diciembre de 2007
PAPEL DE JUECES NO PUEDE SER CONSIDERADO SÓLO A PARTIR DE CRÍTICA SUPERFICIAL: MINISTRO COSSÍO DÍAZ
• Rindió informe anual de labores como presidente de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
• Expresó que desde el momento en que las Salas del Alto Tribunal abren las condiciones de un diálogo jurídico, se posibilitan las condiciones para una adecuada crítica a su trabajo
El relevante papel que los juzgadores tienen conferido por la sociedad no puede ser considerado sólo a partir de la descalificación por la manera en que las garantías jurisdiccionales (estabilidad, remuneración, responsabilidad o independencia) operan, dijo el presidente de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ministro José Ramón Cossío Díaz.
Comentó que mantener esta superficial línea de crítica significa dejar de considerar la manera en la que los jueces influyen en la estructuración de las relaciones sociales, culturales, políticas o económicas de los habitantes de este país, lo cual es grave para la constitución de una sociedad democrática.
Al rendir su informe anual de labores como presidente de la Primera Sala, el ministro Cossío Díaz manifestó que desde el momento en que las Salas del Alto Tribunal abren las condiciones de un diálogo jurídico respecto de ellas mismas, se posibilitan las condiciones de una adecuada crítica a su trabajo.
Con ello, a su vez, se está en la posibilidad de que diversos actores atiendan a lo que es verdaderamente importante de la actividad jurisdiccional: los criterios establecidos, sus cadenas argumentativas y las correspondientes votaciones, todo lo cual tiene implicaciones de enorme importancia para la vida cotidiana y no sólo para la que suele denominarse vida jurídica.
Ante ministros de la SCJN, consejeros de la Judicatura Federal, magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación magistrados de Circuito y jueces de Distrito, Cossío Díaz proporcionó cifras, y explicó que al iniciar el año, la Sala tuvo una existencia de 133 asuntos, a los cuales se sumó el ingreso de mil 840 en este periodo. Del total de los mil 973 asuntos pendientes, egresaron mil 766 de la manera siguiente: mil 698 por resolución, 32 por remisión al Pleno o a la Segunda Sala y 36 por acuerdo de Presidencia, precisó.
Al concluir el año, se encuentran pendientes de resolución 207 asuntos, expresó al referir que en lo que se refiere a los tiempos, si bien el trabajo de la Sala satisface el estándar de cumplimiento de los plazos de trámite o instrucción y de resolución, es necesario advertir que fueron ligeramente superiores a los alcanzados el año pasado.
La explicación tiene que ver, dijo, con el establecimiento de diversas medidas para resolver de mejor manera los asuntos de la Sala, específicamente los relacionados con derechos fundamentales.
En este sentido, Cossío Díaz expuso el hecho de que muy pocos amparos se promueven para hacer valer los diversos derechos fundamentales necesarios para constituir ciudadanía y generar precondiciones de nuestra vida democrática.
Los abogados, indicó, necesitan ocuparse más de las condiciones institucionales de su objeto de trabajo, el derecho, y con ello, de las condiciones normativas por las que autoridades e individuos deben regirse.
“Lograr que a las instancias de resolución lleguen casos que posibiliten la apuntada tarea, compete a buena parte de los integrantes de la sociedad, específicamente a quienes hacen del derecho su ejercicio profesional”, estableció el ministro.
Pensar lo contrario, señaló, equivaldría a suponer que la Sala debe constituirse en un órgano auto referente de generación de actos reclamados o normas constitucionales reclamadas, con todos los problemas que ello implica en términos de la división de poderes.
Externó que hasta hoy, buena parte de las tareas de renovación de los criterios jurisprudenciales en materiales diferentes a la fiscal y al debido proceso provienen de los defensores públicos y de algunos grupos de litigio de interés público que empiezan a surgir en el país.
