Plataforma Nacional de Transparencia

Comunicados de Prensa

No. 065/2018

Ciudad de México, a 02 de mayo de 2018

PRIMERA SALA ATRAE AMPARO SOBRE LA POSIBILIDAD DE QUE VÍCTIMAS INDIRECTAS RADICADAS EN EL EXTRANJERO PUEDEN CONSULTAR CARPETA DE INVESTIGACIÓN EN EMBAJADA MEXICANA

En sesión de 2 de mayo de 2018, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió la solicitud de ejercicio de la facultad de atracción 531/2017, a propuesta del Ministro Arturo Zaldívar.

En el caso, la quejosa tiene reconocido el carácter de víctima indirecta en una carpeta de investigación, iniciada con motivo de una denuncia por la desaparición en territorio nacional de un familiar migrante de origen hondureño. El Juez de Distrito que conoció del asunto en primera instancia concedió la protección constitucional a la quejosa para el efecto de que ésta pudiera consultar una versión digitalizada de la carpeta de investigación en la embajada mexicana en Honduras. Esta decisión fue impugnada por el Ministerio Público y la quejosa a través del recurso de revisión atraído por esta Primera Sala.

De acuerdo con esta decisión, a través del conocimiento de este asunto la Suprema Corte se podría pronunciar sobre los siguientes temas de interés y trascendencia para el orden jurídico nacional:

• Si las víctimas indirectas radicadas en el extranjero tienen derecho a acceder a consultar digitalmente una carpeta de investigación en una embajada mexicana con representación diplomática en el extranjero;

• El esclarecimiento de cuál es el papel que juegan tanto las embajadas de México en el extranjero, como las propias agregadurías legales de la Procuraduría General de la República, en los procesos de investigación conducidos por la Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes; y

• Si el uso de medios electrónicos por parte de la autoridad responsable previsto en el artículo 51 del Código Nacional de Procedimientos Penales es potestativo o, por el contrario, el contenido y alcance de los derechos de las víctimas impone una obligación a las autoridades ministeriales.


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