No. 223/2014
México D.F. a 09 de diciembre de 2014
LA TORTURA Y LOS MALOS TRATOS SON PRÁCTICAS IMPROPIAS DE UN ESTADO DE DERECHO: MINISTRO PRESIDENTE JUAN SILVA MEZA
• Durante la presentación del “Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en asuntos que involucren hechos constitutivos de tortura y malos tratos”, destacó que, desde hace 20 años, organismos de los sistemas universal e interamericano de protección de los derechos humanos, a los que el Estado mexicano pertenece, han sostenido la existencia de la tortura en nuestro país.
• Nuestra intención no es otra más que contribuir a erradicar los hechos constitutivos de tortura y los malos tratos, prácticas que sólo abonan al desprestigio y desconfianza de la sociedad en las autoridades, sostuvo Silva Meza.
La tortura y los malos tratos son prácticas impropias de un Estado de Derecho, afirmó el Ministro Juan Silva Meza, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), durante la presentación del Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en asuntos que involucren hechos constitutivos de tortura y malos tratos.
La ejecución de la tortura, agregó, supone violentar el derecho a la integridad personal, cuyo contenido se desprende, directamente, de la dignidad humana, que es fundamento de los derechos humanos, sostuvo en el Área de Murales de este Alto Tribunal.
“El derecho a la integridad personal conlleva la prohibición de infligir tortura y malos tratos a las personas, la cual es considerada en la actualidad como normas de ius cogens, es decir, como norma aceptada y reconocida por la comunidad internacional que no admite acuerdo en contrario”, sostuvo el Ministro Presidente.
“Estamos, de esta forma, ante una norma de carácter absoluto e inderogable”, aseveró ante los Ministros de la SCJN, Consejeros de la Judicatura Federal, Juezas, Jueces, Magistradas y Magistrados del Poder Judicial de la Federación; y Javier Hernández Valencia, Representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y Miguel Sarre Iguíniz, integrante del Subcomité para la Prevención de la Tortura de Naciones Unidas.
El Ministro Silva Meza recordó que, desde hace 20 años, diferentes organismos internacionales de los sistemas universal e interamericano de protección de los derechos humanos, a los que el Estado mexicano pertenece, han sostenido la existencia de la tortura en nuestro país.
Destacó que en el campo de los derechos humanos en México existen dos realidades: por un lado la legal, que incluye todo el marco jurídico (Constitución, tratados y leyes federales y estatales) y, por el otro, la real, la concreta, que se refiere a la vigencia de estos derechos en la práctica.
Sin duda alguna, el México legal tiene grandes avances en el reconocimiento de los derechos humanos en nuestras normas, sin que ello suponga desconocer la existencia de pendientes legislativos, expuso.
Sin embargo, reconoció que “es en el México real donde encontramos los mayores retos para que los derechos humanos reconocidos en nuestro sistema jurídico sean precisamente eso: una realidad”.
La prohibición de la tortura, enfatizó, está reconocida en varios tratados internacionales ratificados por México, entre ellos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
En cumplimiento de esas obligaciones constitucionales y convencionales, precisó Silva Meza, la Suprema Corte elaboró este Protocolo, que propone orientaciones para la labor judicial en dos sentidos: para la investigación y sanción de hechos constitutivos de tortura y tratos crueles, y para la prevención de estas prácticas.
“Nuestra intención no es otra más que contribuir a erradicar los hechos constitutivos de tortura y los malos tratos, prácticas que sólo abonan al desprestigio y desconfianza de la sociedad en las autoridades. Estoy seguro que es el interés de todos colaborar en este esfuerzo”, consideró.
El documento “no se limita a casos de tortura, comprende otros delitos o malos tratos relacionados (como encubrimiento, intimidación o cohecho) toda vez que el delito de tortura suele ir acompañado, precedido o secundado por otros ilícitos penales y violaciones a los derechos humanos que constituyen su campo de cultivo”, expresó Silva Meza.
El Protocolo, que se pondrá a disposición de mil 250 Juezas y Jueces y Magistradas y Magistrados Federales, y de 800 defensores públicos, contiene reglas de actuación dirigidas principalmente a jueces de procesos penales en casos de tortura y delitos conexos que lleguen a su conocimiento, señaló el Ministro Presidente.
También contempla orientaciones para jueces de procesos penales, de ejecución penal y amparo y los del Poder Judicial de la Federación en su conjunto, para contribuir a garantizar el acceso a la verdad, la justicia y la reparación integral del daño a las víctimas de tortura, añadió.
Además propone diversas acciones para prevenir la incidencia de hechos de tortura y malos tratos, en una doble vertiente: por un lado, para no convalidar ni incentivar violaciones a los derechos humanos utilizando insumos obtenidos mediante la tortura o malos tratos, y, por el otro, realizando acciones destinadas a fomentar una cultura de los derechos humanos dentro y fuera del ámbito judicial, puntualizó.
Este Protocolo es el séptimo de la serie de instrumentos elaborados por la Suprema Corte que pretenden ofrecer pautas de actuación a los juzgadores del país en asuntos que involucren derechos humanos de personas o grupos en situación de vulnerabilidad.