Comunicados de Prensa

La SCJN revisará diversos asuntos de gran trascendencia social relacionados con pueblos y comunidades indígenas, lo cual permitirá consolidar un marco jurídico que garantice la protección integral de sus derechos humanos, el respeto a su autonomía y la participación efectiva en decisiones que impactan su territorio, cultura y forma de vida.

En los primeros asuntos, el Pleno analizará casos relacionados con la construcción de un complejo habitacional en Oaxaca y con la autorización de centros de crianza de cerdos en Yucatán, en los que se reclama la falta de consulta previa a las comunidades y la omisión de evaluar los impactos ecológicos de los proyectos. 

En el mismo ámbito, el Máximo Tribunal decidió atraer un asunto en el que podrá analizar si se necesita o no que una persona acredite un daño concreto cuando reclama que no se tomaron medidas para proteger el medio ambiente. 

Estas revisiones permitirán pronunciarse sobre el alcance del derecho a la consulta y su aplicación en materia ambiental, así como definir el estándar probatorio que debe exigirse para reconocer el interés de las personas que se auto adscriben como integrantes de una comunidad indígena en la defensa del medio ambiente. 

En otro asunto, la Corte analizará si una persona indígena —actuando de manera individual— puede promover un juicio dentro de la jurisdicción indígena en defensa de derechos colectivos, o si dicha facultad corresponde exclusivamente a los órganos representativos de la comunidad. Con ello, el Pleno tendrá la oportunidad de precisar el alcance del derecho a la jurisdicción indígena y equilibrar la protección de los derechos individuales frente a la colectividad de las comunidades. 

Además, el Alto Tribunal podrá definir las reglas que las personas juzgadoras deberán seguir para suspender las medidas provisionales impuestas por el INDAUTOR en procedimientos administrativos que involucren la protección del patrimonio cultural y la propiedad intelectual colectiva de pueblos y comunidades indígenas. Este análisis permitirá garantizar la legalidad, seguridad jurídica y protección efectiva frente a actos administrativos que pudieran poner en riesgo intereses colectivos. 

Finalmente, estudiará una posible omisión legislativa para definir los mecanismos alternativos de solución de controversias en conflictos comunitarios.  Este asunto abre la posibilidad para que se determine si el Congreso de la Unión debió prever en la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias procedimientos de diálogo y conciliación acordes con las particularidades culturales de los pueblos indígenas.

Solicitudes de Ejercicio de la Facultad de Atracción 608/2025, 609/2025, 610/2025, 615/2025, así como las Solicitudes de Reasunción de Competencia 64/2025 y 71/2025. Resueltas en sesión de Pleno el 16 de octubre de 2025.

Documento con fines de divulgación. Las sentencias son la única versión oficial.