Comunicados de Prensa

No. 121/2019

Ciudad de México, a 21 de agosto de 2019

LA PRIMERA SALA DETERMINÓ QUE LA VIOLENCIA ECONÓMICA DEL CÓNYUGE VARÓN SOBRE SU ESPOSA DA LUGAR A QUE CESE LA SOCIEDAD CONYUGAL

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en sesión de Primera Sala estableció, al juzgar con perspectiva de género, que la interpretación del artículo 196 del Código Civil para el Distrito Federal (ahora Ciudad de México), da lugar a compatibilizarlo con el principio de igualdad, a fin de evitar situaciones discriminatorias contra las mujeres, por violencia económica o patrimonial y, por ende, que contemple un supuesto adicional para el cese de los efectos de la sociedad conyugal.

En la sentencia se da una respuesta jurisdiccional que pretende visibilizar aquellos fenómenos de violencia económica o patrimonial que aquejan a la mujer en el seno de su familia y que la subyugan, incluso, al menoscabo de sus ingresos y del haber común constituido mediante la sociedad conyugal.

Se estimó que al elaborarse la norma no se consideraron situaciones que podrían dar lugar a la violencia de género, que constituye una forma de discriminación al impedir el goce del derecho a la igualdad y el de vivir una vida libre de violencia; ello, porque no se contemplaron ciertas circunstancias de desventaja y vulnerabilidad que sufren las mujeres, por ejemplo, las que desarrollan “doble jornada”. Tampoco se advirtieron escenarios familiares donde se desarrolla particularmente la violencia económica, en los que el agresor afecta la capacidad financiera de la víctima y le arrebata el derecho a tomar decisiones en cuanto a su economía y el destino de los recursos que obtiene en lo particular.

Bajo ese contexto se precisó que el artículo mencionado, solo establece un supuesto para que cese la sociedad conyugal, que es el abandono injustificado del domicilio conyugal, pero ignora que puede haber otras circunstancias que también podrían justificar esa cesación, como el caso en que aún cohabitan dicho domicilio pero el cónyuge varón, injustificadamente, se desentienda de hacer aportación alguna (económica o de tareas domésticas y cuidado de los hijos) para preservar o incluso incrementar el patrimonio, lo que coloca en desventaja a la mujer, en cuanto a la preservación del haber común.

Por ello, en tutela del principio de igualdad y el derecho de la mujer a vivir una vida libre de violencia, se consideró que deberán cesar los efectos de la sociedad conyugal, en lo que le favorezcan al cónyuge varón, desde el momento en que éste, de manera injustificada, se desentienda de aportar tanto económicamente como en las labores del hogar.

En estos casos, la modulación de la sociedad conyugal tiene por objeto descartar la posibilidad de enriquecimiento injusto por parte del cónyuge varón al haber ejercido violencia económica contra su esposa y garantizar el acceso de ambos a los productos generados por el esfuerzo común.

Igualmente, la interpretación derivada del juzgar con perspectiva de género, garantiza que los bienes generados en situaciones de violencia de género, particularmente la económica, pertenezcan de forma proporcional a quien los generó sin la ayuda del otro cónyuge y, en el momento de liquidar el patrimonio común, se destine una parte de él a compensar los gastos adicionales que hubiese erogado la cónyuge que así lo demuestre y así compensar el desentendimiento del consorte varón sobre sus deberes de solidaridad en las labores del hogar.

Debe tenerse presente que también existen causas justificadas por las que uno de los cónyuges podría no haber realizado aportación alguna, ya sea por así haberlo pactado libremente, o por motivos de discapacidad, salud, desempleo por causas ajenas a la voluntad del cónyuge, así como la restricción de la libertad, entre otros.

Amparo directo en revisión 7134/2018. Ministra Norma Lucía Piña Hernández. Sesión de 21 de agosto de 2019.

Documento con fines de divulgación. La sentencia es la única versión oficial.

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