Sería deseable, enfatizó el ministro Cossío Díaz, que en el futuro surgieran esfuerzos más comprometidos por parte de diversos grupos de profesionales interesados en unas más robustas condiciones de la práctica profesional en que todos estamos inmersos.
• Expresó que desde el momento en que las Salas del Alto Tribunal abren las condiciones de un diálogo jurídico, se posibilitan las condiciones para una adecuada crítica a su trabajo
El relevante papel que los juzgadores tienen conferido por la sociedad no puede ser considerado sólo a partir de la descalificación por la manera en que las garantías jurisdiccionales (estabilidad, remuneración, responsabilidad o independencia) operan, dijo el presidente de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ministro José Ramón Cossío Díaz.
Comentó que mantener esta superficial línea de crítica significa dejar de considerar la manera en la que los jueces influyen en la estructuración de las relaciones sociales, culturales, políticas o económicas de los habitantes de este país, lo cual es grave para la constitución de una sociedad democrática.
Al rendir su informe anual de labores como presidente de la Primera Sala, el ministro Cossío Díaz manifestó que desde el momento en que las Salas del Alto Tribunal abren las condiciones de un diálogo jurídico respecto de ellas mismas, se posibilitan las condiciones de una adecuada crítica a su trabajo.
Con ello, a su vez, se está en la posibilidad de que diversos actores atiendan a lo que es verdaderamente importante de la actividad jurisdiccional: los criterios establecidos, sus cadenas argumentativas y las correspondientes votaciones, todo lo cual tiene implicaciones de enorme importancia para la vida cotidiana y no sólo para la que suele denominarse vida jurídica.
Ante ministros de la SCJN, consejeros de la Judicatura Federal, magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación magistrados de Circuito y jueces de Distrito, Cossío Díaz proporcionó cifras, y explicó que al iniciar el año, la Sala tuvo una existencia de 133 asuntos, a los cuales se sumó el ingreso de mil 840 en este periodo. Del total de los mil 973 asuntos pendientes, egresaron mil 766 de la manera siguiente: mil 698 por resolución, 32 por remisión al Pleno o a la Segunda Sala y 36 por acuerdo de Presidencia, precisó.
Al concluir el año, se encuentran pendientes de resolución 207 asuntos, expresó al referir que en lo que se refiere a los tiempos, si bien el trabajo de la Sala satisface el estándar de cumplimiento de los plazos de trámite o instrucción y de resolución, es necesario advertir que fueron ligeramente superiores a los alcanzados el año pasado.
La explicación tiene que ver, dijo, con el establecimiento de diversas medidas para resolver de mejor manera los asuntos de la Sala, específicamente los relacionados con derechos fundamentales.
En este sentido, Cossío Díaz expuso el hecho de que muy pocos amparos se promueven para hacer valer los diversos derechos fundamentales necesarios para constituir ciudadanía y generar precondiciones de nuestra vida democrática.
Los abogados, indicó, necesitan ocuparse más de las condiciones institucionales de su objeto de trabajo, el derecho, y con ello, de las condiciones normativas por las que autoridades e individuos deben regirse.
“Lograr que a las instancias de resolución lleguen casos que posibiliten la apuntada tarea, compete a buena parte de los integrantes de la sociedad, específicamente a quienes hacen del derecho su ejercicio profesional”, estableció el ministro.
Pensar lo contrario, señaló, equivaldría a suponer que la Sala debe constituirse en un órgano auto referente de generación de actos reclamados o normas constitucionales reclamadas, con todos los problemas que ello implica en términos de la división de poderes.
Externó que hasta hoy, buena parte de las tareas de renovación de los criterios jurisprudenciales en materiales diferentes a la fiscal y al debido proceso provienen de los defensores públicos y de algunos grupos de litigio de interés público que empiezan a surgir en el país.
Sería deseable, enfatizó el ministro Cossío Díaz, que en el futuro surgieran esfuerzos más comprometidos por parte de diversos grupos de profesionales interesados en unas más robustas condiciones de la práctica profesional en que todos estamos inmersos.